Las claves
El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España concluyó con 1.174.978 solicitudes registradas, superando en más del doble las estimaciones iniciales formuladas por el Gobierno.
Colombianos (26%), marroquíes (13%) y venezolanos (12%) lideran el ranking de nacionalidades solicitantes, con Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía como las regiones que reciben mayor número de peticiones.
El 80% de las solicitudes corresponden a arraigo extraordinario, mientras que el restante 20% se presenta bajo la figura de protección internacional; la mayoría de quienes aplican son jóvenes, de habla hispana y cuentan con formación postobligatoria.
El Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Integración con un presupuesto de 500 millones de euros, en paralelo a que el Tribunal Supremo evalúa la legalidad de la regularización en relación con el Derecho comunitario.
El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes cerró oficialmente con un resultado que supera todas las expectativas públicas: 1.174.978 solicitudes registradas, de las cuales 609.737 ya han sido gestionadas.
Durante varios meses, el Gobierno mantuvo una estimación oficial de 500.000 posibles beneficiarios, usándola como argumento político frente a quienes advertían sobre un posible bloqueo burocrático.
No obstante, los datos definitivos anunciados el 2 de julio por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, indican que la demanda real ha duplicado las previsiones iniciales, concentrándose predominantemente en Cataluña (257.602 solicitudes), la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunidad Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557).
«No estamos en condiciones de anticipar cuál será la resolución de los procedimientos. Actualmente nos encontramos en la etapa de tramitación específica de este volumen de solicitudes», añadió Cancela, quien subrayó que hasta ahora sólo «11.000 han obtenido una resolución definitiva».
Del total de solicitudes presentadas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales vinculadas al arraigo extraordinario, y el 20,4% restante a solicitudes para protección internacional.
El análisis de las solicitudes arroja un panorama claro sobre su procedencia geográfica: un abrumador 89% proviene de América Central y del Sur y África, con un 67% y un 22%, respectivamente.
Entre los países, Colombia ocupa el primer lugar con el 25,9% de las solicitudes, seguida por Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%), dejando un 20,5% restante distribuido entre otras nacionalidades.
El perfil de los aspirantes a la regularización es mayormente joven y con una ligera preponderancia masculina: el 57% son hombres frente al 43% de mujeres, ubicándose el 81% de los solicitantes por debajo de los 45 años.
En cuanto a los grupos etarios, un 11,1% son menores de entre 0 y 15 años, el 17% corresponde a jóvenes entre 16 y 24 años y un 31,3% está concentrado en la franja de 25 a 34 años.
La fuerte presencia de la inmigración procedente de Latinoamérica se refleja en que, según fuentes ministeriales, tres de cada cuatro solicitantes (un 75%) son hispanohablantes nativos, lo que disminuye notablemente las barreras idiomáticas para su integración laboral y social.
De hecho, el 84% de quienes están en proceso de regularización posee competencia plena en español, mientras que en las comunidades autónomas con lengua cooficial, el conocimiento de la lengua alcanza el 40%.
Respecto al nivel educativo, el 67% cuenta con formación postobligatoria: un 43% con bachillerato o formación profesional y un 24% con estudios universitarios.
Cancela valoró positivamente los resultados de esta fase inicial del proceso. “Las cifras reflejan el esfuerzo histórico llevado a cabo por las instituciones y la sociedad civil, que han impulsado para que ninguna persona quede fuera de este proceso, logrando una sociedad de acogida real”.
160.000 afiliados más
Más allá del impacto administrativo, el proceso ya muestra un impacto directo en el empleo formal. Hasta el 30 de junio, constaban 159.097 altas en la Seguridad Social de personas beneficiadas con autorización provisional para trabajar.
En cuanto al tipo de empleo, la mayoría de beneficiarios afiliados se integran en el Régimen General de la Seguridad Social (83,4%).
Además, el contrato indefinido predomina entre las nuevas incorporaciones (77,3%), aunque esta cifra es algo inferior al 86,1% del total de afiliados extranjeros provenientes de países no comunitarios.
Respecto a sectores de actividad, las áreas con mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).
Entre el PIC y el TJUE
Para abordar de manera social y laboral esta realidad, el Gobierno anunció el martes la implementación del Plan de Integración y Ciudadanía (PIC), con una asignación superior a 500 millones de euros para su primer año.
Este monto se distribuye en 185 millones destinados a fomentar empleo y formación —incluyendo 150 millones para ofrecer 100.000 plazas adicionales de Formación Profesional—, casi 30 millones para la integración comunitaria y aprendizaje de lenguas cooficiales, y más de 200 millones para reforzar los servicios públicos territoriales.
El plan también contempla la creación por ley de la Agencia Estatal de Movilidad Humana, que centralizará la gestión de asilo, acogida y residencia, preservando las competencias sobre control fronterizo y seguridad que continuarán a cargo del Ministerio del Interior.
Sin embargo, la legalidad de todo este entramado migratorio se encuentra bajo un examen riguroso en el ámbito judicial.
Tras admitir recursos interpuestos por comunidades como Aragón y la Comunidad Valenciana, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha abierto un trámite de audiencia que concluirá este viernes 3 de julio, para valorar si remite una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Los jueces manifiestan serias dudas sobre la adecuación del real decreto al Derecho comunitario.
Entre sus cuestionamientos figuran si se infringe la Directiva de Retorno al archivar órdenes de expulsión judicialmente validadas, si se rompe la “cooperación leal” al implementar una regularización unilateral sin notificación previa a la Comisión Europea y si contradice el Acuerdo de Schengen al permitir la libre circulación automática por Europa a más de un millón de personas durante 90 días por semestre.
Ante esta ofensiva judicial, el Ministerio de Inclusión y la Abogacía del Estado preparan sus alegatos con calma, recordando que en mayo el Supremo rechazó frenar cautelarmente el proceso.
Moncloa defiende la plena legalidad de la norma, “respaldada por el Consejo de Estado”, y fundamenta su postura en un argumento estrictamente soberano y territorial: “Quienes cuentan con autorización para residir y trabajar tienen permiso para hacerlo únicamente en España, no para desplazarse a otros países de la Unión Europea”.