El jurista Tomás-Ramón Fernández sostiene que, en caso de que Begoña Gómez haya registrado a su nombre un software cedido a la UCM, estaríamos ante un claro ejemplo de apropiación indebida.
Fernández expresa una fuerte crítica hacia los ataques del Gobierno a los jueces y la ausencia de independencia en la Fiscalía, considerando un intento de debilitar el único poder de contrapeso ciudadano.
Muestra su preocupación por las maniobras políticas contra la Justicia, como el supuesto intento de soborno a fiscales, y denuncia la utilización de la Abogacía del Estado para favorecer intereses privados.
El catedrático cuestiona la dirección de cátedras universitarias por personas sin título oficial y destaca que la reforma de la Ley de Amnistía y las leyes de Memoria Histórica han vuelto a fragmentar la sociedad española.
Tomás-Ramón Fernández (Burgos, 1941) ha formado a miles de abogados durante su trayectoria como catedrático de Derecho Administrativo, primero en la Universidad del País Vasco, después en la Universidad de Educación a Distancia (UNED), donde fue rector, y finalmente en la Complutense, institución donde es catedrático emérito.
Con más de cinco décadas litigando contra las Administraciones públicas y, aunque ya retirado de la docencia, continúa ejerciendo desde su despacho en Madrid, donde recibió a EL ESPAÑOL.
Por esta razón, lamenta profundamente los ataques que el Gobierno dirige hacia los jueces: «Los que no disponemos de poder político, mediático ni económico, sólo contamos con los jueces«.
Respecto al caso Begoña, pronostica que la esposa del presidente tendrá complicaciones graves, si verdaderamente registró un software que pertenecía a la Complutense a su nombre: «Esto es un ejemplo clásico de apropiación indebida«, afirma.
En cuanto a la condena de Álvaro García Ortiz, considera que no se debería confiar la instrucción de las causas judiciales a la Fiscalía, como propone el ministro Félix Bolaños, porque la independencia del organismo no está asegurada: «Ni en pintura«.
Promotor de la Fundación Transición Española presidida por Rafael Arias-Salgado, siente «vergüenza» al imaginar que Juan Carlos I podría fallecer fuera de España y constata que las leyes de Memoria Histórica han reavivado la división entre las dos Españas.
Como miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha sido también consejero electivo del Estado y del Banco de España.
¿El fiscal general del Estado vulneró el derecho a la defensa de la pareja de Ayuso al filtrar una comunicación confidencial de su abogado?
Me parece algo gravísimo, nunca había ocurrido antes con tal repercusión. Y si lo hubiera, desde luego no con este ruido mediático. No sorprende que el Colegio de Abogados de Madrid haya intervenido y tomado acciones legales, algo que no hizo durante la condena a Garzón, donde se retiró.
Ahora sí ha desempeñado un papel fundamental porque lo que está en juego es el derecho a la defensa.
El presidente Pedro Sánchez ha defendido la inocencia de Álvaro García Ortiz, incluso tras la condena. ¿Eso equivale a desacreditar al Tribunal Supremo desde el Ejecutivo?
El presidente no tiene más opción que sostener la inocencia del fiscal general, pues fue él quien impulsó la iniciativa que terminó en condena. El fiscal actuó como un subordinado, aceptando un encargo comprometido. Sánchez no puede admitir que no es inocente sin culpabilizarse a sí mismo.
Por ello movilizó a sus ministros, que más que por competencia, se distinguen por lealtad, para realizar protestas excesivas que sobrepasan lo aceptable.
No se puede calificar al Tribunal Supremo de golpista, eso trasciende la crítica a una sentencia.
La vicepresidenta Yolanda Díaz alentó manifestaciones contra los magistrados del Supremo, a quienes el ministro Ernest Urtasun calificó de «togados reaccionarios». ¿Es esto un ataque del Ejecutivo al Poder Judicial?
El ataque es antiguo. Ya vivimos la aprobación de una desastrosa y muy desafortunada ley de amnistía, observando cómo sus beneficiarios ajustaban la redacción en su favor.
