Los nuevos cotizantes extranjeros solo pueden aliviar el déficit en siete décimas, mientras el aumento continuo de jubilados pone en duda la viabilidad del sistema
El crecimiento de la inmigración en España ha tenido un efecto favorable sobre el saldo fiscal del sistema público de pensiones, pero ni los mayores flujos migratorios son capaces de compensar totalmente el efecto del envejecimiento poblacional. De acuerdo con el informe EsadeEcPol Insight de junio de 2026, incluso bajo el escenario migratorio más favorable, el déficit fiscal vinculado al envejecimiento persistirá en niveles elevados durante las próximas décadas.
La llegada de migrantes ha rejuvenecido en parte la estructura demográfica española. Según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a principios de 2025 vivían en España 9,5 millones de personas nacidas en el extranjero, representando el 19,3% del total de habitantes. En el grupo de edad entre 25 y 54 años, los migrantes representan un 28,3%. Esta presencia se traduce en un aumento de cotizantes, una mayor recaudación y cierto respiro para el sistema de pensiones, particularmente en el corto plazo.
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El análisis de EsadeEcPol indica que, al comparar un saldo migratorio nulamente positivo con las 330.000 personas que han llegado anualmente a España de promedio entre 2000 y 2024, el déficit fiscal por envejecimiento se reduce en 1,7 puntos del PIB. No obstante, aumentando el flujo migratorio hasta 550.000 personas al año, como en el periodo 2021-2024, la mejora adicional solamente llega a siete décimas. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) respaldan que, aún con los máximos flujos históricos, el saldo fiscal asociado al envejecimiento permanece negativo: entre el 6,1% y el 8,5% del PIB para 2050, según el escenario considerado.
Trabajadores con menor formación que también requieren pensiones
Las limitaciones del impacto migratorio se explican por diversas causas. La primera es el nivel educativo de la población extranjera residente, que suele ser inferior al de la población autóctona. Esto conlleva contribuciones fiscales per cápita menores, dado que su empleo suele ser peor remunerado y, por ende, aporta menos en cotizaciones sociales, además de limitar la capacidad para cerrar la brecha estructural del sistema. El segundo factor es la naturaleza temporal de la ventaja demográfica: los inmigrantes que actualmente fortalecen la base de cotizantes eventualmente serán beneficiarios del sistema de pensiones, repitiendo el ciclo vital de la población local.
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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), expone las acciones posibles para reducir el gasto en pensiones y asegurar la sostenibilidad del sistema público.
El estudio de EsadeEcPol Insight subraya que el impacto positivo de la inmigración tiende a ser más significativo en el corto plazo, pero disminuye conforme aumentan los flujos migratorios. El efecto marginal de incorporar nuevos migrantes se atenúa, ya que el sistema asume tanto trabajadores jóvenes como dependientes y futuros pensionados. En el escenario más esperado, con una población total de 59,4 millones en 2050, el saldo fiscal negativo atribuido por edad apenas mejora en comparación con escenarios con menos inmigración.
Reformas al sistema para asegurar su viabilidad
La regularización extraordinaria ha incrementado la cantidad de residentes extranjeros y su peso dentro del mercado laboral, elevando también sus contribuciones a la Seguridad Social. Desde abril hasta el 30 de junio de 2026, el Gobierno español ha recibido cerca de 900.000 solicitudes de regularización de inmigrantes, cifra que podría superar el millón una vez finalizado el conteo, de acuerdo con estimaciones oficiales y expertas. A mediados de junio, unas 360.000 solicitudes ya habían sido aprobadas, permitiendo a sus solicitantes obtener permisos temporales de residencia y trabajo por un año.
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El Gobierno prevé que, si se mantienen altos flujos y los procesos de regularización continúan, la población nacida en el extranjero podría representar más del 40% del grupo entre 25 y 54 años a mitad de siglo. Sin embargo, el informe advierte que este crecimiento demográfico no soluciona el desequilibrio estructural del sistema de protección social.
Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica cómo la pensión que reciben los jubilados en España supera en un 60% lo que han aportado a la Seguridad Social.
La integración educativa y laboral de los migrantes puede incrementar su contribución fiscal, aunque no es suficiente para cerrar el déficit. Un posible aumento de la natalidad, por otro lado, tendría resultados positivos solo en el largo plazo, dado que en las próximas décadas implicará mayores gastos en la infancia y un agravamiento fiscal temporal.
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El informe concluye que la inmigración constituye una herramienta útil para mitigar la transición demográfica, pero no puede reemplazar cambios estructurales en el mercado laboral ni en la organización del sistema de pensiones. Entre las recomendaciones se incluyen aumentar la participación laboral de mayores de 55 años, introducir mecanismos automáticos que vinculen la edad de jubilación con la esperanza de vida y avanzar hacia un modelo público basado en cuentas nocionales de contribución definida.