La Oficina de Buenas Prácticas ha abierto un expediente por una «infracción muy grave» contra el ex director de Obras Públicas y el director de Conservación, tras castigar ilegalmente a Lorenzo Serena, enviándolo a trabajar en una nave después de que denunciara corrupción.
Fue desplazado a una nave en las afueras de Pamplona, separado de su lugar habitual de trabajo, castigado como un niño de cara a la pared, y ahora la Oficina de Buenas Prácticas de Navarra recupera su dignidad profesional y abre un procedimiento sancionador por «infracción muy grave» contra los dos altos cargos responsables: Pedro López Vera, ex director general de Obras Públicas, y Pablo González, director del Servicio de Conservación, ambos funcionarios en Cohesión Territorial durante la gestión de Óscar Chivite, tío de la presidenta regional.
Se trata del caso de Lorenzo Serena, secretario de la mesa de adjudicación de la obra pública para el desdoblamiento del túnel de Belate, la más costosa en la Comunidad Foral en los últimos 15 años: 76 millones de euros. Él fue quien primero detectó con sorpresa cómo una empresa pequeña y sin experiencia, Servinabar, logró de manera irregular, junto con el gigante Ibex Acciona, el contrato más importante de la región.
Denunció los hechos a principios de 2024. Expuso las maniobras del presidente del órgano, Jesús Polo, cuya carrera laboral fue prorrogada artificialmente por el Gobierno de María Chivite (PSOE-PSN), lo que favoreció que la oferta ganadora fuera la de Acciona-Servinabar-Osés. Posteriormente, tanto Serena como el interventor reportaron estas claras irregularidades ante la cámara parlamentaria navarra.
También interpusieron denuncias ante la Oficina de Buenas Prácticas, que determinó que no se habían cumplido los protocolos establecidos. Un año y medio después de la adjudicación, en junio de 2025, salió a la luz la verdad: la Unidad Central Operativa (UCO) descubrió que Santos Cerdán, antiguo líder del Partido Socialista navarro y mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, posee desde 2015 de forma secreta un 45% de Servinabar. Así, el conflicto de Serena, inicialmente una disputa entre funcionarios y sistema, se transformó en un asunto de Estado.
Tras casi tres décadas de carrera en el sector público, y asegurando nunca haber presenciado algo parecido a lo ocurrido en Belate, según declaró a EL MUNDO, fue citado nuevamente al parlamento navarro. En esta ocasión, los diputados que apoyan la mayoría de Chivite no se burlaron de él, sino que, presionados, intentaron refutar sus argumentos. Más o menos en ese periodo, Serena aceptó una nueva plaza administrativa, probablemente para ser apartado del departamento de Cohesión Territorial, donde había observado cómo las normativas se manipulaban, aparentemente bajo criterios políticos.
La plaza le fue asignada el 12 de mayo de 2025, justo cuando el caso Servinabar comenzaba a resonar públicamente. Tenía que incorporarse un mes después, sin embargo, seis días antes, el 6 de junio, le notificaron que no trabajaría en su habitual centro en Pamplona, sino en una nave apartada y solitaria de Landaben, en las afueras. Como relató a EL MUNDO, «los vigilantes se retiraban por las tardes y me dejaban completamente solo allí». Serena fue informado el 9 de junio, momento en el que lo acompañaron al lugar, y se negó rotundamente a desempeñar su labor allí. Presentó una denuncia.
La Oficina de Buenas Prácticas (OANA) ha determinado que la ubicación de la plaza, existente desde 2017, fue modificada justo seis días antes de que Serena la ocupara. Además, constató que no existían plazas jurídicas similares a la suya en ninguna otra nave de conservación de la Administración navarra.
El Gobierno de Chivite defendió, de manera sorprendente, que simplemente se trataba de una «reorganización» del servicio, pero en las declaraciones oficiales ante la Comisión Koldo del Parlamento navarro se puso en evidencia que esto era falso: explicaron que la intención fue «sacarlo del edificio», a Serena, debido al «mal ambiente» que había generado, supuestamente por haber denunciado irregularidades que ahora la OANA reconoce como claras.
«‘Sacar del edificio’ a un empleado que presentó una denuncia ante la OANA no puede considerarse una reorganización administrativa, sino un acto de represalia», afirma el órgano. La sanción aplicada podría variar entre 30.000 y 300.000 euros.