CSIF denuncia que alrededor de medio millón de expedientes todavía no se han cargado en la plataforma de datos. Hoy es el último día para presentar las solicitudes.
El proceso de regularización general que finaliza hoy ha superado las expectativas del Gobierno. Así lo denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, que afirma que medio millón de expedientes todavía no han sido volcados en la plataforma de datos.
La Administración dispone de tres meses para resolver cada solicitud desde su admisión a trámite. Frente a estos plazos, el Ministerio de Política Territorial ha solicitado voluntarios para apoyar a la Unidad de Tramitación de oficina de Expedientes de Extranjería (UTEX), en Vigo, con la gestión de expedientes fuera del horario laboral, remunerados con 10 euros por expediente.
En realidad, solo 50 funcionarios de UTEX están encargados de resolver las cerca de 1,2 millones de solicitudes presentadas. A estos trabajadores se suman unos 150 empleados de Tragsa/Tragsatec, como informó el Gobierno anteriormente, pero la aprobación final debe hacerla un funcionario para verificar fechas, controlar la permanencia, cruzar datos y, en definitiva, resolver el alto volumen acumulado de expedientes.
El sindicato denuncia que el número de expedientes ha sobrepasado las previsiones oficiales, que calculaban un máximo de 750.000 solicitudes para aprobar 500.000. Esta situación ha provocado, según CSIF, que no sea posible cargar toda la documentación en la plataforma informática Mercurio, el sistema de referencia para el proceso. De acuerdo con información recopilada por CSIF, quedan pendientes por introducir los datos de medio millón de personas, lo que probablemente retrasará la regularización.
Ante esta situación, la Secretaría de Estado de Migraciones ha propuesto a Política Territorial que el personal funcionario de las Oficinas de Extranjería participe en la introducción de solicitudes de regularización, según lo comunicado al sindicato. Para ello, se han solicitado voluntarios para gestionar fuera del horario laboral todos los expedientes que no se han podido cargar en la plataforma Mercurio (a 10 euros por expediente), aunque el Ministerio de Hacienda todavía no ha autorizado el gasto que implicaría esta medida extraordinaria.