Las claves

Según la pesquisa policial, Zapatero percibió un total de 1.725.078 euros en un periodo de cinco años, provenientes de trabajos de consultoría abonados mediante cuatro canales distintos.

El contrato más reciente, por 200.000 euros, fue suscrito con una empresa del Perú con el fin de influir en las autoridades bolivianas en favor de la cementera Soboce.

La UDEF y el juez Calama están investigando si los servicios facturados por Zapatero y sus relaciones empresariales se corresponden con trabajos genuinos o con gestiones de influencia.

Parte de los ingresos obtenidos por consultorías también fueron destinados a una empresa de marketing propiedad de sus hijas, llegando a superar el millón de euros en pagos.

El acuerdo firmado por José Luis Rodríguez Zapatero para recibir 200.000 euros a través de una compañía peruana eleva hasta 1.725.078 euros la cantidad que la investigación policial atribuye al expresidente del Gobierno por servicios de asesoramiento entre 2020 y 2025.

Esta suma recoge cuatro canales de cobro identificados en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en la documentación que forma parte del caso Plus Ultra.

Se trata de 490.780 euros recibidos de Análisis Relevante; 352.980 de Gate Center; 681.318 provenientes de sociedades vinculadas a Thinking Heads, y 200.000 últimos, pagados mediante Focus Social Research.

Este nuevo contrato amplia el alcance económico bajo investigación por el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

El magistrado considera a Zapatero como cabeza de una supuesta estructura dedicada a gestionar asuntos ante administraciones españolas y extranjeras en beneficio de varias empresas.

El expresidente está siendo investigado en un procedimiento por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros ilícitos relacionados.

Zapatero ha rechazado haber cometido actuaciones ilegales y afirma que su actividad profesional siempre estuvo dentro de la legalidad. Además, ha defendido que sus trabajos para la consultora de su amigo Julio Martínez consistieron en la elaboración de informes y asesoramiento estratégico.

El encargo boliviano

El último pago registrado procede de Focus Social Research SAC, una empresa peruana especializada en marketing y comunicación corporativa. Zapatero firmó con esta compañía un contrato de asesoría el 13 de mayo de 2024 por un monto total de 200.000 euros.

El acuerdo contemplaba un primer pago de 100.000 euros, equivalente al 50% del total. Los restantes 100.000 se distribuyeron en dos transferencias de 50.000 euros cada una.

La factura inicial data del 10 de mayo de 2024, tres días antes de la formalización del contrato. Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente e investigada también, la envió a Ana María Ospina, responsable de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del conglomerado al que pertenece la cementera boliviana Soboce.

El documento incluía una provisión diaria de 10.000 euros por cada jornada de viaje, a lo que se añadían los gastos de desplazamiento, que debían realizarse en clase business.

La UDEF sostiene que los servicios abonados no respondían a la actividad habitual de Focus Social Research.

Los investigadores consideran que esta entidad podría haber funcionado como una «sociedad interpuesta» para canalizar una remuneración vinculada en realidad a las gestiones realizadas en favor de Soboce, empresa integrante del peruano Grupo Gloria.

La cementera enfrentaba un litigio que la obligaba a abonar 107 millones de dólares, cerca de 95 millones de euros, a una empresa competidora. El propósito de las gestiones atribuidas a Zapatero era, según la Policía, influir en la postura de las autoridades bolivianas respecto a ese proceso.

El expresidente se reunió el 15 de septiembre de 2024 con Luis Arce, entonces presidente de Bolivia, en la Casa Grande del Pueblo de La Paz. Ese mismo día mantuvo otro encuentro con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

También participó en la organización de una reunión con el entonces ministro de Justicia, César Siles, en la que estuvo presente Francisco Shwortshik, consejero delegado de Soboce.

Los contactos continuaron durante 2025. El 6 de mayo, Alcázar solicitó al jefe de gabinete de Arce el teléfono del procurador general del Estado, Ricardo Condori, siguiendo las instrucciones de Zapatero.

El 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dejó sin efecto temporalmente la resolución que obligaba a Soboce a pagar los 107 millones de dólares.

