Las claves
El PP ha presentado en el Congreso una iniciativa legislativa destinada a fortalecer la protección legal para Guardia Civil y Policía Nacional en situaciones de enfrentamiento armado contra el narcotráfico.
Esta propuesta incorpora un artículo nuevo que define criterios precisos para el uso de armas de fuego en circunstancias de riesgo grave para los agentes o la población.
El plan también incluye el aumento de recursos humanos y materiales para la lucha contra el narcotráfico, y contempla declarar el Campo de Gibraltar y áreas adyacentes como «zona de especial singularidad».
La iniciativa responde a demandas de asociaciones policiales, que denuncian la carencia de medios y protección legal en su trabajo contra las mafias.
El Congreso debatirá una proposición de ley que modifica la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La norma, presentada por el PP, busca otorgar a Guardia Civil y Policía Nacional un «escudo jurídico protector» en sus enfrentamientos armados con las mafias del narcotráfico.
El texto, al que tuvo acceso este medio, introduce un nuevo artículo 5 bis que establece «criterios claros» para el uso de armas de fuego cuando los agentes enfrentan a delincuentes armados o a embarcaciones como las narcolanchas.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, sintetizó ante los medios en Tarifa: «Frente a personas, embarcaciones u otros medios que se resisten y que utilizan armas contra nuestros agentes, son necesarias reglas claras de enfrentamiento».
En una reciente entrevista con EL ESPAÑOL, la dirigente popular ya manifestaba la necesidad de atender las peticiones de quienes están «en la primera línea» en la lucha contra el narcotráfico. «Si quienes nos protegen la solicitan, la responsabilidad de los cargos públicos es analizar, plantear y aprobar esas medidas».
Falta de medios
El mensaje político es claro: «Es necesario declararles la guerra con medidas precisas, contundentes y efectivas, utilizando todos los instrumentos que ofrece el Estado de derecho». Gamarra enfatiza que «no es posible la indiferencia» y que ni Pedro Sánchez ni Fernando Grande-Marlaska «pueden ser ya aval de seguridad para nuestros agentes».
El PP busca así canalizar el descontento de guardias civiles y policías en el sur ante el incremento de la violencia de los clanes. Junto a la reforma legal, el plan del partido de Alberto Núñez Feijóo señala la falta de recursos.
Los representantes populares explican que la propuesta introduce ese artículo 5 bis «para ofrecer herramientas a los agentes que les permitan defenderse cuando son atacados».
Además, incluye un compromiso para aumentar los recursos humanos y materiales. El documento expresa específicamente medidas “para dotar a quienes combaten el narcotráfico con más medios humanos y materiales».
La reforma
La proposición de ley modifica el artículo 5.2.d vigente de la Ley Orgánica 2/1986 para vincular el empleo de armas a los «casos y condiciones» estipulados en la misma norma.
El nuevo artículo 5 bis especifica cuándo y de qué forma pueden hacer uso los agentes de las armas de fuego. Permite hacerlo si existe «un riesgo gravemente justificable» para su vida, integridad o la de terceros, o un «peligro considerable para la seguridad ciudadana», siempre respetando los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
El texto también regula la obligación de advertencia e intimación previa antes del uso de armas, contemplando excepciones cuando la inmediatez del peligro impida dar aviso sin aumentar el riesgo.
De igual modo, la identificación previa de agentes de paisano podrá ser omitida en circunstancias de peligro extremo. La finalidad es evitar interpretaciones ambiguas en contextos de alta tensión, como persecuciones marítimas o embestidas contra patrulleras.
Asimismo, la ley establece un listado de «situaciones de necesidad absoluta» que justifican el empleo de armas de fuego.
Incluye enfrentamientos con personas armadas que se resisten a ser detenidas o a entregar armas, siempre tras advertencias «claras y contundentes».
También abarca casos donde embarcaciones u otros medios rechazan detenerse y son usados como instrumentos de agresión o acoso a los agentes.
Aunque no se menciona explícitamente el término «fuego inhabilitante» en el articulado, la exposición de motivos lo cita como técnica para desactivar sistemas de propulsión o guía de narcolanchas.
La propuesta hace referencia a la legislación de Bélgica, Italia, Francia y Portugal para respaldar un modelo que, según el PP, ajusta la normativa española a los patrones europeos. El debate parlamentario decidirá si esta «protección jurídica» efectivamente fortalece a los agentes sin vulnerar derechos fundamentales.
«Zona de especial singularidad»
Otro aspecto clave es el ámbito territorial de la lucha. El PP pretende que el Campo de Gibraltar, la costa andaluza y el cauce del Guadalquivir sean declarados «zona de especial singularidad», tal como lo fue el País Vasco durante la época de ETA.
Esta categorización, reclamada durante años por asociaciones profesionales, busca reconocer la presión específica del narcotráfico en la zona y permitir asignación de complementos y refuerzos especiales. «Un Estado debe proteger a los suyos y no se puede permitir que esto cueste la vida de quienes sirven al público», destaca Gamarra.
El PP enmarca la iniciativa en un discurso más amplio donde la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se considera un problema de Estado. Frente a ello, Gamarra acusa al Gobierno de Sánchez y Marlaska de permitir que las mafias actúen sin control, agravando así el problema y el abandono de los agentes.
El motivo inmediato de esta propuesta es la disolución del OCON Sur, la unidad de coordinación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Andalucía.
Interior optó por integrarla en otras estructuras, lo que generó la protesta de asociaciones profesionales que describen esto como «un antes y un después» en la lucha contra los clanes. En este contexto, las muertes de agentes en operaciones en Barbate y frente a la costa de Huelva han intensificado la percepción de desprotección.
Crítica política
Asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales denuncian patrulleras anticuadas, plantillas insuficientes y turnos sin cubrir en áreas especialmente vulnerables.
A estos déficits materiales se añade, según su versión, una inseguridad jurídica que habría llevado a muchos mandos a adoptar una actitud extremadamente cautelosa para evitar ser desautorizados posteriormente en tribunales.
Este doble reproche es el que el PP intenta recoger con su proposición de ley.
De hecho, el coordinador nacional de Emergencias del PP y consejero andaluz, Antonio Sanz, también acusa a Marlaska de «haber traicionado a los Cuerpos de Seguridad» y de «dejarles abandonados a su suerte».