Ahora se valen del lawfare, es decir, la manipulación política del sistema judicial, para acusar a los jueces con una clara intención de intimidación.
En Francia, un expresidente como Nicolas Sarkozy fue encarcelado con escasas manifestaciones en su apoyo, pero nadie acusó a los tribunales de golpistas o de practicar lawfare.
Aquí se ha dado un ejemplo mundial de incivilidad, y si no, de violación de los principios democráticos, con conductas incultas y poco civilizadas. Esto no corresponde a un país democrático y civilizado.
Una prueba clave en el juicio fue el testimonio de varios periodistas que afirmaron la inocencia de García Ortiz, aunque se ampararon en el secreto profesional para no revelar quién filtró la información. ¿Eso afecta la credibilidad de sus declaraciones?
Todo derecho tiene límites, incluido ese. Pongamos el caso de que un terrorista de ETA me advierte sobre una bomba en el estadio Bernabéu con 80,000 asistentes, indicando la hora exacta.
No podría justificarme diciendo que «lo escuché en algún sitio», porque la fuente es la persona que planea el atentado. No hay derechos absolutos, y ocultarse tras ese pretexto resulta cómodo para ciertas personas, aunque su postura no me parezca adecuada.
¿Es anómalo que el Supremo publique primero la nota informativa de una condena por dos años de inhabilitación a un fiscal y que la sentencia completa aún no esté disponible?
Para nada es extraño, es bastante habitual. Sin embargo, muchos críticos no comprenden el proceso. Incluso jueces como Margarita Robles y Marlaska, que tendrían que saberlo, han permanecido en silencio ante las ofensas al Tribunal Supremo.
Cuando un asunto es compleja, no se redacta la sentencia inmediatamente. Esta no es labor exclusiva de un magistrado, sino del tribunal en conjunto que debe deliberar.
Aunque todos convengan en argumentos y fallo, pueden realizar observaciones y el ponente debe incluirlas en la redacción definitiva.
La ley especifica que el ponente presenta los puntos de hecho y derecho, pero no que el proyecto completo esté listo en ese momento.
Después inicia la deliberación bajo la coordinación del presidente del tribunal y se procede a la votación. La sentencia existe tras la votación, pero su redacción queda a cargo del ponente para reflejar la postura de la Sala.
El Tribunal Constitucional suele publicar previamente la nota donde anuncia que el Pleno ha resuelto un caso, pero tarda semanas en hacer pública la sentencia completa, aún más si existen votos particulares que deben incorporarse.
No funciona solo con órdenes; son personas redactando documentos complejos en temas sensibles.
Diversos medios informan que tres jueces de la Sala impartieron cursos para abogados de oficio en el Colegio de Abogados de Madrid, que actuó como acusación contra el fiscal general. ¿Esto compromete su imparcialidad o podría llevar a nulidad?
Es absurdo pensar que una simple coincidencia en la compra de un periódico en el mismo quiosco del acusado impida dictar sentencia. No hay relación entre impartir formaciones y la imparcialidad judicial. Si así fuese, no habría jueces.
Pedro Sánchez ha sugerido que el Tribunal Constitucional podría revisar esta sentencia. ¿Le inquieta que el TC se convierta en una sala de casación, como en el caso de los ERE, donde anuló condenas?
¿Cómo puede Sánchez afirmar que la sentencia viola derechos fundamentales si aún no ha visto el fallo completo? Eso me preocupa mucho sobre el Tribunal Constitucional.
Si la condena fue por la filtración del correo electrónico, no existe prueba directa, aunque sí numerosos indicios, incluyendo la fiscal que le acusó diciendo: “Lo has filtrado”, y su respuesta: “Eso ahora no importa”.
La condena basada en la nota de prensa no presenta problema probatorio porque fue admitido que la emitió él, y no lo negó. Por tanto, no carece de pruebas ni viola el derecho a la tutela judicial efectiva. Esa nota contenía información que debería haber sido reservada.
