El Gobierno ha organizado más de 200 actividades —inicialmente planeó un centenar— para conmemorar los cincuenta años de «libertad en España».
El próximo viernes, justo un día después de cumplirse medio siglo de la muerte de Francisco Franco, el Congreso será escenario a las 12:30 horas del acto principal de un año que el Gobierno ha orientado a la conmemoración de «50 años de libertad en España». En la Cámara Baja, donde se destacará el papel de la Corona en la transición hacia la democracia, estarán presentes el Rey Felipe VI, junto con la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, además de una amplia representación de los poderes del Estado encabezada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Sin embargo, más sorprendente será la lista de ausencias que la de asistentes. Juan Carlos I no está convocado para esta ceremonia oficial, donde precisamente se rememorará un periodo histórico que comenzó con su acceso al Trono, donde se mantuvo durante cuarenta años. Tampoco participará antes, a las 10:30, en el Palacio Real, en la entrega del Toisón de Oro que el actual Monarca otorgará, entre otros, a la Reina Sofía. Desde el Palacio de la Zarzuela justifican la ausencia del Emérito alegando que no toma parte en las actividades oficiales de la Familia Real desde su abdicación en 2014 y su traslado a Abu Dabi en 2020.
Por su propia decisión, tampoco acudirán a la cita en el Congreso los dos representantes de Sumar en la Mesa de la Cámara Baja, Esther Gil y Gerardo Pisarello. Este último argumentó que resulta «inadmisible» que, 50 años después del fallecimiento del dictador, «la Corona aún no haya expresado públicamente su desvinculación del franquismo, entidad que la restableció en la Jefatura del Estado». Desde el equipo de Yolanda Díaz confirmaron que ningún otro diputado del socio minoritario del Gobierno estará presente, justificando la ausencia ante el Rey por razones republicanas, según informa Europa Press. También estarán ausentes los representantes de ERC, Junts, Bildu, Podemos y el BNG.
Esta semana concentra parte del programa compuesto por más de 200 actividades organizadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, distribuidas a lo largo del año en distintas ubicaciones dentro y fuera de España. Estas incluyen desde la participación de los Monarcas en el 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración Mauthausen y Auschwitz, la entrega a familiares de los restos de represaliados, hasta conferencias, exposiciones y proyecciones sobre la Guerra Civil, la dictadura, la reinstauración de la democracia y la ampliación del Inventario de Lugares de Memoria Democrática. El presupuesto originalmente estimado era de 20 millones de euros, aunque desde el comisionado coordinado por la historiadora Carmina Gustrán no confirman si hubo un aumento.
En un principio, el Gobierno informó que preparaba alrededor de cien eventos con motivo del 50 aniversario del 20-N de 1975 con un año de antelación. En esa época —diciembre de 2024—, el ex ministro José Luis Ábalos estaba imputado por presunta participación en el cobro de comisiones relacionadas con la venta de mascarillas durante la pandemia; el empresario Víctor de Aldama declaró haber entregado 15.000 euros en comisiones a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y actualmente en prisión ante indicios que señalan su «papel directivo» en la presunta trama; además, avanzaban las investigaciones judiciales sobre la mujer y el hermano del presidente y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Además del cierre del juicio contra el máximo responsable del Ministerio Fiscal, la efeméride coincidió también con la publicación en Francia de las memorias de Juan Carlos I, donde se refiere a Franco como alguien a quien respetaba «enormemente» y valoraba «su inteligencia y sentido político». Desde la tribuna del Congreso, Sánchez exhortó el miércoles pasado al Rey Emérito a «mostrar respeto hacia la memoria democrática del país en lugar de ensalzar a un dictador». Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó esas palabras y aseguró que, si su Gobierno llega a Moncloa, tendrá consideración hacia los jefes de Estado «con sus luces y sombras».
Exhumación del dictador
La realización de más de 200 actos coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento del caudillo, la mayoría con escasa repercusión mediática, forma parte de una estrategia gubernamental de largo plazo para intentar sacar provecho político de esta cuestión. El presidente impulsó la exhumación rápida de Franco del Valle de los Caídos en plena campaña electoral de 2019. Su Ejecutivo había arrastrado la obligación de cumplir esta promesa debido a la demora provocada por el proceso judicial iniciado por los nietos del caudillo, hasta que el Tribunal Supremo dictaminó que era «perfectamente constitucional».
En abril del año pasado, Sánchez visitó el laboratorio forense de Cuelgamuros, donde se intentaba identificar restos de fallecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que permanecen en las criptas del lugar. Esta visita no estaba prevista en su agenda oficial, y Moncloa difundió luego imágenes del momento. Esta acción coincidió con su ofensiva contra los gobiernos autonómicos del PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León por la derogación de sus leyes de memoria democrática.