El magistrado madrileño no ha respondido a la solicitud realizada hace más de un mes por la Audiencia Nacional para que remitiera la causa abierta contra Leire Díaz.
El juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, todavía no ha contestado a la petición de inhibición que remitió en junio el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado del caso de las cloacas del PSOE. Aquella solicitud reclamaba la cesión del procedimiento que investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Zamarriego lleva adelante la investigación sobre los supuestos sobornos dirigidos a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda que habría intentado realizar la llamada fontanera del PSOE. Díez habría intentado obtener, mediante ellos, información sobre su superior, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. A cambio, la imputada ofreció a ambos fiscales varios beneficios.
Por su parte, Pedraz examina la actuación de la fontanera Leire Díez bajo dos aspectos: su presunta implicación en amaños vinculados a la Sepi y las maniobras para frenar causas judiciales que implicaban al Gobierno, al PSOE y a la familia del presidente Pedro Sánchez. Pese a que la Audiencia Nacional solicitó hace semanas la inhibición a Zamarriego, el magistrado de Plaza de Castilla permanece sin contestar al tribunal especializado en la investigación de grandes casos de corrupción en España.
Además, según un auto emitido el pasado martes, el juez Arturo Zamarriego no prevé responder a la inhibición de forma inmediata. En dicha resolución, el magistrado decidió prorrogar la instrucción «al concurrir circunstancias imprevistas en estas actuaciones que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de 12 meses al que se refiere el primer párrafo del artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por encontrarse pendiente un informe pericial, considerado necesario por este instructor para resolver sobre la petición de inhibición mencionada anteriormente, así como ante la solicitud de nuevas diligencias instructoras, ampliación de la denuncia y resolución de la petición de sobreseimiento parcial, procede aceptar la solicitud presentada y declarar la prórroga de esta causa».
La conducta del magistrado es calificada de «asombrosa» y «bastante irregular» por fuentes jurídicas y fiscales consultadas por EL MUNDO. Principalmente, porque el espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a las inhibiciones señala que estas deben resolverse con la máxima rapidez, admitiéndose que el juez que se niegue a ceder una causa pueda plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo. «La petición de inhibición debe resolverse. Sea cual sea la decisión, debe haber una resolución y no importa que existan diligencias pendientes», señalan las fuentes.
Aunque el juez Zamarriego fue el primero en iniciar el procedimiento contra Leire Díez, la realidad muestra que la presunta organización criminal excedía los sobornos que investiga el juzgado de Madrid. Esto se debe, entre otros motivos, a que la trama habría actuado en varios territorios, lo que refuerza la competencia de la Audiencia Nacional, evidencia que se refleja en las maniobras contra la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, quien investigó la colocación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, condenado por un delito de prevaricación.
Asimismo, la red criminal no solo intentaba desactivar causas judiciales, sino también obtenía beneficios económicos a través de contratos concedidos por la SEPI.
En contraste, el procedimiento bajo la responsabilidad de Zamarriego se centra exclusivamente en los supuestos sobornos a dos fiscales con el objetivo de perjudicar al fiscal Luzón.
Fuentes consultadas indican que el proceso en Madrid ha quedado superado por el volumen de información incautada ordenada por la Audiencia Nacional. Además, destacan la anomalía que supone que ciertas personas tengan diferente estatus según el procedimiento, lo que genera descoordinación. Por ejemplo, mientras el veterano dirigente socialista Gaspar Zarrías está imputado en el juzgado de Pedraz (ya que una de sus empresas tenía a Leire Díez contratada por el PSOE), figura como testigo en el procedimiento de Zamarriego en Madrid.
Del mismo modo, el juez de Plaza de Castilla otorgó el estatus de testigo al abogado Jacobo Teijelo, quien también está imputado ante la Audiencia. El letrado de Santos Cerdán se negó a declarar ante Zamarriego alegando que tenía presentada una querella de Vox contra él por estos hechos y debía esperar a que se resolviera si era admitida o rechazada.