¿Borrar García Ortiz todos sus mensajes de WhatsApp y eliminar su correo electrónico el mismo día que fue imputado es un indicio incriminatorio?
Es el comportamiento habitual de los delincuentes para eliminar sus rastros en un lugar donde estuvieron. Es exactamente lo mismo.
¿El nombramiento por Pedro Sánchez en el Tribunal Constitucional de su exministro de Justicia y un alto cargo de Moncloa afecta la credibilidad de la institución?
La da de manera absoluta. La confianza en el Tribunal Constitucional está en mínimos históricos. Hace tiempo que ha caído por debajo de niveles aceptables.
¿No representa esto una catástrofe para cualquier nación?
Por supuesto. Siempre se ha dicho que es una justicia política. No debe serlo. Aunque no esté integrada por jueces profesionales, su límite es el Derecho y la Constitución, que debe aplicarse con imparcialidad.
¿Qué opina de que el Gobierno no incluyera recomendaciones de la Comisión de Venecia en la Ley de Amnistía? Aunque no eran obligatorias, habrían fortalecido la norma.
Me parece un error. El núcleo de la sentencia del TC sobre esta ley indica que no juzga las intenciones del legislador, sino que solo evalúa el texto desde un control externo.
Desde la literalidad del BOE.
Exactamente. Y alegan que se pretende la pacificación en Cataluña. Muy bien, pero ¿es ahí donde termina el asunto? Entonces no hace falta ni justicia constitucional ni ordinaria.
La Audiencia Nacional investiga a Leire Díez, la ‘fontanera’ de Ferraz, por supuestamente intentar sobornar a dos fiscales ofreciéndoles mejoras profesionales a cambio de información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos de la UCO.
¿Le preocupa la existencia de estas maniobras políticas contra la Justicia para anular casos que afectan al PSOE?
Claro que me preocupa. Además, creo que esta señora actuó por encargo del PSOE, ya que ella misma lo declaró en esas reuniones y no tengo motivos para dudarlo.
Al no lograr por otras vías deshacerse del tema de la mujer del presidente, el hermano, el fiscal, intentan con otros métodos desestabilizar al teniente coronel de la UCO sacando trapos sucios.
La palabra ‘cloaca’ se ajusta más aquí que en cualquier otro caso. Esta señora se revuelve en el fango.
¿Se trataba de una operación contra el Poder Judicial dirigida desde el PSOE o el propio Gobierno?
Sin duda. Vivimos una situación muy grave. Lo que sucede es aterrador. Desde el poder intentan eliminar el único contrapeso que existe, que son los jueces. Los que carecemos de poder político, mediático o económico, solo contamos con ellos.
Y lo afirmo tras más de cinco décadas ejerciendo como abogado, enfrentando numerosos pleitos, algunos ganados y muchos perdidos. El contencioso administrativo implica enfrentar el poder, no es como los juicios civiles que son entre partes iguales.
Los jueces son la única garantía de quienes carecen de otro poder.
Si el poder político intenta destruir la confianza en la Justicia…
Entonces estamos perdidos. Hay que cerrar todo. Ya no habría democracia ni Estado de derecho, sino un Estado salvaje.
Fue rector de la UNED. ¿Cómo se explica que Begoña Gómez haya sido codirectora de una cátedra en la Complutense sin poseer título universitario? Y que no pudo matricularse como alumna.
Es una práctica importada de forma incorrecta de Estados Unidos. Allí, muchas cátedras llevan el nombre de quien las financia, pero eso no significa que dirijan la cátedra. Que Begoña Gómez dirija una cátedra sin tener ni siquiera un grado universitario es insostenible para la enseñanza universitaria.
En este caso, ella no financiaba la cátedra pero gestionaba la obtención de fondos, presuntamente usando recursos públicos de Moncloa, según la investigación del juez Peinado.
Desde el punto de vista formal, es un completo despropósito.
Legalmente, lo más grave está en la posible apropiación indebida de un software cedido a la Complutense, que ella habría registrado a su nombre. Es un ejemplo claro de apropiación indebida. Lo demás deberá aclararse.
