Las claves
Manuel Llamas, DAO de la Guardia Civil, explicó ante el Senado haber solicitado a la UCO que evitara adoptar un papel proactivo en las investigaciones sobre corrupción, criticando el “exceso de protagonismo” mostrado por los agentes.
Llamas argumentó que la verdadera iniciativa en las pesquisas corresponde al juez instructor y no a la unidad policial, advirtiendo que la proactividad desmedida puede llegar a usurpar la función judicial.
El DAO admitió que recibió una alerta acerca de una campaña para desprestigiar a la UCO, pero demoró notificarla a los agentes y justificó esa demora con festivos y viajes oficiales.
A pesar de estar imputado por prevaricación y obstrucción, Llamas rechazó renunciar y defendió su continuidad en el cargo por razones de coherencia y honor.
Con expresión firme, el teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, compareció este viernes ante la comisión de investigación del Senado que analiza las consecuencias de la Operación Delorme.
Su declaración se produjo apenas 24 horas tras comparecer como investigado en la Audiencia Nacional por el caso Leire, mientras la directora general de la Guardia Civil, su superior, testificaba ante el juez Santiago Pedraz.
Lejos de adoptar una actitud de repliegue por su situación legal, el máximo responsable de la Guardia Civil se mantuvo firme en su cargo y lanzó una crítica severa hacia el accionar de los investigadores de la UCO.
Llamas defendió la directiva de frenar la iniciativa de los agentes en casos de corrupción, alegando que en la unidad había un «exceso de protagonismo» y «vanidad«, hasta el punto de afirmar que la excesiva proactividad policial puede terminar por «robarle las investigaciones» a los jueces instructores.
El eje central de su intervención y defensa giró en torno a la controvertida orden para que la UCO «no fuera proactiva» y preferentemente «se pusiera de perfil» en las investigaciones relacionadas con la corrupción en el entorno del Ejecutivo.
Llamas se distanció de la expresión «ponerse de perfil«, atribuida a una reunión en la que participaba el ex director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, asegurando que no se identifica con esa frase.
En cuanto a la instrucción de la UCO de «no ser proactivos«, el teniente general señaló que los agentes del organismo a veces muestran una búsqueda de notoriedad que distorsiona las normas del sistema judicial.
«En las reuniones de mando insisto en que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional, es su señoría, no nosotros; a veces existe un exceso de protagonismo y cierta vanidad sobre quién dirige una investigación o qué roles desempeña», enfatizó.
«¿Dijo usted que no fueran proactivos?», le preguntaron los portavoces del Senado.
«No niego que lo haya dicho, pero en el sentido que acabo de explicar: rechazo la proactividad tóxica o supletoria frente a quien tiene esa responsabilidad, el órgano jurisdiccional del juzgado. La verdadera iniciativa le corresponde al juez.»
Para ilustrar este planteamiento, Llamas recordó una anécdota de su tiempo como jefe de la Jefatura de Policía Judicial. Contó que en sus primeros encuentros con un fiscal, la principal queja era que «la unidad adscrita actuaba de manera independiente y adelantándose a lo que él ordenaba«.
«Eso provocó un conflicto (reconoció el DAO) porque no me parecía razonable… iba en contra de lo que promovía, que es el papel auxiliar».
Esta doctrina de la «no proactividad» choca con la práctica común de la UCO, reflejada en las investigaciones sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
En dicha causa, los investigadores consideraron imprescindible rastrear correos corporativos para completar vacíos en el expediente, una iniciativa técnica que incluía comunicaciones de Begoña Gómez y que originó la apertura de una información reservada y un expediente interno impulsado por la cúpula operativa.
El DAO situó directamente en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el origen de la alerta que provocó represalias internas contra el equipo encabezado por el teniente coronel Antonio Balas.
Según detalló, el 4 de diciembre de 2024 recibió una llamada del ministro, molesto por la filtración a la prensa de un correo de la esposa del presidente. Sin embargo, Llamas intentó desvincular al ministro de cualquier coacción, describiendo la llamada como un aviso.
«Me pusieron al tanto de lo ocurrido. La gestión del ministro solo sirvió para darme la dimensión del alcance y el impacto que había tenido ese error de los investigadores», explicó el teniente general.
El ministro le alertó sobre el «efecto perjudicial» de incluir los correos de Begoña Gómez: «Esos buzones fueron bombardeados con contenido injurioso y pornográfico, hasta bloquear las cuentas por saturación».
Llamas defendió la actuación de Marlaska: «No limite la llamada al ministro. Si hubiese sido cualquier otra persona, habría actuado igual. El ministro no me ordena investigar nada».
