El Alto Tribunal impuso una inhabilitación de dos años para el cargo de fiscal general a Álvaro García Ortiz por un delito relacionado con la revelación de datos confidenciales sobre la pareja de Ayuso.
El Tribunal Supremo confirmó el pago de 39.000 euros en concepto de costas que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz debe cubrir, correspondientemente a los honorarios del abogado y procurador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitió un auto rechazando los recursos de revisión presentados tanto por el ex fiscal general como por el Ministerio Fiscal en contra del decreto del 26 de marzo, emitido por la letrada de la Administración de Justicia que estableció en 39.000 euros el valor de las costas procesales.
Inicialmente, la letrada aprobó una tasación de costas de 79.942 euros a García Ortiz, basada en la minuta presentada por el abogado y procurador, pero posteriormente redujo ese importe casi a la mitad tras excluir varios recursos del cálculo.
Se consideraron improcedentes ciertas partidas dentro de las costas, aprobando parcialmente la impugnación realizada por la Abogacía del Estado, representando a García Ortiz, así como por la Fiscalía.
Esta resolución fue impugnada otra vez por la Fiscalía y la Abogacía, quienes calificaron algunas partidas como innecesarias e inútiles; sin embargo, el tribunal desestimó dichas peticiones y confirmó la suma de 39.000 euros.
El Supremo sancionó a García Ortiz con dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por revelar información confidencial relacionada con la investigación de fraude fiscal vinculada a Alberto González Amador, además de imponerle una multa de 7.200 euros, una compensación de 10.000 euros por daños morales y el pago de las costas procesales.
El ex fiscal general ya ha saldado la multa y la compensación con «fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya gestión y coordinación fueron asumidas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)», organización en la que ejerció como presidente portavoz y que «asumió en su totalidad dicho pago como propio».