El ministro López, jefe del PSOE en Madrid, delega en él las críticas públicas hacia el fallo judicial, mientras dentro del partido confían en que esta situación avive la movilización de su base electoral.
La primera reacción del Gobierno frente a la dura sentencia que marca un revés en su defensa cerrada del fiscal general del Estado, provocada por la decisión del Tribunal Supremo de condenarlo, fue de cautela. Tanto a nivel público como privado manifestaron su desacuerdo profundo con el fallo, que, no obstante, reconocen debe ser cumplido por mandato legal, optando por «guardar silencio».
Conforme fueron asimilando el revés judicial, también incrementaron las críticas hacia la resolución emitida el jueves por cinco de los siete magistrados de la Sala Segunda, quienes declararon a Álvaro García Ortiz responsable de un delito de revelación de secretos. «Resulta vergonzosa», comentan fuentes gubernamentales.
Desde el Ejecutivo admiten que la resolución que inhabilita durante dos años al máximo responsable del Ministerio Público, y que le impone una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por «daños morales» al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la divulgación de datos fiscales privados, les causó «sorpresa». También reconocen una «sensación de indefensión» tras el fallo. Sin embargo, advierten: «No altera nuestra estrategia. Esto no representa un obstáculo para nada». La interpretación desde el círculo cercano de Pedro Sánchez es que la sentencia no constituye un impacto que pueda desestabilizar la legislatura.
La voz pública del enfado monumental del Gobierno recae en el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien además dirige el PSOE en Madrid. El jueves por la noche aseguró en la Cadena Ser que García Ortiz «es inocente, pese a lo que sostiene el Tribunal Supremo», y que la sentencia «pone en riesgo algunos valores democráticos, el respeto al Estado de Derecho y la igualdad ante la ley». Y se preguntó: «Si pueden condenar a alguien sin pruebas, ¿qué vendrá después? ¿Liberar a alguien pese a todas las evidencias?»
Este viernes, López volvió a enfatizar la postura del Gobierno central en otra entrevista en TVE sobre un fallo que ya califican abiertamente de «broma de mal gusto». La intención que busca comunicar el candidato, quien precisamente competirá contra Ayuso en las elecciones de 2027, es que esta decisión «envía un mensaje contundente de impunidad» para la presidenta madrileña, dado que «el origen del proceso supone un posible delito cometido por su pareja».
Desde Moncloa defienden, asimismo, que su desacuerdo con la sentencia contra García Ortiz no representa un ataque hacia los jueces. «Estamos opinando sobre su inocencia o culpabilidad, y no creemos que exista un conflicto», argumentan. Consideran que no hay fundamentos para condenarlo y destacan que cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en su declaración institucional del jueves afirmó que «España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para resolver discrepancias con decisiones judiciales», dejó abierta la posibilidad para que el fiscal recurra ante el Tribunal Constitucional.
Lejos de temer repercusiones electorales, la interpretación interna que diferentes cargos del PSOE realizan es que lo que consideran una «instrumentalización de la Justicia con fines políticos» sirve para «estimular la movilización» de su electorado. «Los ataques al presidente, ya sea mediante su esposa, su hermano o ahora con el fiscal general, solo contribuyen a fortalecerlo», señala un responsable de una agrupación destacada.
La misma postura trasladó este viernes Óscar López, ministro de Transportes y portavoz informal del Gobierno en X, quien, sin cuestionar abiertamente la decisión del Supremo, dejó entrever su desacuerdo en la red social mencionada con este mensaje: «Quienes llevan nueve años intentando sin descanso acabar con Pedro Sánchez no han comprendido nada. Y cada vez entienden menos».
El todavía fiscal general no asistió este viernes al acto celebrado en el Palacio Real en conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía, evento al que sí acudieron representantes del resto de las instituciones del Estado. Desde el Gobierno no especifican cuándo tendrá lugar su relevo —que será obligatorio una vez que la sentencia se publique en el BOE en los próximos días— y reiteran que el nuevo nombramiento podrá corresponder a «un sustituto o una sustituta».