Moncloa reconoce que las 1,3 millones de solicitudes superan con creces todas las previsiones iniciales
Aunque la cifra de peticiones haya ido más allá de lo esperado, provocando dudas entre los países miembros de la Unión Europea y habiendo sido recurrida en varias ocasiones, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene firme su objetivo de impulsar la histórica regularización masiva de inmigrantes que comenzó el 16 de abril. Sin excluir a nadie. Maximizando el número de personas beneficiadas. Y ahora, «acelerando» la tramitación para que «el mayor número de individuos con derecho» a esta medida pueda acceder a ella antes de que el Tribunal Supremo decida si somete o no al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión sobre la compatibilidad del proceso con la normativa europea vigente. El Ejecutivo estima que el TS tomará una decisión sobre elevar o no esta cuestión al TJUE «a partir del 7 de julio». Sin embargo, la presentación de la cuestión podría, si lo considera el Alto Tribunal, suspender la regularización mientras se resuelven las dudas.
Aunque el Gobierno confía en que no ocurra así, se ha puesto en marcha un mecanismo para que quienes hayan solicitado regularizar su situación reciban una autorización provisional de residencia y trabajo en España antes de la resolución definitiva —positiva o negativa— de sus expedientes. Esta medida, contemplada ya en el Real Decreto, impediría la paralización del proceso para los solicitantes que obtengan dicha autorización en caso de que el Supremo detenga el trámite.
«El ritmo no se ha reducido», confirman desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargados del proceso. Su meta es «alcanzar cuanto antes el plazo de tres meses» para resolver cada caso. No obstante, solo la admisión a trámite se ha retrasado debido al enorme volumen de solicitudes recibidas. Esta situación fue denunciada por las entidades sociales implicadas y los partidos de la izquierda alternativa, quienes solicitaron una ampliación del plazo.
A 15 días del fin del plazo para presentar estas solicitudes, la Administración había resuelto apenas 360.000 de 900.000, un 40%. Al concluir el periodo —ayer fue el último día— las peticiones superan los 1,3 millones, una cifra que excede las estimaciones del Gobierno. Según fuentes del departamento liderado por Elma Saiz, se plantearon tres escenarios: mínimo (500.000 solicitudes), intermedio (750.000) y máximo (un millón), aunque este último nunca fue divulgado y las cifras actuales superan con creces ese tope.
El Ministerio de Inclusión, que aún no ha dado a conocer las cifras definitivas esperando depurar los datos para eliminar duplicados o errores, indica que «los ritmos iniciales» del procedimiento respondían al escenario más bajo, basado en los cálculos de la ILP (2023), una estimación que «fue superada por la realidad», añadieron. «La irregularidad supone una exclusión administrativa que dificulta cuantificar el número de personas en situación irregular», justifican, señalando que el proceso «es dinámico y evoluciona».
Durante los últimos dos meses, los sindicatos policiales han señalado que las previsiones del Gobierno no correspondían con la realidad, pues había un flujo constante de personas que acudían buscando la regularización. El Ejecutivo reiteró ayer que el proceso no incide en Europa —«Es un permiso de residencia y trabajo exclusivamente en España»— y desde el Ministerio afirmaron que los recursos y capacidades estatales están «previstos» y «evaluados».
En una reunión con representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Ministerio de Política Territorial solicitó voluntarios entre el personal de Extranjería para apoyar en la grabación de solicitudes a los 50 empleados de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), responsables de tramitar estos expedientes y que ya cuentan con un refuerzo de 150 trabajadores de Tragsa/Tragsatec. «Aún quedan medio millón de expedientes que no han sido cargados en la plataforma de datos», alertaron.