Este material está vinculado a cerca del 75% de los cánceres profesionales registrados en la Unión Europea
La Comisión Europea ha avanzado en el procedimiento de infracción iniciado contra España por no haber adaptado completamente la normativa comunitaria sobre el amianto. Bruselas ha remitido un dictamen motivado al Gobierno con el fin de exigir la implementación total de las medidas que refuercen la protección de los trabajadores frente a este material cancerígeno. Paralelamente, los sindicatos han denunciado que el sistema de compensación para las víctimas apenas ha beneficiado a un centenar de personas desde su creación.
El dictamen motivado representa la segunda fase del procedimiento de infracción que la Comisión Europea puso en marcha. Si España no responde satisfactoriamente en un plazo de dos meses ni adopta los cambios solicitados, Bruselas podrá elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y pedir la imposición de sanciones económicas.
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España no es el único Estado implicado en este expediente. La Comisión mantiene abiertos procesos similares contra Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia por no haber comunicado la transposición completa de la directiva europea dentro del plazo establecido. La fecha límite para adaptar la mayoría de las disposiciones venció en diciembre de 2021, aunque ciertos aspectos específicos cuentan con margen hasta 2029.
El Ejecutivo comunitario ha recordado que el amianto continúa siendo una de las sustancias más peligrosas para la salud en el ámbito laboral. Según sus estimaciones, está implicado en aproximadamente el 75% de los cánceres de origen profesional registrados en la Unión Europea. Por esta razón, la directiva busca fortalecer las condiciones de seguridad en las tareas con riesgo de exposición.
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Entre las disposiciones pendientes de incorporación a la legislación española figura una reducción significativa del límite máximo permitido de exposición al amianto durante la jornada laboral. La normativa europea establece que el umbral debe reducirse de 0,1 fibras por centímetro cúbico a 0,01, es decir, una décima parte del límite anterior, tomando en cuenta los últimos avances científicos y tecnológicos sobre los efectos de esta sustancia.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un paquete energético que propone una serie de medidas para que los Estados miembro reduzcan impuestos sobre la electricidad, activen bonos energéticos y tarifas sociales, y puedan establecer prohibiciones temporales a los cortes de suministro para proteger a los hogares más vulnerables frente a la nueva crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo. (Fuente: Europa Press / Comisión Europea / CCTV )
Sindicatos exigen una reforma urgente del reglamento
El procedimiento contra España comenzó en enero de 2026, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento a diez Estados miembros. Desde entonces, cuatro países han subsanado las deficiencias detectadas, pero otros seis, incluyendo España, aún no han completado la adaptación exigida por la Comisión Europea.
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Mientras Bruselas presiona al Ejecutivo, las organizaciones sindicales CCOO, UGT y Fedavica han solicitado una reforma inmediata del reglamento que regula el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Según denuncian, los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que solo 97 personas han recibido una indemnización desde la puesta en marcha del sistema.
Los sindicatos consideran que esta cifra demuestra que no se está cumpliendo el espíritu de la Ley del Fondo de Compensación aprobada en 2022. A su juicio, el reglamento vigente excluye a un gran número de afectados, a pesar de que la norma pretendía asegurar la reparación para todas las víctimas de enfermedades relacionadas con la exposición al amianto.
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Las organizaciones firmantes exigen que el Gobierno modifique el reglamento para ajustarlo completamente a la ley. Además, sostienen que las indemnizaciones deberían equipararse a las cuantías comúnmente reconocidas por los tribunales en estos casos, evitando así desigualdades entre quienes recurren al sistema judicial y quienes optan por el fondo público de compensación.
En su comunicado conjunto, los sindicatos también han expresado su malestar por la disparidad de acciones entre distintas administraciones, señalando que Cataluña ha aprobado una normativa específica para avanzar en la erradicación del amianto y ha pedido disculpas públicas a las víctimas. Consideran llamativo que, a pesar de compartir afinidad política, las posturas del Gobierno catalán y del Ejecutivo central difieran en este ámbito.
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