Las claves
Casi 1,2 millones de inmigrantes han tramitado la solicitud para acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de España.
El 67% de los peticionarios proviene de América Central y del Sur, siendo Colombia el país con mayor número de solicitudes (26%).
Las regiones con mayor volumen de peticiones corresponden a Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Esta medida permite regularizar la situación de quienes residían de forma irregular en España antes del 1 de enero y no cuentan con antecedentes penales.
En total, 1.174.978 inmigrantes solicitaron acogerse a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, y más de 608.000 de dichas solicitudes han sido aceptadas, lo que implica la entrega de una autorización temporal inicial para residir y trabajar en España.
Estos datos, facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, revelan que el 67% de quienes han solicitado son originarios de América Central y América del Sur.
El país con mayor número de solicitudes es Colombia, que concentra el 26% de estas, seguido de Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Perú con un 8,8%.
Las comunidades autónomas con más solicitudes registradas son Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; Comunidad Valenciana, con 167.000; y Andalucía, con 161.000, según informa Efe.
En un mensaje dirigido a los medios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que esta medida extraordinaria permitirá que «cientos de miles de personas que actualmente residen en el país, pero viven con miedo y sin derechos, puedan enfrentar el futuro con expectativas y esperanza».
«Nos encontramos ante un proceso exitoso, un verdadero avance en nuestra política migratoria y un esfuerzo conjunto del que podemos sentir gran satisfacción», afirmó la ministra.
El plazo para presentar solicitudes se extendió desde el 16 de abril hasta el 30 de junio pasado, periodo durante el cual algunos promotores de la medida, entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos solicitaron su ampliación, argumentando que las dificultades burocráticas limitaban el acceso.
Esta medida, aprobada por el Gobierno mediante real decreto, se originó a partir de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas, aunque fue bloqueada en la Cámara Baja por falta de consenso parlamentario.
Pudieron presentar solicitud todos los migrantes que residieran irregularmente en España antes del 1 de enero pasado y que hubieran permanecido al menos cinco meses en el país, así como aquellos que solicitaron asilo antes de esa fecha, siempre que carecieran de antecedentes penales.