Las claves
El Congreso ha avalado en ponencia la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española, con los votos en contra de PP y Vox y la abstención de Junts.
La propuesta de ley acorta a dos años el periodo de residencia legal requerido para que los saharauis puedan pedir la nacionalidad española.
Podrán solicitar la nacionalidad quienes demuestren haber nacido en el Sáhara Occidental antes del 11 de agosto de 1977, utilizando documentos como el DNI español, el censo de la ONU o certificados de nacimiento.
La solicitud será gratuita y deberá presentarse dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, prevista seis meses tras su publicación.
El Congreso de los Diputados ha dado este martes un paso crucial para facilitar la concesión de la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo administración española, tras aprobarse en ponencia el informe con el respaldo de la mayoría, excepto Junts que se abstuvo, y con el voto en contra de PP y Vox.
La iniciativa, originalmente promovida por Sumar, permaneció estancada durante toda la legislatura hasta que en los últimos meses el PSOE la retomó tras un año de inmovilismo y justo en medio de la polémica por la ley de nietos, que ya ha concedido la nacionalidad a 577.000 personas y suma 2,6 millones de solicitudes.
El portavoz socialista, Artemi Rallo, enfatizó la importancia del acuerdo: “El Congreso ha dado un paso firme e irreversible para que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad”. Además, recordó que este avance coincide con un momento simbólico, al cumplirse “medio siglo desde que España abandonó el Sáhara”.
El informe aprobado en ponencia incluye varias modificaciones acordadas entre PSOE, Sumar y el resto de socios mayoritarios. Entre ellas resalta la reducción a dos años del tiempo de residencia legal que exigen para solicitar la nacionalidad española a saharauis.
Asimismo, el texto contempla como circunstancia excepcional —requisito para la concesión por carta de naturaleza— el haber nacido en el Sáhara Occidental antes del 11 de agosto de 1977, fecha en la cual el territorio aún estaba bajo administración española.
Para acreditar este requisito se admitirán diversos documentos, entre ellos el DNI español —incluso si está vencido—, la inscripción en el censo del referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU, certificados de nacimiento, escolarización o atención sanitaria, entre otros.
La propuesta de ley también establece que la solicitud para obtener la nacionalidad será gratuita y deberá presentarse en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la norma, que ocurrirá seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Aunque no existen cifras oficiales recientes, el último censo elaborado cuando Saharan era una provincia señaló una población de 80.000 habitantes. Actualmente, este grupo supera los 500.000, incluyendo quienes viven bajo administración marroquí o en los campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia.
Desde el PSOE han destacado su papel en el desbloqueo de esta iniciativa y han calificado el acuerdo como un compromiso “clave” con las demandas históricas del pueblo saharaui.
Si se cumplen los plazos previstos, el texto será discutido en la Comisión de Justicia el próximo 14 de julio y podría contar con su aprobación definitiva en el Pleno del Congreso el día 24, en la última sesión antes del receso veraniego.
Todo esto sucede en medio de la controversia por la ley de nietos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de realizar «ingeniería electoral» mediante nacionalizaciones masivas, que han saturado algunas embajadas, como la de Buenos Aires.
El cambio de postura del PSOE respecto a la cuestión saharaui se produjo 24 horas después de esas declaraciones. La iniciativa de Sumar, encabezada por la diputada hispano-saharaui Tesh Sidi, fue rechazada en varias ocasiones por los socialistas.
Durante el debate sobre su admisión a trámite en febrero de 2025, los socialistas votaron en contra, decisión interpretada en ciertos sectores como una señal de acercamiento o complacencia con Marruecos.
Por su parte, el Partido Popular respaldó la propuesta en aquel momento.
Sin embargo, tras meses de diálogo y negociaciones, las posiciones se han invertido: el PSOE ha terminado apoyando el texto, mientras que el PP ha optado por votar en contra en esta etapa del proceso.