El Presidente advierte que responderá «con firmeza a las calumnias» dirigidas al PSOE y su Gobierno
El Gobierno se encuentra en una etapa de gran fragilidad, sin respaldo parlamentario que sostenga sus iniciativas, sin Presupuestos aprobados y enfrentando una serie de procesos judiciales por presunta corrupción que afectan directamente al PSOE y al entorno familiar del presidente. En este contexto, Pedro Sánchez, enfrentado a la línea que defendió durante la moción de censura contra Rajoy, a su propia responsabilidad política y a su estrategia de resistencia, ya no dispone de argumentos sólidos para defenderse más allá de victimizarse y recordar los escándalos de gobiernos anteriores.
Frente a un Congreso que oscila entre estar preocupado y escandalizado, el presidente emplea ambas tácticas y busca cubrir con los buenos indicadores macroeconómicos proporcionados por su nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, la avalancha de indicios que se investigan en los tribunales contra su partido y su círculo cercano.
Sánchez adopta además el papel de víctima propiciatoria y se presenta como un líder sometido a los ataques de las «élites en España», de «gobiernos sumamente poderosos» y de «tecnoligarcas que difunden basura«. Según él, para todos ellos su liderazgo, gestión y propuestas «son incómodas y molestas». Y todos tienen sus enlaces en el Partido Popular y en Vox.
Reitera que a estos actores «no les agrada que el Gobierno apruebe la reforma laboral, ni el incremento histórico del salario mínimo, ni la Ley de Amnistía para perdonar y afianzar la democracia«, ni que convierta los «avances sociales en su esencia», ni que «levante la voz ante el genocidio en Gaza y la vulneración del derecho internacional», ni que «rechace asignar un 5% del PIB a Defensa», ni que «promueva en las Cortes una ley para proteger a los jóvenes contra la desinformación, bulos e inmundicia presentes en redes sociales». «Todo esto», afirmó ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, «disgusta a las élites en España y a gobiernos muy poderosos del mundo».
Desde la oposición quisieron identificar rápidamente no solo a los grandes empresarios nacionales, sino también a EEUU, país que ha facilitado a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional el contenido del móvil incautado al empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo dueño de la aerolínea Plus Ultra, con datos muy comprometedores para el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Pedro Sánchez recuerda a todos estos adversarios que «el Gobierno se conforma con los votos de la ciudadanía y no con los atajos» que, en su opinión, PP y Vox intentan tomar con su colaboración.
El presidente sostiene que ha demostrado ser «firme en la respuesta a los casos de falta de ejemplaridad y corrupción» surgidos en sus filas, pero también advierte que lo será igual frente a «los infundios, a las insidias y mentiras» que se están difundiendo contra el Partido Socialista y el Gobierno.
Por su parte, la oposición se pregunta «dónde está esa contundencia» que Sánchez asegura aplicar para limpiar los casos de corrupción en su ámbito. Recuerdan cómo se encubrió y luego se negó la actividad de José Luis Ábalos y después la de Santos Cerdán, ambos señalados por Sánchez como sus lugartenientes en la dirección del PSOE; cómo «se protege y defiende» a imputados como Zapatero; cómo «se mienten y contradicen» respecto a las reuniones y contactos que mantuvo Leire Díez con varios dirigentes socialistas – entre ellos Santos Cerdán, Antonio Hernando, Mercedes González y Cristina Narbona – además de cómo se evita demandar a la fontanera que los implica, mediante whatsapps y anotaciones en una libreta, en una trama para bloquear las investigaciones de jueces y la Guardia Civil sobre las corruptelas socialistas.
En el seno del PSOE, no solo algunas personas expresan sorpresa por la inacción del partido respecto a Leire Díez, también hay quienes afirman, sin aportar detalles, que los servicios jurídicos de Ferraz llevan días analizando la posibilidad de presentar una querella contra ella. El más reciente en confirmarlo fue el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. No obstante, por ahora no se materializa. Esto permite a los populares insistir con firmeza que el PSOE no actúa contra la fontanera «porque no puede». En resumen, recalcan, «porque temen que Díez descubra todo«.
Fuentes de La Moncloa reconocen que las siglas P.S. en la agenda de Díez hacen referencia a Pedro Sánchez, pero descartan que eso comprometa al presidente, quien, aseguran, nunca mantuvo ningún encuentro con ella ni conocía sus «actividades». Para Feijóo, en cambio, estas anotaciones son determinantes porque, según dice, o bien «ánchez estaba al tanto de todo y en ese caso debe dimitir por corrupción«, o bien no sabía nada y, entonces, debe irse por incompetencia«.
Los populares apoyan la primera hipótesis y creen, como afirmó ayer su líder, que el presidente es el «promotor, financiador y beneficiario» de un «pequeño grupo de vigilancia» y, al igual que Feijóo, se preguntan «hasta cuándo Sánchez va a prolongar esta basura antes de dar voz a los españoles«.