Las claves
Empresarios relacionados con la mafia rusa afirmaron que Zapatero y su equipo contaban con una carta de autorización emitida por el Gobierno cubano para operar en la isla.
Las conversaciones intervenidas por la Policía demuestran que esta autorización era fundamental para llevar a cabo transacciones en el sector mineral en Cuba, incluyendo níquel y cobalto.
En las llamadas se menciona la colaboración de un diplomático cubano radicado en España, René Capote, y la intervención de altos funcionarios del Gobierno cubano.
El nombre de Zapatero surge en relación con proyectos como la instalación de plantas fotovoltaicas y la organización de un viaje para cerrar acuerdos en Cuba.
Los empresarios alicantinos vinculados a la mafia rusa en la operación Strongbox revelaron durante sus comunicaciones que José Luis Rodríguez Zapatero y su grupo disponían de una carta de autorización emitida por el Gobierno de Cuba para operar en el país.
Las interceptaciones telefónicas fueron realizadas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO Central) de la Policía Nacional e incorporadas al expediente que tramita el Juzgado de Instrucción 46 de Madrid.
En las conversaciones intervenidas, el empresario Jerónimo Sarmiento, uno de los implicados en el caso, dialoga con su socio Enrique López acerca de una carta emitida por el Gobierno cubano, indispensable para operar en ese territorio.
La llamada específica tuvo lugar el 24 de marzo de 2024.
«Enrique comenta que la carta debe estar a nombre de él, pues es el presidente [de la compañía Servigestión], pero en realidad son Rodríguez Zapatero y su abogado quienes la poseen», explica.
Jerónimo Sarmiento también informa a su socio que cuentan con la cooperación de un «diplomático de la embajada cubana en España, René Capote».
Según la transcripción de la llamada, «Jero pregunta a René hasta dónde puede llegar, y él responde que hasta Díaz-Canel [presidente de Cuba]. Jero afirma que si tienen níquel y acuerdan la forma de pago, deben comenzar».
Enrique López comenta que dicho diplomático cubano debe «solicitar al Gobierno copia de la carta para que pueda presentarse como presidente de Servigestión en Cuba, mientras Jero figura como consejero delegado, de modo que puedan mostrar que quienes firmaron con Díaz-Canel son ellos».
López insiste en que la mejor opción «sería que, si René logra obtener una copia de la carta, y antes de que alguien actúe, hablen con Díaz-Canel. René (el diplomático) forma parte de la inteligencia cubana, así se lo han confirmado».
Posteriormente, Enrique manifiesta que deben reunirse en persona, debido a la posibilidad de que estén intervenidos los teléfonos: «Aquí podría haber gente escuchando».
Negocios
Los pinchazos telefónicos realizados a esta red internacional de blanqueo de capitales de la mafia rusa en España ponen de manifiesto cómo algunos inversores de esta organización recurrieron al entorno de Zapatero para mediar en negocios con minerales en Cuba.
La investigación señala que varios de los implicados contaban con una red paralela de negocios que fue rastreada por la Brigada Central de Crimen Organizado de UDYCO Central.
En las llamadas se menciona el nombre de Zapatero por varios de los acusados en relación con una supuesta «instalación de plantas fotovoltaicas» dentro de Cuba.
En abril de 2024, los inversores comentan que han debido solicitar apoyo a instancias superiores, que exigirán una contraprestación por sus servicios: «Además han tenido que recurrir a los altos mandos, y esos no actúan gratis».
Jerónimo Sarmiento indica a su interlocutor que deben declarar ante terceros que «se encuentran bajo la protección del gobierno español». Enrique López le responde que prefiere modificar esa frase por: «Estamos en la órbita del gobierno español».
Respecto a lo anterior, Sarmiento asegura que todos esos contactos a los que recurren incrementarán los gastos, ya que deberán remunerarlos: «El gobierno español ya está gestionando todo con un despacho de abogados, el embajador y todos quieren su parte y no liberan la carta ni nada», afirma.
La UDYCO explica que esta respuesta «hace referencia a una carta de concesión que supuestamente el gobierno cubano debe emitir para que el negocio pueda concretarse». Carta que, como mencionaban en conversaciones previas, está en posesión del grupo de Zapatero.
Los implicados dialogan incluso sobre un viaje previsto a Cuba para formalizar el acuerdo. Este viaje no llegó a efectuarse, pero estaba programado para el 15 de junio de 2024.
El plan consistía en organizar un encuentro que, según el informe policial, debía contar con la presencia «del consejero de Transportes de Cuba, con Díaz Canel, el abogado de Zapatero y el embajador».