Las claves
Carles Puigdemont ha presentado una queja ante la Comisión Europea contra España por no implementar la ley de amnistía, respaldada previamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La queja apunta al Tribunal de Cuentas por cuestionar la posibilidad de no aplicar la amnistía a antiguos altos cargos catalanes, incluido Puigdemont, en caso de que se hayan empleado fondos europeos durante el procés.
Junto a Puigdemont, los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig solicitan a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de infracción contra España por no cumplir la sentencia del TJUE.
La defensa sostiene que la postura del Tribunal de Cuentas infringe la obligación de cooperación leal entre los Estados miembros y pone en riesgo los objetivos de la Unión Europea.
La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha interpuesto una denuncia contra España ante la Comisión Europea por «incumplimiento» del derecho comunitario, debido a la negativa del Tribunal de Cuentas a implementar inmediatamente la amnistía tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El escrito, elaborado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, difundido por VilaWeb y accedido por Efe, responde a una providencia emitida el lunes pasado por el Tribunal de Cuentas.
En dicho documento, el Tribunal de Cuentas consultó a acusaciones y defensas sobre la «posibilidad» de no otorgar la amnistía a alrededor de treinta ex altos cargos del Govern investigados por los gastos del procés, entre ellos Puigdemont, si se comprobaba el uso de fondos de la Unión Europea para dichos gastos.
La «denuncia» contra el Reino de España por «incumplimiento del derecho comunitario», con fecha de este martes y dirigida a la Secretaría General de la Comisión Europea, ha sido presentada también por los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
Solicitan la apertura contra España del «procedimiento de infracción previsto» en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, debido al «incumplimiento» por parte del Tribunal de Cuentas de la sentencia del TJUE que respalda la amnistía.
El abogado Gonzalo Boye denuncia que, de hecho, se ha dejado sin efecto el plazo para dictar la amnistía al reabrir un proceso de alegaciones que considera no solo innecesario, sino que también contraviene la resolución del TJUE.
Por ello, insta a la Comisión Europea a tomar medidas urgentes «dada la gravedad del incumplimiento y su impacto sobre medidas cautelares que afectan a los denunciantes con más de 9,5 millones de euros».
El escrito de denuncia resalta que la conducta del Tribunal de Cuentas infringe el artículo 4 del tratado de la Unión sobre cooperación leal, que obliga a los estados miembros a impedir que sus órganos adopten decisiones que comprometan los objetivos de la Unión Europea y la ejecución de las sentencias emitidas por el TJUE.
«El incumplimiento intencionado de una resolución del Tribunal de Justicia por parte de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su distorsión pública mediante un comunicado oficial, perjudica el valor del Estado de Derecho en el que se fundamenta la Unión», sostiene la denuncia.
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