El reglamento GSR2 de la UE entró en vigor el 7 de julio y exige cámaras, frenos avanzados y caja negra en todos los vehículos matriculados a partir de esa fecha
Desde el 7 de julio de 2026, adquirir un automóvil nuevo en España y en el resto de la Unión Europea (UE) implica un coste distinto. La implementación de la segunda etapa del Reglamento General de Seguridad europeo (GSR2) obliga a que todos los vehículos registrados a partir de esa fecha cuenten con un paquete ampliado de sistemas electrónicos de seguridad instalados de fábrica, con un incremento en el precio que los fabricantes trasladarán al consumidor final, valorado entre 400 y 800 euros por unidad, según informa Frandroid.
La regulación, basada en el Reglamento UE 2019/2144, afecta tanto a turismos (clase M1) como a furgonetas y vehículos comerciales ligeros (clase N1). La norma contempla aproximadamente 15 millones de vehículos anuales en toda la UE, con excepciones limitadas para aquellos fabricantes que vendan menos de 1.500 unidades al año.
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En relación al impacto en el coste final, el Diario de Transporte indica que los especialistas del sector estiman incrementos del 5% al 10% frente a modelos similares anteriores a 2026, variando según el segmento. Los coches utilitarios y urbanos son los más afectados, ya que parten de equipamientos básicos y deben añadir numerosos sistemas nuevos. Por el contrario, los modelos compactos y medianos ya cuentan con gran parte de esta tecnología en versiones superiores, lo cual moderará el aumento de precios.
Una cámara dentro del coche que no se puede desactivar
El elemento que ha generado mayor controversia entre conductores y especialistas es la cámara de monitorización del conductor (ADDW), ahora obligatoria en todos los vehículos nuevos. Este sistema controla continuamente el nivel de atención del conductor y para 2029 se sumará un seguimiento aún más detallado del movimiento ocular.
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A este equipo se añaden otras prestaciones técnicas obligatorias: el frenado de emergencia avanzado (AEB VRU), que puede detectar peatones y ciclistas antes de un posible atropello; la señal de parada de emergencia (ESS), que hace parpadear las luces de freno durante frenadas bruscas a velocidades superiores a 50 km/h; y el mantenimiento activo de carril (ELKS). Además, todos los vehículos nuevos deben integran una “caja negra” (EDR) que almacena continuamente los datos del vehículo antes, durante y justo después de un accidente.
El alcoholímetro, en el horizonte
Otro cambio que introduce el GSR2 se orienta hacia el futuro. Aunque el alcoholímetro integrado, capaz de bloquear el motor si detecta presencia de alcohol en el conductor, aún no es obligatorio, todos los coches nuevos deben contar con la preinstalación técnica necesaria para su conexión. Esto facilitará la adopción en caso de que el Gobierno decida exigirlo posteriormente.
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Además, las nuevas especificaciones amplían las zonas que absorben la energía en impactos frontales con peatones, especialmente en el capó y los pilares del parabrisas, así como establecen nuevas medidas mínimas para el parabrisas delantero con el fin de mejorar la visibilidad.
El mercado de segunda mano, principal beneficiado
El GSR2 no tiene efecto retroactivo, por lo que los vehículos matriculados antes del 7 de julio de 2026 no están obligados a adaptar ningún sistema y continuarán pasando la ITV sin modificaciones. Esta situación convierte al mercado de segunda mano en una opción más atractiva que antes de la entrada en vigor de esta normativa.
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Un vehículo usado de 2024 o 2025 puede encontrarse entre un 15% y un 25% más barato que uno nuevo equivalente, y sin embargo ofrece prácticamente el mismo conjunto de seguridad activa de la primera fase del GSR2, según el análisis publicado por el portal italiano Frattinauto.