Las claves
El expediente del ‘caso Zapatero’ involucra al expresidente como el núcleo central de una red dedicada al tráfico de influencias con China y Venezuela, vinculada a negocios relacionados con petróleo, oro y níquel.
La política exterior española bajo el liderazgo de Sánchez y Albares, enfocada en diversificar alianzas y fortalecer vínculos con los BRICS, ha generado tensiones con socios tradicionales como EEUU, Francia y la UE.
Las investigaciones judiciales sugieren que parte del rescate público destinado a Plus Ultra sirvió para blanquear fondos de origen venezolano, supuestamente con la intermediación de Zapatero.
Las operaciones sospechosas y la coincidencia entre intereses privados y la política oficial han provocado críticas desde Bruselas y Washington, que ponen en duda la estrategia española y su posicionamiento internacional.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido desarrollando una política exterior que el ministro José Manuel Albares ha definido como «una diplomacia con voz propia»:
Incluye el respaldo al Sur Global, el acercamiento a los BRICS, cuatro visitas presidenciales oficiales a China, el diálogo con el chavismo en Venezuela y el impulso para levantar sanciones, además de una postura particularmente crítica hacia Israel.
La Estrategia de Acción Exterior 2025-2028 lo establece como doctrina oficial: «Diversificación de alianzas», «multilateralismo inclusivo» y «autonomía estratégica» frente al tradicional «euroatlantismo».
Por lo tanto, fuentes diplomáticas se cuestionan si los frecuentes viajes de Pedro Sánchez a Pekín siguen un patrón similar al primer giro del PSOE bajo el actual presidente respecto a la Cuba de 2015, todavía bajo el mando de Raúl Castro.
En aquella ocasión, José Luis Rodríguez Zapatero, ya como expresidente, junto con su exministro Miguel Ángel Moratinos, obstructores del «deshielo» impulsado por la Administración de Barack Obama, dificultaron los intentos del equipo de Mariano Rajoy para restablecer la confianza con Washington.
Incluso en ese momento, las declaraciones públicas de Zapatero, afirmando que Cuba colaboraba fielmente con España en asuntos relacionados con ETA, «lo cual no ocurría», según fuentes diplomáticas, planteaban un panorama «esperanzador» para España. Sin embargo, la Casa Blanca solicitó explicaciones al Gobierno español sobre estas gestiones políticas.
Y Madrid no pudo ofrecer una respuesta contundente.
Este fue uno de los casos de «blanqueo» de regímenes que hoy Washington y la oposición española atribuyen al Ejecutivo de Sánchez, como ocurre en la Venezuela chavista.
¿Se trata de convicción o conveniencia? Cuando se trata de una postura personalista, tiene una dimensión; pero cuando afecta las relaciones de España con sus socios y aliados, adquiere otra completamente distinta.
Un escenario similar, o muy parecido, se repite una década después con la China de Xi Jinping. Fuentes diplomáticas cuestionan cuál podría ser la relación con los reiterados viajes de Sánchez a Pekín.
Si el objetivo fuera puramente económico, buscando inversiones, la incógnita aumentaría con las recientes revelaciones de las investigaciones judiciales: ¿existen negocios o comisiones de Zapatero que encajen con la política exterior española? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
La ‘trama ZP’
El efecto práctico ha sido una serie de tensiones acumuladas: mientras España se lanza como punta de lanza frente a los EEUU de Donald Trump, se convierte en una «puerta trasera» para la entrada de las grandes compañías de Xi Jinping en Europa.
Al mismo tiempo que acoge a cientos de miles de venezolanos provenientes de la diáspora provocada por el chavismo, se otorga el respaldo al nuevo embajador de Delcy Rodríguez, considerado un «falso opositor» según líderes democráticos, y a Timoteo Zambrano, denominado «alacrán» y aliado de José Luis Rodríguez Zapatero por más de una década en Caracas.
Ahora el expediente del caso Zapatero añade una nueva y compleja dimensión: los dos países con los que España ha roto más visiblemente la posición occidental son los mismos en los que el expresidente habría establecido una red de negocios con petróleo, oro, níquel y lobbies conectados al régimen chavista y al Partido Comunista Chino (PCCh).
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en un sumario que supera los 4.000 folios, describe a José Luis Rodríguez Zapatero como el «vértice» de una red de tráfico de influencias a nivel nacional e internacional, enfocada principalmente en Venezuela y China.