¿Son justificables los ataques del Gobierno contra el juez Peinado por instruir la causa relacionada con Begoña Gómez?
Es parte de los ataques individuales y colectivos contra el Poder Judicial. Habrá muchas actuaciones judiciales que no llegan ni a la prensa, pero esta vez, al implicar a esta señora, el juez es atacado con dureza.
La reforma de Bolaños propone que la Fiscalía asuma la instrucción de las causas. ¿Considera que es una buena opción? Aunque sea habitual en otros países, la independencia de la Fiscalía no parece estar garantizada tras la condena a García Ortiz.
En las películas es común ver que en Estados Unidos el fiscal —elegido por la ciudadanía— dirige la instrucción. Es una fórmula válida siempre que haya un juez que garantice los derechos de los investigados.
Pero, tras la crisis con el fiscal general y la división en la carrera fiscal, esa opción resulta inviable. Ya se han visto posturas claramente enfrentadas, como el apoyo de algunos a García Ortiz antes del juicio.
No solo la Fiscalía está fracturada. El Gobierno también dividió a los letrados de las Cortes al incorporar a uno vinculado a Moncloa para que apoyara la ley de amnistía pese a la oposición de sus compañeros. Esto ha creado dos grupos en el cuerpo jurídico.
A los abogados del Estado los han reprimido. Por ejemplo, Edmundo Bal afirmaba la existencia de rebelión en Cataluña y le respondieron que solo había sedición. Y si no estás de acuerdo, te apartas.
Y así llegamos al lamentable espectáculo protagonizado por el fiscal general del Estado, cuyo defensor ha sido la jefa del Servicio Jurídico del Estado, cuando podría haber buscado un abogado particular.
Aquí se evidencia una ruptura grave. En estas circunstancias, la instrucción no debe quedar en manos del fiscal, porque si te alineas con un grupo, te masacran.
¿Pedro Sánchez empleó de forma indebida la Abogacía del Estado al presentar una querella contra el juez Peinado?
Parecería una clara instrumentalización, pues la querella no respondía a un interés público, sino para proteger a su esposa. El interés público no sufre porque el juez investigue a la mujer del presidente.
La reforma que tramita el Congreso pretende también eliminar las acusaciones populares de la instrucción judicial. ¿Cree que esto es correcto?
Sería una cuestión debatible si no incluyera una disposición transitoria que aplica estos cambios retroactivamente a procesos abiertos. Eso afecta a la causa contra su mujer, su hermano…
Si el fiscal no acusa (¿y de quién depende?), solo queda la acusación particular, que no puede sostener un proceso solo, lo que implicaría su archivo. Esa disposición es un fraude evidente.
El juez ordenó prisión preventiva para el exministro José Luis Ábalos y Koldo García. ¿Puede un Gobierno rodeado de polémicas de corrupción y sin mayoría aprobar leyes o presupuestos durante dos años más?
Pienso que Sánchez no se retirará; permanecer es su única forma de proteger a su esposa y hermano, a quienes podría indultar si son condenados hasta 2027. Además, así se protege a sí mismo, frente a lo que podrían revelar quienes están atrapados en las tramas.
Fue impulsor de la Fundación Transición. ¿Qué opinan del hecho de que Juan Carlos quede excluido de los actos que conmemoran la reinstauración de la Monarquía y se le impida residir en España?
Soy un monárquico pragmático como muchos otros. Creo que la monarquía aún aporta más que la república. De ser república, probablemente estaría en una situación crítica, dada la coyuntura actual.
Me angustia pensar que este hombre fallezca en Abu Dhabi. Eso genera una enorme vergüenza, al igual que ocurrió con Alfonso XIII e Isabel II. Es lamentable.
¿Cree que no se valora su contribución a la restauración de la democracia en España?
En realidad, lo ha dañado. Es como quien escribe un libro excelente y al final lo estropea con una mancha de tinta que afecta muchas páginas. Eso es lo que le ha sucedido.