Unas dos semanas después, el expresidente recibió la última transferencia de 50.000 euros establecida en el acuerdo.

Cuatro vías de cobro

Los 200.000 euros del contrato boliviano se suman a los 1.525.078 que el juez Calama ya había atribuido directamente a Zapatero mediante el análisis de movimientos bancarios.

La principal fuente de ingresos fue Thinking Heads. Varias sociedades vinculadas a esta consultora transfirieron 681.318 euros al expresidente, quien participó durante años como conferenciante en eventos organizados por este grupo.

La segunda procedencia corresponde a Análisis Relevante SL, empresa administrada por Julio Martínez Martínez, amigo y socio cercano del exjefe del Ejecutivo. Esta entidad pagó 490.780 euros a Zapatero entre 2020 y 2025 por servicios descritos como consultoría global o estratégica.

El propio Zapatero reconoció públicamente esa colaboración, señalando en varias ocasiones que Martínez le invitó a colaborar con Análisis Relevante y que elaboró informes orales y escritos para la consultora, desvinculándose de cualquier acto irregular vinculado con Plus Ultra.

La tercera vía directa de pagos fue Gate Center, un centro de análisis enfocado en las relaciones con China. Zapatero presidió su Consejo Asesor. Según la resolución judicial, esta entidad le transfirió 352.980 euros.

Thinking Heads y Gate Center tienen como figura clave común a Daniel Romero-Abreu Kaup. La investigación examina ahora si los pagos respondieron a servicios ciertos, su correspondencia con los trabajos facturados y el origen final de los fondos.

Al incorporar los 200.000 euros provenientes de Focus Social Research, la cifra total asciende exactamente a 1.725.078 euros. Esta cantidad no incluye contratos o comisiones cuya ejecución real aún no ha sido comprobada.

La «boutique»

La UDEF ha reconstruido también los movimientos previos que alimentaron las empresas de Julio Martínez. Plus Ultra pagó cerca de 458.000 euros entre 2020 y 2025 a través de Análisis Relevante, IOT Domotic Europe y Voli Analítica.

En la resolución que cita a declarar al expresidente, Calama denominó a esta red como finance boutique.

Análisis Relevante recibió 249.000 euros. IOT Domotic Europe facturó 110.799 y Voli Analítica alrededor de 99.000 euros. Parte de las facturas usaban conceptos referidos a informes, análisis técnicos o gestión de vuelos entre Madrid y Caracas.

La cantidad global abonada por la aerolínea a estas tres sociedades es muy similar a los 490.780 euros que Análisis Relevante posteriormente transfirió a Zapatero.

La empresa de Martínez también recibió 380.208 euros de Inteligencia Prospectiva y otros 127.050 del Grupo Aldesa por contratos de asesoría. El auto menciona igualmente fondos provenientes de Softgestor, la compañía del banquero chavista Francisco Flores Suárez.

El dinero de sus hijas

La investigación examina también los pagos que recibió What The Fav SL, agencia de marketing dirigida por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente.

Análisis Relevante transfirió 239.755 euros a esta empresa. Agropecuaria Lucena, otra sociedad de Julio Martínez, pagó 20.993,50. Pickashop aportó 18.150. Gate Center sumó 171.727 y las sociedades relacionadas con Thinking Heads abonaron 12.297. En total, estas cinco vías suman 462.922,5 euros.

A estas cantidades se añaden 561.440 euros provenientes de Inteligencia Prospectiva. Por lo tanto, los pagos dirigidos a What The Fav alcanzan al menos 1.024.362,5 euros.

Una parte del dinero que ingresó en What The Fav terminó luego en cuentas personales de Alba y Laura Rodríguez Espinosa: 199.904,25 € y 247.191,06 €, respectivamente.

Además, Calama subraya que José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas bancarias particulares de sus hijas.

Para el juez, este detalle refuerza la necesidad de esclarecer quién controlaba en realidad esos fondos y qué trabajos justificaron cada uno de los pagos.

La investigación deberá establecer si las consultorías documentadas respondieron a servicios efectivamente prestados o si, como indica la UDEF en varios informes, algunos contratos sirvieron para formalizar gestiones de influencia.