Peinado investiga una adjudicación a Barrabés en la que la Fiscalía Europea detecta prevaricación y fraude
La Fiscalía Europea ha hallado indicios de prevaricación y fraude a la UE en uno de los contratos otorgados por la sociedad pública Red.es a una empresa vinculada a Juan Carlos Barrabés, quien está imputado en el caso Begoña. Este empresario fue para quien la esposa del presidente del Gobierno redactó cartas de recomendación.
La presunta irregularidad aparece en un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO), cuyo objetivo era analizar dos adjudicaciones a Barrabés que correspondían a la Fiscalía Europea por involucrar fondos comunitarios. Sin embargo, los investigadores descubrieron indicios delictivos en correos internos de Red.es relacionados con una tercera adjudicación a Barrabés, valorada en cuatro millones, que permanecía bajo el juzgamiento del magistrado del caso Begoña, Juan Carlos Peinado.
Finalmente, el informe de la UCO fue remitido al Juzgado 41 de Madrid, lugar donde Peinado abrió una pieza separada dentro del caso Begoña para indagar estos hechos. Actualmente, el único investigado es el empresario. Esta pieza independiente no debería interferir en el progreso del proceso principal, que el juez considera ya concluido.
En 2020, Barrabés colaboró con la esposa de Pedro Sánchez para establecer su cátedra en la Complutense; a partir de entonces, sus empresas incrementaron considerablemente sus contratos públicos. Recibió de Red.es licitaciones que alcanzaron los 10 millones de euros. Para dos adjudicaciones bajo sospecha por la Fiscalía Europea, Begoña Gómez proporcionó cartas de recomendación, aunque no para la licitación afectada por las ilegalidades. No obstante, la UCO considera los tres expedientes relacionados, destacando que se gestionaron de manera «paralela» y presentan «notables similitudes» en sus procedimientos.
Según el decreto emitido por la Fiscalía el pasado día 8, el informe de la UCO revela que, en la adjudicación del expediente 044/20-ED, se habría ocultado que la oferta de Barrabés no cumplía uno de los requisitos necesarios para evaluar la valoración subjetiva, la cual finalmente determinó la adjudicación. La persona encargada de resolver la licitación «omitió al valorar al futuro adjudicatario la ausencia de un libro blanco que era obligatorio según los pliegos». Esta ocultación se evidenció al revisar los mensajes corporativos de 13 empleados de Red.es.
La Fiscalía Europea subraya que, tanto en las dos adjudicaciones bajo su competencia como en la investigada por Peinado, la responsabilidad del informe final de la valoración subjetiva recae en la misma persona. Ese es Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es, órgano adscrito al Ministerio para la Transformación Digital de Óscar López.
La empresa del empresario cercano a Begoña Gómez, Innova Next, resultó adjudicataria en colaboración con KPMG. El expediente, denominado «Servicios de oficina AceleraPyme – Servicios de apoyo y asesoramiento», contaba con un presupuesto máximo de 4.053.500 euros.
La Fiscalía Europea consideró que estas acciones podrían constituir delitos de prevaricación y fraude contra los intereses comunitarios y solicitó este tercer expediente al juez Peinado. Inicialmente, se había negado a hacerlo por no encontrar indicios de delito.
Barrabés interpuso un recurso argumentando que el expediente llevaba más de dos años en la causa de Peinado, que el juez ya había ordenado diligencias sobre el tema y que la Fiscalía Europea no podía reclamar el caso en esta fase.
El recurso fue resuelto por el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña, designado como juez de garantías en esta causa de la Fiscalía Europea. Su decisión fue que Peinado debía conservar el caso y ordenó enviarle el informe de la UCO.
Uno de los argumentos de la Fiscalía fue que Peinado no incluyó dicha adjudicación en el auto de abril, cuando envió el caso Begoña a juicio con jurado. El juez respondió que no mencionarla en el auto de cierre no equivale a un archivo y no impide «la reapertura de una nueva investigación» sobre el asunto, como acaba de hacer.
Además, el juez señala que esta contratación cuestionada «puede utilizarse como prueba para acreditar los hechos descritos en el auto». En otras palabras, podría ser utilizada por las acusaciones en un posible juicio contra la esposa de Pedro Sánchez.
El informe de la UCO aparece tras las irregularidades detectadas también por la Igae en los contratos. La Intervención General concluyó que la valoración subjetiva en las adjudicaciones tuvo un peso superior al declarado. Tanto es así que, según la normativa, Red.es no debería haber resuelto sus propias licitaciones, las cuales debían haber sido gestionadas por un ente externo.