¿Cuál es su opinión sobre las leyes de Memoria Histórica? ¿Cree que intentan imponer un relato maniqueo de la historia del siglo XX en España?
Buscan ganar una guerra en retrospectiva, un episodio lamentable del que ninguno de los dos bandos puede enorgullecerse. La República fue un fracaso y hay que reconocerlo, con el paso de los años.
Cuando las derechas ganan elecciones, ¿qué hace Azaña? Excluye a la derecha, a la mitad de España. Es decir, ésta es una República solo para republicanos, mientras que el resto quedaban marginados.
Luego, en 1934, los socialistas hacen la revolución en Asturias y Companys aprovechó la debilidad republicana para proclamar el Estado catalán. Fue un desastre desde el inicio hasta el final.
Durante la Transición, los españoles pactaron olvidar los muertos de ambos bandos para avanzar. ¿Se ha roto ese pacto?
Los daños comenzaron con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que Sánchez agravó con la Ley de Memoria Democrática. Estas leyes han reinstaurado las dos Españas, lo cual es muy grave.
Los que tenemos más años nos sentimos orgullosos de que en la Transición se lograra más o menos cerrar esa herida.
En todo caso, debemos celebrar que una generación permitió que Fraga y Santiago Carrillo pudieran estar juntos y darse la mano.
Fue uno de los expertos nombrados en 1981 para analizar las Comunidades Autónomas. ¿Deja la Constitución demasiado ambiguo su marco competencial, posibilitando promesas como el cupo vasco para Cataluña, que no contempla la ley fundamental?
Los redactores de la Constitución no tenían clara la organización territorial del Estado.
El pueblo pedía: «Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía». Todos querían autonomía, pero la intensidad del deseo varió mucho según regiones como Murcia, Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía.
Por ello, reconocieron el derecho de provincias limítrofes con características históricas similares a constituirse en Comunidad Autónoma.
El café para todos.
Esto implica que la Constitución dejó un vacío sin definir un modelo claro de Estado, que se ha ido llenando políticamente, pero carente de reglas y normas precisas. El Tribunal Constitucional ha puesto algunas interpretaciones y la costumbre ha impuesto otras, buenas o malas.
¿Es partidario de reformar la Constitución para precisar el papel de las CCAA?
Si fuera posible una reforma, se debería clarificar ese vacío y definir un modelo de Estado, que podría ser autonómico, ya con 50 años, pero regulando reglas claras, como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que establece las relaciones entre länder y la Federación.
El País Vasco está, de forma correcta o incorrecta, resuelto en la Constitución con el reconocimiento a sus derechos históricos forales. Pero Cataluña no. Los catalanes votaron mayoritariamente a favor de la Constitución en 1978.
Cataluña tiene una característica diferencial importante: posee lengua propia. Esto está contemplado en el artículo 3 de la Constitución, que señala que esas lenguas son cooficiales en sus territorios, como ha confirmado la jurisprudencia desde 1980.
Sin embargo, tras tantas concesiones políticas, ni siquiera se respeta el artículo 3, ya que ahora se pelea por un 25% de castellano en la enseñanza y por el reconocimiento efectivo de su cooficialidad educativa.
La ley electoral nos ha sometido a minorías nacionalistas, como el clan Pujol, que han resultado ser auténticos gánsteres y ahora afrontan juicio. Ellos nos han tenido atrapados desde siempre.
Miquel Roca, rostro amable de Convergència, solía hablar de gobernabilidad, pero esa siempre fue a costa nuestra, dado que sus 15 diputados eran indispensables.
¿Está a favor de reformar la ley electoral para exigir, por ejemplo, al menos un 5% de votos para obtener representación en el Congreso?
Exacto; mientras no se haga, estaremos a su merced. Para tener representación nacional hay que ofrecer un proyecto nacional. Criticamos la incompetencia del Gobierno, pero hay que ver con quién se ha rodeado, quienes realmente mandan.
Algunos incluso operaban desde Waterloo hasta hace poco.
Sí, es vergonzoso.