Preocupación dentro del Gobierno por el aumento de estos mensajes que coinciden con la implementación de esta medida clave. Su Plan de Integración y Ciudadanía se centra en facilitar la adaptación de los migrantes a nuestro país.
Las warnings están activadas. Las alarmas se disparan de manera continua. Durante los últimos dos meses, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso de regularización exprés, que beneficiará a más de un millón de personas, los contenidos en redes sociales que describen como «amenaza» a individuos del norte de África, musulmanes, afrodescendientes o latinoamericanos han aumentado hasta representar el 54% del total de discursos de odio. En abril, mes en que comenzó la regularización, este señalamiento creció en 19 puntos (55%) respecto a marzo (36%). En mayo se mantuvo en el 53%. Esta situación genera inquietud y ocupa al Gobierno, que mantiene las alarmas encendidas, especialmente ahora que el proceso está por concluir.
Esta preocupación se refleja en el Plan de Integración y Ciudadanía presentado este martes por Pedro Sánchez, dotado con 500 millones. De las 16 medidas planteadas, una está dedicada específicamente a implementar un «plan de choque» destinado a «prevenir, detectar y reducir los discursos de odio en entornos digitales». «Vamos a reforzar aquello que es cada vez más frecuente, aunque también combatido, como son los discursos de odio; mejorando además el apoyo a las víctimas de estas discriminaciones, porque, indudablemente, la inclusión implica proteger la convivencia de todas y todos», explicó el presidente del Gobierno.
El objetivo es proporcionar medios y herramientas que permitan el uso de sistemas digitales avanzados para la monitorización y análisis en tiempo real, como el sistema Faro; garantizar un seguimiento constante y optimizar la capacidad de responder; así como fomentar la colaboración con plataformas digitales para limitar la difusión de bulos y desinformación relacionada con la migración.
El aumento de contenidos que representan a los migrantes como una amenaza «podría estar ligado al impacto que la aprobación de la regularización extraordinaria tuvo en abril, catalizando narrativas que criminalizan a la población inmigrante y la presentan como un riesgo, sobre todo en aspectos económicos, de seguridad ciudadana, culturales y en cuanto a violencia contra las mujeres», reflexiona el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).
Otro dato alarmante: los mensajes que incitan a la expulsión de migrantes constituyen el 21% del total de contenido de odio, alcanzando el 30% en abril, con un alza significativa de 14 puntos porcentuales respecto a marzo (16%). Durante el primer trimestre del año, ese tipo de mensajes tuvo una participación del 11%, muy inferior a los dos últimos meses. A lo largo de 2026, la demanda de Vox para pactar la «prioridad nacional» con el PP ha ocupado una parte destacada del debate político. En enero, La Moncloa anunció el acuerdo con Podemos para llevar adelante la regularización exprés, que comenzó en abril y finalizó ayer.
«El proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes ha ganado mayor protagonismo en la conversación pública, lo que ha facilitado la visibilidad de este tipo de discursos», alertan los informes de OBERAXE. «La regularización se ha estructurado discursivamente como un factor de riesgo para el acceso a la vivienda, reforzando la estigmatización de la población inmigrante y vinculándola con dinámicas de ocupación ilegal».
En este contexto, para combatir la desafección, el Plan de Integración y Ciudadanía pone especial atención en proyectos de integración comunitaria a nivel local mediante el desarrollo de programas de refuerzo lingüístico, así como fomentar entre los migrantes el conocimiento de las normas y los valores democráticos. Recientemente, durante su visita a España, específicamente en Canarias, el Papa hizo un llamado a los migrantes para «abrirse a quienes les reciben, aprender su lengua y respetar sus leyes».
«El aumento de la proporción de población extranjera constituye un reto adicional en términos de cohesión social», reconoce el Plan de Integración y Ciudadanía del Gobierno. Para afrontar este desafío, de los 500 millones asignados, 30 se destinarán a programas que fortalezcan el aprendizaje de los idiomas cooficiales, el conocimiento de las normas, del marco constitucional y de los valores, así como a programas de integración comunitaria.
Se justifican así: «La integración efectiva de las personas migrantes se ve obstaculizada por barreras lingüísticas, sociales y educativas, junto con la falta de sistemas coordinados de apoyo que favorezcan la convivencia, la participación comunitaria y el pleno ejercicio de la ciudadanía». Además, se plantea un programa de mentoría social específico para la integración y transición a la vida adulta de extranjeros no acompañados, que intervendrá en la prevención de la marginalidad y en el fortalecimiento de la cohesión y la seguridad ciudadana.»