Las claves
La juez ha cerrado por segunda vez el expediente contra Miguel Ángel Rodríguez por compartir la foto y los datos de dos periodistas de El País.
La jueza determina que no existen pruebas de la comisión de delitos relacionados con la revelación de secretos ni el uso indebido de datos personales por parte de Rodríguez.
La pesquisa reveló que la imagen de los periodistas fue facilitada por un vecino y que la información no provenía de la Policía Nacional.
Se señala que los datos difundidos acerca de los periodistas ya eran públicos y habían sido publicados por el propio diario.
El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha decidido archivar, por segunda ocasión, las investigaciones abiertas contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por difundir en un chat periodístico la fotografía e identidad de dos reporteros de El País que estaban junto al edificio donde se encuentra la residencia de la presidencia madrileña.
Después de efectuar nuevas indagaciones, como le solicitó la Audiencia Provincial de Madrid, la magistrada Raquel Robles no halló indicios de delitos de revelación de secretos o uso indebido de datos personales que sustentaran las querellas presentadas por el PSOE, El País y los dos periodistas contra Miguel Ángel Rodríguez.
Los denunciantes manifestaban que el 19 de marzo de 2024 Rodríguez remitió a un chat de periodistas un mensaje que decía: “Dos periodistas de El País, F.P. y M.V., han estado hostigando a los vecinos de la presidenta, incluso menores de edad, en un acoso habitual en regímenes autoritarios».
«Esto ha sido reportado a la Policía Nacional», añadía el jefe de gabinete. «No obstante, el delegado de gobierno respaldará estas acciones. El delegado del gobierno no desea establecer vigilancia permanente las 24 horas en la residencia de la presidenta, lo que representa una anomalía».
«Además, trabajadores del diario encapuchados intentaron acceder a la residencia de la presidenta. Nunca antes se había visto un acoso semejante durante esta democracia», concluía.
El mensaje contenía una imagen de los dos periodistas en la calle, junto al edificio donde viven Ayuso y su pareja, Alberto González Amador. Estos trataban de confirmar si el empresario había realizado una supuesta obra ilegal en su vivienda.
Según los denunciantes, MÁR habría obtenido la fotografía e identidad de los periodistas a través de la Policía Nacional que custodia a Ayuso. Un agente habría solicitado a los reporteros que se identificasen.
En su declaración ante la jueza, Rodríguez admitió haber enviado el mensaje al chat de periodistas y explicó que la foto se la envió González Amador, quien a su vez la recibió de un vecino del inmueble donde reside Ayuso.
MÁR negó haber recibido información de los agentes policiales sobre este asunto y afirmó que identificó a los dos periodistas fotografiados por conocerlos previamente.
Luis Miguel García Maroto, director de seguridad de la Comunidad de Madrid, descartó categóricamente haber recibido datos de los escoltas o policías de servicio, así como haber hablado con el director del gabinete de Ayuso sobre este tema.
Por otro lado, González Amador confirmó que envió a Rodríguez la imagen de los dos periodistas. Sabía que eran reporteros porque «se habían comunicado con vecinos, familiares y con él mismo». También porque la foto y los nombres de ambos aparecen en los artículos publicados.
La pareja de la presidenta indicó a la jueza que la foto le fue enviada por «su vecino del quinto piso«, luego de que se comentara en el chat de vecinos sobre la presencia de los periodistas y las molestias que generaban.
Remitió la imagen a MÁR, quien también está encargado de la seguridad de la presidenta, pero aseguró no haber hablado con ningún policía.
«Una simple lectura de los tipos penales [objeto de la querella] y un análisis de las pruebas practicadas permiten concluir la ausencia de indicios suficientes para encajar los hechos», señala la magistrada en la resolución hecha pública hoy.
«Ninguno de los datos obtenidos en la instrucción respalda la idea, inicialmente sostenida por las denuncias, de que el nombre y primer apellido ni la imagen de los dos periodistas contenidos en el mensaje enviado por Miguel Ángel Rodríguez a un chat de periodistas fueron obtenidos de información proporcionada por los agentes que los identificaron ese día en la vía pública», añade.
Para la juez, «quedó probado» que la foto fue compartida por un vecino del edificio y que el jefe de gabinete de Ayuso conocía el nombre y apellido de los periodistas. Además, tanto esos datos como la imagen están publicados en el mismo diario.
«El texto de Miguel Ángel Rodríguez, independientemente de alguna imprecisión, el tono o las expresiones utilizadas, no contiene datos reservados ni personales de los dos periodistas afectados», concluye la jueza.
Tampoco considera demostrado que la imagen o identidad de los reporteros fueran obtenidas de manera ilegal, esto es, mediante una revelación indebida por parte de la Policía.