El comisario de Migración de la UE apoya descartar regularizaciones unilaterales como la propuesta por Sánchez debido a sus efectos de atracción.

Brunner suscribe un documento del PPE donde la principal fuerza política de Europa critica medidas como la adoptada por el Gobierno de España. La comisaria de Mediterráneo también firma el texto.

El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.

El Partido Popular Europeo (PPE) aprobó esta semana una resolución que rechaza por completo la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este documento es fruto de la reunión del principal partido de Europa celebrada el lunes y martes en Viena, con apoyo unánime de todos los asistentes al encuentro. Entre ellos, destacan dos comisarios europeos: la responsable para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y, de gran relevancia, el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.

«El PPE defiende una Europa que salvaguarde sus fronteras, haga cumplir sus normativas y recupere la confianza ciudadana en la política migratoria. Se debe prevenir la inmigración irregular, impedir el uso indebido de los sistemas de asilo, aplicar las órdenes de retorno y rechazar los procesos unilaterales de regularización que generan incentivos migratorios«, indica el texto aprobado por unanimidad y firmado también por el presidente del PPE, Manfred Weber. «Solo una política migratoria sólida y creíble garantiza la cohesión social y mantiene la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo», añade el documento al que tuvo acceso EL MUNDO.

Además, el texto rememora la «resolución de la Presidencia del PPE sobre Migración de febrero de 2026, que enfatizó la necesidad de impedir la migración ilegal, combatir el abuso de sistemas de protección social, fortalecer las fronteras y los retornos, luchar contra el tráfico de personas, rechazar los programas de regularización a gran escala que minan la credibilidad de la política migratoria de la Unión». Y va más allá: «Los programas de regularización masiva o insuficientemente coordinados a nivel nacional pueden debilitar la credibilidad de la política migratoria de la Unión, generar fuertes efectos de atracción y provocar movimientos secundarios dentro del espacio Schengen».

La posición del PPE, incluyendo a los comisarios Brunner y Suica, es nítida, y responde en gran medida a la preocupación y presión ejercidas por el Partido Popular español en un contexto donde el Tribunal Supremo también ha manifestado dudas sobre el proceso. Tanto es así, que podría elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que los populares europeos hayan respaldado esta resolución es destacado, ya que este tipo de documentos orientan las políticas a seguir por los países, grupos parlamentarios y miembros del partido.

Los dos comisarios firmantes del documento tienen responsabilidad directa sobre la política migratoria, y en el caso de Brunner su rol es especialmente significativo. Representa la cara visible de la Comisión en este ámbito y está encargado de advertir a Sánchez sobre sus políticas migratorias.

«La señal general no es positiva. Comprendo la situación particular de España, dado que el 80% de esas personas provienen en realidad de América Latina, comparten idioma y parte de cultura. Esta política corresponde a la competencia del Estado miembro, por lo que no intervengo. Sin embargo, debemos dejar claro que no puede haber ningún impacto en los demás Estados miembros. Esa es mi tarea: proteger a los otros Estados miembros frente a ello», afirmó también vicepresidente del PPE en un reciente encuentro con este medio.

Su postura coincide plenamente con lo expuesto en el documento y con el riesgo que implica para el resto de países que uno de ellos lleve a cabo una regularización. Precisamente, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto a la danesa Mette Frederiksen y el belga Bart de Wever, transmitieron este mensaje directamente a Sánchez durante el último Consejo Europeo. «Lo que haces repercute en otros países«, le advirtieron.

Por su parte, fuentes de la Comisión Europea consultadas ayer sobre las mencionadas dudas del Tribunal Supremo, se limitaron a señalar que no emiten opiniones sobre procesos judiciales en curso.

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