El magistrado de la Audiencia Nacional responde al ex presidente que no devolverá el informe a la Udef y que no existe ninguna «fiscalización indiscriminada» sobre sus actividades
El juez encargado de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado este miércoles la solicitud del expresidente del Gobierno para retirar las pesquisas relacionadas con los 200.000 euros que recibió por sus gestiones ante el Ejecutivo de Bolivia. La defensa solicitaba al magistrado José Luis Calama que «devuelva» a la Udef el informe que revelaba esos cobros efectuados mediante una empresa pantalla.
Zapatero argumentaba que los pagos recibidos a través de la sociedad peruana Focus Social Research «no estaban incluidos en el ámbito objetivo de la investigación definido por los autos de imputación» y que los informes «no atribuían indicios delictivos a dichos pagos, describiéndolos como ingresos derivados de la actividad profesional legítima del investigado (conferencias, mediación, asesoramiento estratégico y labores académicas)».
El instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional respondió al abogado Víctor Moreno Catena que su idea sobre «el alcance de la instrucción y sobre una noción de investigación prospectiva» es equivocada.
La aparición de las transferencias sospechosas «no surge de una fiscalización indiscriminada de la vida de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que resulta como consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas dentro de unas diligencias judiciales ya en curso que, por su propia naturaleza, permiten identificar hechos inicialmente no previstos pero con verosimilitud delictiva».
Se añade que la defensa de Zapatero «pretende que el auto inicial de imputación funcione como un escudo que impida considerar cualquier indicio surgido posteriormente». «Como hemos subrayado», agrega Calama, «el Tribunal Supremo ha calificado dicha postura como un verdadero ‘dislate'».
El informe que Zapatero buscaba eliminar de la causa detectó tres transferencias por un total de 200.000 euros que no parecen corresponder a servicios efectivamente prestados a Focus Social Research. Según la Udef, en realidad encubren gestiones del ex presidente ante el Gobierno de Venezuela para liberar a una empresa de una deuda de 107 millones de dólares.
«Las personas detrás de esos pagos a José Luis Rodríguez Zapatero formarían parte del conglomerado empresarial peruano identificado como Grupo Gloria. El objetivo buscado era intentar mediar o influir en favor de este grupo en varios litigios millonarios con la Administración Pública de Bolivia. Con esa finalidad, Zapatero se había reunido o contactado con altas instancias políticas bolivianas, como el presidente del país, los ministros de Economía y Justicia y el Procurador General del Estado», concluye la Policía Nacional.
El atestado enfatiza «los indicios sobre la presencia de una organización criminal liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y su notoriedad pública internacional, se dedicaría a ejercer influencias ilícitas en beneficio de diferentes clientes».
Con esta reciente operación de fondos actuando como comisionista internacional, la Udef refuerza las pruebas en contra del expresidente y sus influencias retribuidas «por clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados» y «creando contratos ad hoc para justificar esos pagos».