El gabinete aprueba transferir 309,8 millones de euros del Ministerio de Educación al de Presidencia, Justicia y Relaciones Parlamentarias para cubrir gastos de personal bajo un presupuesto estatal ampliado.
El martes 14 de julio, el gobierno autorizó en el Consejo de Ministros una transferencia presupuestaria superior a 309.840 euros desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte hacia el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
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El propósito de estos fondos, según establece el propio acuerdo, es inequívoco: cubrir déficits en el Capítulo 1. En otras palabras, los costes de personal del departamento dirigido por Félix Bolaños.
Dicho capítulo abarca nóminas, cotizaciones a la seguridad social, trienios y complementos salariales para los funcionarios adscritos a ese ministerio. Este dinero se destina a mantener el funcionamiento administrativo, no a financiar programas específicos o inversiones.
Esta medida no es un caso aislado. Apenas en abril, el mismo ejecutivo había desviado casi 30 millones de euros del departamento anteriormente encabezado por la ministra de Educación Pilar Alegría hacia Justicia. Entonces, esos fondos se usaron para proyectos de digitalización vinculados al Plan de Recuperación.
La diferencia ahora radica en la magnitud: una cantidad diez veces mayor y un destino que no es la modernización tecnológica, sino simplemente cubrir la masa salarial.
¿Por qué Educación y no otro ministerio?
La justificación oficial apunta a la prórroga presupuestaria. Con las cuentas de 2023 aún vigentes, el gobierno acumula tres años fiscales sin lograr aprobar un nuevo presupuesto, por lo que cualquier gasto fuera de los conceptos heredados debe compensarse trasladando fondos entre ministerios.
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes destina más del 73 % de sus fondos ordinarios a gastos de personal, una proporción que, según fuentes gubernamentales, ha sido superada por el aumento de los salarios en el sector público.
Lo que el acuerdo no aclara es por qué se ha optado por Educación para compensar ese déficit. El texto aprobado no especifica qué partidas concretas (subvenciones, digitalización de aulas, apoyo para la recuperación o formación profesional) ven reducido su presupuesto tras la retirada de 310 millones de euros. Se limita a confirmar la cifra y su destino final.
El contraste con la narrativa oficial es evidente. Mientras que el Ministerio de Educación, ahora bajo la dirección de Milagros Tolón y anteriormente de Pilar Alegría, ha destacado recientemente la distribución de más de 31 millones de euros a las comunidades autónomas para impulsar la formación profesional, así como los fondos europeos recibidos gracias al Plan de Recuperación, el mismo ministerio sufre ahora la salida de una suma diez veces mayor mediante un procedimiento administrativo, sin debate público ni votación parlamentaria específica.
El coste político de gobernar sin presupuesto
La prórroga presupuestaria no es solo un problema técnico. Cada transferencia de este tipo obliga al gobierno a tomar decisiones que, con cuentas actualizadas, hubieran sido sometidas a un grado distinto de supervisión y aprobación.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha alertado en varias ocasiones de que la ausencia de nuevos presupuestos dificulta tanto la planificación económica como el control de las cuentas públicas.
En este contexto, la elección de recortar en Educación para fortalecer el funcionamiento interno de otro ministerio abre un frente político previsible. La oposición dispone ahora de un argumento sólido (cifras, fecha y acuerdo firmado) para cuestionar la brecha entre la narrativa oficial del gobierno sobre la educación pública como prioridad social y las decisiones presupuestarias que, en la práctica, benefician el entramado administrativo estatal.
Al hacerlo, el gobierno reconoce indirectamente la tensión estructural en el núcleo del problema: sin nuevas cuentas, el gasto en personal sigue aumentando, mientras los ministerios deben ajustarse a un marco financiero diseñado para otro ejercicio. Queda pendiente la incógnita de cuántas transferencias similares serán necesarias mientras persista el bloqueo en las negociaciones del presupuesto para 2026.