Seis personas han sido detenidas por presuntas irregularidades en la adjudicación a una empresa que ofrece servicios vinculados al turismo y al medio ambiente.
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha manifestado su «completa tranquilidad» respecto a la operación anticorrupción en el Ayuntamiento de Soria, cargo que desempeñó como alcalde durante 19 años. En unas declaraciones remitidas a los medios, exige «respeto y cautela» ante «las informaciones confusas» que, según indica su equipo, «en algún momento se han difundido» sobre esta intervención, que ha terminado con seis arrestados.
La inspección realizada el martes por la Guardia Civil durante casi 12 horas se fundamenta en supuestas irregularidades en contratos públicos otorgados a una empresa dedicada a servicios en turismo y medio ambiente. Entre los detenidos se encuentra la concejala responsable de esas áreas, Yolanda Santos, para quien el partido ha solicitado la suspensión de militancia «respetando sus derechos legales y la presunción de inocencia», según informa Efe.
Desde el PSOE de Castilla y León explican que Martínez está «informado sobre la investigación abierta» mientras se encuentra en Tánger, asistiendo al Foro de Ciudades Intermedias. A su regreso, tiene previsto participar este jueves en la Junta de Portavoces de las Cortes autonómicas.
El origen de la investigación en el Ayuntamiento de esta capital, la menos poblada de la comunidad, reside en los contratos firmados con la empresa Biosfera Soria S.L., de la cual fue administradora la concejala de Turismo y Medio Ambiente. La situación es similar con los demás detenidos en la operación: todos ejercían como ex administradores, administradores solidarios, administradores únicos o mantienen algún vínculo con la empresa.
Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación comenzó tras una denuncia presentada ante la Fiscalía por un empresario del sector.