Las claves
La Comisión Europea reprueba al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de avances en la lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de interés.
Bruselas manifiesta inquietud ante los ataques del Ejecutivo a la judicatura y exige evitar críticas que puedan menoscabar la independencia judicial.
El informe solicita reformar el sistema de elección del CGPJ y fortalecer la independencia del Fiscal General del Estado conforme a las normas europeas.
Asimismo, se advierte sobre la interferencia política en los medios públicos y la caída de la confianza ciudadana en RTVE tras las modificaciones en su consejo de administración.
La Comisión presidida por Ursula von der Leyen critica al Gobierno de Pedro Sánchez por retrasar la lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de interés, en un contexto marcado por varios escándalos relacionados con el entorno familiar del presidente, el PSOE y el Ejecutivo.
En su informe anual sobre el Estado de derecho en España, divulgado este viernes, Bruselas también recoge la preocupación del cuerpo judicial por los ataques provenientes del Gobierno y las «acusaciones de lawfare judicial», instando a los miembros del Ejecutivo a abstenerse de emitir críticas que puedan comprometer la independencia del poder judicial.
“Según los estándares europeos, aunque la crítica a las decisiones judiciales forma parte del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar expresiones que menoscaben la independencia judicial o la confianza pública en la Justicia”, señala la Comisión.
“De igual forma, todos los poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial— deben actuar con respeto mutuo para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones constitucionales y mantener la confianza ciudadana en ellas”, añade el informe.
El Ejecutivo comunitario exige además a Sánchez implementar la reforma prometida del proceso de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para adaptarlo a los estándares europeos, lo que implica que al menos la mitad sean seleccionados por los propios jueces.
Tampoco ha finalizado el Gobierno la reforma para fortalecer la independencia del Fiscal General del Estado, desvinculando su mandato del Ejecutivo, según denuncia el informe.
Bruselas reclama además avances en otras normativas pendientes, bloqueadas por la falta de apoyos parlamentarios, como la regulación de los grupos de interés —que incluye un registro público obligatorio de lobbies— y la ley para combatir los conflictos de interés además de exigir la publicación de las declaraciones patrimoniales de altos cargos.
El informe también recoge denuncias relacionadas con la interferencia política en los medios de comunicación públicos. Los colectivos sectoriales cuestionan la reforma de 2024 de la ley de RTVE, que modificó la composición y el sistema de elección del consejo de administración y amplió las facultades de su presidente.
Aunque el Gobierno sostiene que RTVE funciona con normalidad tras los cambios, los profesionales advierten sobre un deterioro en los estándares periodísticos y un posible sesgo político en los informativos.
En enero de 2026, los consejos de informativos de TVE y RNE denunciaron la pérdida de calidad profesional, mientras que los informes de los colectivos señalan una reducción de la confianza ciudadana en los medios públicos, señala el informe.