El sumario expone lotes de 50.000 toneladas de petróleo venezolano negociados con compradores chinos ligados al PCCh, concesiones exclusivas de minas de oro y níquel en el Arco del Orinoco y supuestos pagos de 2,6 millones de euros al expresidente mediante sociedades pantalla.
Esa correspondencia entre los intereses privados de Zapatero y la política oficial de Sánchez y Albares es lo que debilita el argumento oficial de la Estrategia de Acción Exterior, haciendo que el caso trascienda un escándalo de corrupción común.
«España apuesta por la diversificación de aliados en un mundo que sufre cambios de paradigma acelerados y sin precedentes», han declarado repetidamente fuentes de Exteriores a este medio, amparadas en ese documento.
El propio ministro Albares lo ratificó en su discurso más reciente en la Conferencia de Embajadores, en enero de este año: «Tener voz e identidad propia significa alejarse de cualquier seguidismo y mantenerse firme en la defensa de nuestra identidad, valores e intereses».
De Guaidó al ‘Delcygate’
El primer cambio significativo data de 2020. Sánchez había reconocido en 2019 a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en línea con sus socios europeos.
Sin embargo, ese mismo año, Zapatero, convertido en pieza clave dentro del sanchismo y mediador no oficial en Caracas, comenzó a construir los negocios que hoy investiga la Audiencia Nacional.
En enero de 2020, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez llegó de manera clandestina a Barajas: con el Delcygate se inauguró el primer Gobierno de coalición en España entre el PSOE y Podemos. Lo que parecía en su momento un mero escándalo oscuro, ahora adquiere otro significado conforme avanza la investigación y la prensa.
Albares asumió el Ministerio en julio de 2021 y, desde entonces, la política española hacia Venezuela se ha basado en la idea de un «diálogo» con el régimen de Nicolás Maduro, sin reconocimiento explícito ni condena al interlocutor.
Resultado tangible: en abril de 2026, el ministro invitó formalmente a Delcy —a pesar de las sanciones vigentes de la UE desde 2018 por violaciones de derechos humanos— a la Cumbre Iberoamericana en Madrid. Por esto, la Comisión Europea inició una investigación para determinar si dicha invitación quebrantaba la política común de sanciones.
El segundo giro fue hacia China. Desde 2022, Sánchez ha realizado cuatro visitas oficiales a Pekín.
En su última visita, en abril de 2026, firmó un «estatus de diálogo estratégico» que la UE había suspendido tras considerar a China un «rival sistémico». Semanas después, España se desmarcó de una iniciativa francesa destinada a fortalecer las defensas comerciales europeas frente a Pekín, sorprendiendo a socios como París y Roma.
Con los BRICS o «de los BRICS»
El 20 de enero de 2025, durante el primer día de la administración Trump, se le preguntó al presidente por la escasa contribución española a la OTAN. Su respuesta fue grabada: «España es una nación BRICS». Aunque aparentemente se trataba de un error, la imagen que procuraba transmitir no era del todo errónea.
Albares, de hecho, ha defendido con insistencia en su Estrategia un «multilateralismo inclusivo» con Brasil, India y Sudáfrica, promoviendo una «alianza global» de países que aún creen en el sistema de Naciones Unidas. España —explicó— debe fungir como un «puente» entre Occidente y el Sur Global, con una voz e identidad global propias, alejándose de cualquier tipo de seguidismo.
Esta estrategia se ha traducido en enfrentamientos directos con los dos principales actores del orden occidental. A Israel, Sánchez lo acusa de una «matanza indiscriminada de civiles inocentes» en Gaza, provocando la mayor crisis bilateral desde que se establecieron relaciones diplomáticas hace 40 años.
Con EEUU, el Gobierno negó el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones estadounidenses contra Irán. Paralelamente, Sánchez rechazó formar parte de una alianza nuclear europea, desvinculándose tanto del paraguas de Washington como del núcleo duro de la defensa europea emergente.
Hace un año, en la cumbre de la OTAN en La Haya, España fue el único aliado que objetó públicamente la meta del 5% del PIB en defensa. Marco Rubio, entonces secretario de Estado bajo Trump, trasladó a la OTAN la «decepción» de Washington ante la actitud española.
Empeño personalista
Numerosos líderes europeos han llegado a la conclusión incómoda de que Sánchez —y Albares como ejecutor— emplean la política exterior con fines de consumo interno.
