En realidad, sólo siete aeronaves FOCA están operativas para la campaña de alto riesgo, no catorce.
El Gobierno remitió el lunes a las comunidades autónomas su planificación sobre el despliegue de medios estatales para la campaña de alto riesgo de incendios. En el documento sobre la «época de peligro alto de incendios forestales», al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Ministerio de Transición Ecológica admite que no cumplirá con el refuerzo prometido contra los incendios. ¿El motivo? Afirma que actualmente sólo disponen de ocho aviones anfibios de élite (FOCA), fundamentales para una lucha eficaz contra incendios de gran magnitud.
Este incumplimiento es significativo, ya que el 13 de mayo de este mismo año el Ejecutivo garantizó a las comunidades autónomas la disponibilidad de 14 de estas aeronaves, durante la reunión del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF). Menos de dos meses después, esa promesa queda anulada por la realidad de los hechos.
Pero la situación es aún más grave: en realidad sólo siete aviones están en servicio, dado que uno de los dos asignados a Málaga desde el 1 de julio no ha llegado a su destino. Una semana después de la fecha prevista, sigue sin estar operativo.
Por tanto, en España únicamente hay el 50% de los aviones anfibios de élite planeados para la campaña de alto riesgo de incendios. Además, el documento en poder de este medio indica que el número máximo de FOCA que operarán en agosto en la Península será de 10, cuatro menos de los comprometidos.
Por otra parte, y pese a la severidad de los incendios en 2025, el Gobierno tampoco ha incrementado en 2026 el número de brigadas heliotransportadas de intervención en incendios forestales (BRIF). Cada brigada cuenta con un helicóptero para transporte y extinción, pero sólo existen 10 BRIF en España, cifra que se mantiene congelada desde 2007, es decir, por 19 años. Además, en Andalucía y Murcia no hay ninguna.
En plena ola de calor, con temperaturas que superan los 40 grados en varias regiones, las imágenes satelitales de la NASA registraron ayer 259 focos activos. Destacan Castilla y León, con 17 incendios, y Cataluña, con 20. Esta última comunidad, la más afectada, combatió tres incendios simultáneos, lo que provocó el confinamiento de 13.000 personas, mientras intentaban controlar el fuego de Sentmenat (Barcelona), el más intenso de todos.
¿Por qué son tan relevantes los aviones FOCA? Porque cuando se enfrentan incendios de gran magnitud, las comunidades autónomas pueden solicitar apoyo a la Administración Central, incluyendo estos aviones anfibios tipo 1, que son los más efectivos y versátiles para combatir incendios forestales. Son capaces de recoger agua directamente en ríos, embalses o en el mar, disponen de un depósito entre 5.500 y 6.000 litros y permiten descargas completas o parciales, además de contar con sistemas de inyección de espumógeno.
Se trata de aviones militares adscritos al Ministerio de Transición Ecológica y gestionados por Protección Civil. Para agravar la confusión sobre las cifras, en la web del Ministerio se indican 10 aviones activos durante la campaña de alto riesgo, del 1 de junio al 31 de octubre; sin embargo, a comienzos de mes sólo había cuatro disponibles, y desde mediados de septiembre se espera que sean siete, según las previsiones.
Esta carencia en recursos estipulados genera una fuerte protesta por parte de las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP, que denuncian sentirse «desatendidas en un asunto tan básico». «Cuando solicitamos apoyo, si hay varios incendios simultáneos, no se envían porque no hay disponibilidad. En agosto como máximo habrá 10 aviones, nunca 14», indican fuentes de la coordinación autonómica de Emergencias del principal partido de la oposición.
«Además, resulta obsoleta la distribución desigual de las brigadas de respuesta inmediata en España y la ausencia de incremento en su número pese al aumento de incendios», añaden. El PP también critica la falta de coordinación con las CCAA y considera que no se han corregido las deficiencias detectadas en 2025.
En la sede del PP en Génova han tomado en serio esta problemática y la han situado como una prioridad máxima: «Nuestras comunidades están inquietas ante la posibilidad de que el Gobierno decida dejarlas sin apoyo y medios». Incluso temen que esta situación se utilice con fines electorales.