En un duro cruce con el senador Ángel Gordillo, de Vox, quien recordó que la imputación judicial se basa en testimonios incriminatorios de compañeros del DAO, Llamas optó por cuestionar la credibilidad del general López Malo, sugiriendo que cambió su versión para sumarse a un complot liderado por Yuste.
«El señor Yuste sí menciona que me pidió ponerme de perfil», indicó Llamas, mientras que sobre el general López Malo, denunció una maniobra de contradicción en el proceso.
Según el DAO, López Malo declaró el 7 de mayo en sede policial que la reunión donde supuestamente se ordenó «ponerse de perfil» fue convocada solo para coordinar vacaciones y acelerar informes.
Sin embargo, «al día siguiente solicitó ampliar su declaración para coincidir con el texto y la versión del señor Yuste y ahí mencionó la proactividad».
La nota de despacho
La comparecencia también trató la gestión de una nota informativa fechada el 29 de abril de 2025, que advertía de una campaña de desprestigio tramada por Leire Díez contra la UCO para desactivar las causas judiciales contra el Ejecutivo.
A pesar de la seriedad del aviso, el DAO y la Directora General, Mercedes González, retuvieron el informe y lo ocultaron a los investigadores de la UCO durante varios días.
Llamas narró que abordó el documento el 5 de mayo de 2025 en privado con González: «Le informé de la existencia de una nota de despacho emitida por la jefatura del servicio de información donde se detallaba una supuesta campaña contra la UCO, mencionando a varias personas, entre ellas Leire Díez, y que la directora ya conocía».
González admitió su vínculo directo con la sospechosa de la supuesta trama: «Ella leyó la nota y constató que Leire Díez lideraba esa campaña, que había contactado con el comandante Villalba y gente de la empresa Hafesa, contactos que ella conocía».
Según el DAO, la directora trató de minimizar el asunto alegando que conocía a Leire de su etapa anterior como delegada de Gobierno y que «recientemente se la había encontrado«.
«Eso fue todo lo que me dijo. No añadió nada más».
La UCO ignoró la existencia de ese aviso dirigido contra su propia unidad hasta el 8 de mayo, cuando el general López Malo obtuvo una copia por vías externas y confrontó al DAO.
La sucesión de hechos bajo investigación apunta a un presunto encubrimiento: el 11 de mayo, Mercedes González activó el borrado automático de sus chats con Leire Díez y, apenas dos horas después, Llamas ordenó abrir una investigación interna por filtraciones contra los mismos agentes de la UCO que descubrieron la maniobra.
Ante el Senado, el teniente general Llamas justificó el retraso de seis días en informar sobre la nota de despacho aduciendo detalladamente el calendario de días festivos.
El DAO explicó que recibió el informe la tarde del 29 de abril de 2025 y lo revisó con el general de Información el día 30, pero que los días 1 al 4, incluyendo los puentes del 1 y 2, fueron festivos en Madrid, lo que impidió entregárselo a la directora general Mercedes González hasta la mañana del 5 de mayo.
A esa justificación de los días festivos sumó un viaje oficial a Zaragoza para explicar por qué no analizó una segunda nota de la Jefatura de Policía Judicial hasta el 8 de mayo, afirmando tajantemente que no tenía «por qué transmitirlo» a Fiscalía ni a la autoridad judicial, a pesar de la gravedad de la conspiración destinada a desprestigiar a los investigadores.
En la comisión del Senado, un senador del Partido Popular acusó directamente al DAO de apresurar esa investigación reservada no para esclarecer los hechos sino para desencadenar una «caza de brujas» y amedrentar a la UCO justo cuando habían descubierto la ocultación de la cúpula y la implicación de la directora general en la trama.
«No voy a dimitir»
A pesar de estar rodeado por una causa judicial por presuntos delitos graves de prevaricación y obstrucción a la justicia, y ante la desconfianza instalada dentro de la Guardia Civil, Manuel Llamas negó rotundamente cualquier planteamiento de dimisión para preservar la neutralidad institucional.
«Prueba de ello es que sigo en mi puesto de trabajo«, afirmó ante la comisión.
El DAO negó que mantener su cargo sea motivo de deshonra, adoptando una postura desafiante frente a las acusaciones. «El cuestionamiento de mi honor procede de terceros, no de mí mismo […] No voy a dimitir».
Ante la pregunta de por qué no sigue el ejemplo de otros altos mandos que se apartan temporalmente para defenderse en tribunales sin perjudicar a la institución, se negó alegando motivos administrativos: «Si dimito, paso directamente a la condición de retirado y perdería la posibilidad de volver a ocupar el puesto».
El máximo responsable uniformado concluyó que su firmeza responde a una cuestión de dignidad frente al descrédito: «No actúo buscando compensación ni equilibrio, sino con coherencia respecto a mi situación real, que es la de inocente«.
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