Por ejemplo, la insistencia personalista del presidente en que el catalán sea reconocido oficialmente en la UE —»un compromiso personal mío que pronto será una realidad», prometió Albares en el Senado— ha agotado capital diplomático de España dentro de la UE.
A esto se suman las crecientes críticas desde Bruselas y Berlín por una legislatura completa sin Presupuestos, una decena de casos de corrupción activos y, recientemente, el uso cuestionable de los fondos europeos de recuperación.
El sumario del caso Zapatero sostiene ahora que parte del rescate público a Plus Ultra —53 millones de la SEPI— sirvió para blanquear fondos de procedencia ilícita venezolana.
El líder de los liberales del PPE en el Parlamento Europeo, el danés Henrik Dahl, resumía esta semana la creciente percepción entre los socios: «En cada caso, España sigue políticas que hacen a Europa menos segura. El común denominador es el fracaso al pensar estratégicamente el mundo tal como es».
Dahl enumeró cinco aspectos clave: la regularización masiva de inmigrantes, el apoyo limitado a Ucrania expresado solo en «palabras amables», el incumplimiento en el gasto en defensa, la hostilidad hacia Israel «tan unilateral que genera preguntas incómodas» y la negativa a reconocer a China como rival sistémico.
«Europa pasó décadas subestimando a Rusia», escribió. «Sería lamentable que uno de sus principales Estados miembros repitiera el mismo error con el socio principal de Rusia«.
«Intermediario obligatorio»
En este contexto, el sumario del caso Plus Ultra adquiere todo su peso político. El juez Calama describe a Zapatero como «intermediario obligatorio» para los envíos de crudo que el régimen de Maduro, a través de Delcy Rodríguez, disponía para sus compradores.
Esto coincide con una preocupación evidente dentro del Ministerio de Exteriores. Desde Washington hasta Bruselas, los líderes occidentales se miran entre sí y se reprochan la falta de preguntas sobre las violaciones de derechos humanos en Pekín.
«Esto es ‘realpolitik’, sin duda», reconoce un alto mando diplomático español, «pero la realpolitik también implica usar esa carta cuando conviene«. Lo mismo aplica para China que para el conflicto saharaui; «hoy Madrid difícilmente puede considerarse un defensor genuino de derechos y valores».
En enero de 2024, la empresa China International Cultural Technology Resources Group, vinculada al Partido Comunista, envió una carta de intenciones directamente a la «Oficina del presidente Zapatero» ubicada frente a la sede del PSOE, manifestando interés en comprar petróleo, gas y minerales venezolanos mediante contratos de hasta 20 años.
La UDEF documentó también que la trama buscaba obtener la concesión exclusiva para la comercialización del oro de Minerven —la empresa pública venezolana encargada de los yacimientos en el Arco del Orinoco— y referencias al «Proyecto Loma de Níquel», unos yacimientos de ferroníquel entre los estados de Miranda y Aragua.
Las conversaciones interceptadas emplean el código «amarillo» para el oro y «los del desierto» para los compradores emiratíes, mencionando a Héctor Silva, ministro venezolano de Minería a quien Delcy confió el control de todas las minas del país.
El juez Calama añade a todo esto facturas falsas, una sociedad offshore en Dubái creada apenas ocho días antes de aprobarse el rescate público y dos contratos con Huawei a nombre de las hijas del expresidente.
París y Washington, inquietos
Precisamente, Francia fue quien alertó, a través de su autoridad financiera, sobre operaciones sospechosas destinadas a transportar ocho toneladas de oro venezolano a Dubái, lo que motivó una comisión rogatoria desde París a Madrid.
Suiza rastreó los fondos que transitaban por el banco MBaer, señalado por el Tesoro de EEUU por blanqueo
Es decir, los primeros en advertir sobre la trama fueron Francia y Estados Unidos. Ambos gobiernos forman, además, parte de los más molestos con la política exterior española «con voz propia» en los últimos años.
París, por el acercamiento a Pekín y el veto español a las defensas comerciales comunitarias; Washington, por su alineamiento implícito con el relato venezolano y los desplantes con Rota y Morón.
El «multilateralismo inclusivo» con Pekín y el «diálogo equilibrado» con Caracas cuentan ahora con un sumario en la Audiencia Nacional que les otorga un sentido distinto.