La fiscal encargada del caso Plus Ultra ha solicitado al juez Calama que disponga la obtención de más información referente a estos bienes de lujo. El Ministerio Público sospecha que su valor supera los 1,3 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una extensión del análisis sobre las joyas valoradas en millones que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tenía guardadas en una caja fuerte dentro de su despacho oficial en la calle Ferraz, Madrid.
Fuentes fiscales informan a EL MUNDO que la fiscal del caso Plus Ultra, Elena Lorente, ha enviado un escrito al magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama para que ordene a la joyería Ansorena ampliar el peritaje gemológico de las piezas, cuya tasación preliminar fue de 1,3 millones de euros.
El Ministerio Público pretende despejar dos cuestiones que considera sin respuesta en el informe inicial de la casa de subastas. Por una parte, intenta obtener el valor de mercado actual de las joyas (Anticorrupción sospecha que el precio real del conjunto supera la valoración provisional de 1,3 millones que ofreció Ansorena). Por otra, busca precisar cuándo fueron ensambladas esas piezas de alta joyería. En suma, la fiscal solicita que el juez amplíe el estudio para que los expertos gemológicos determinen la fecha en que se montaron las joyas incautadas el 19 de mayo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de este proceso por corrupción.
Entre las numerosas joyas que el ex presidente y ex secretario general del PSOE almacenaba en una caja fuerte de su despacho en Madrid destacan esmeraldas, rubíes y zafiros con alto valor económico. Entre ellas, un collar de oro blanco recubierto de diamantes y rematado con «dos esmeraldas naturales» de Zambia, tasado por Ansorena en 278.000 euros. También había otro collar de oro blanco de 18 quilates con «13 zafiros» procedentes de Tailandia y diamantes, valorado en 220.000 euros, así como un tercer collar con rubíes naturales y brillantes valorado en 155.000 euros.
Al emitir su valoración en junio, la casa Ansorena —que requirió la ayuda del Instituto Gemológico español— explicó que las tasaciones de las 103 piezas corresponden a su «valor de reposición». Esta cifra se emplea comúnmente «para la inclusión de las joyas en pólizas de seguro» y, por ende, refleja «precios moderados». La joyería también aclaró que los márgenes comerciales varían entre establecimientos y que estas cifras podrían «diferir respecto a los valores medios de mercado».
Cuando Zapatero fue citado como imputado para declarar en la Audiencia Nacional el 17 de junio, se negó a explicar judicialmente el origen de las joyas. Este silencio, mantenido durante semanas, representa para los investigadores un «indicio muy sólido» contra el acusado, quien hasta ahora no ha podido demostrar la procedencia legal de las piezas.
Fuentes del caso recuerdan que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recogida en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, sostiene que el silencio del acusado puede reforzar las pruebas de criminalidad. «El Convenio Europeo no prohíbe considerar el silencio para declarar culpable a un acusado, salvo que la condena se base exclusivamente o principalmente en dicho silencio. Los tribunales nacionales establecieron una serie de pruebas convincentes que sustentan la culpabilidad y el rechazo del demandante a explicar el origen del dinero, ante la necesidad de una explicación por su parte, sirvió solo para fortalecer esas pruebas», sentenció la Corte de Estrasburgo en el caso Zschüschev contra Bélgica.
En una entrevista con TVE, Zapatero comentó que las joyas fueron un «regalo de cortesía» y que «simplemente estaban allí». Añadió que «no tenían ni uso ni destino, ni se había pensado en ellas, ni en el valor atribuido, que por cierto será sometido a contradicción».
Tras recibir la tasación preliminar de Ansorena, que cifra en 1.323.915 euros el valor de las piezas, el juez Calama abrió rápidamente una pieza separada para investigar al ex líder del PSOE por fraude fiscal y contrabando. El magistrado justificó que la posesión de bienes de lujo de alto valor, junto con la falta de registro fiscal sobre su adquisición, constituye «un indicio objetivo y razonable de posible defraudación tributaria relevante, puesto que la compra de joyas de dicho valor genera obligaciones fiscales, ya sea en IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o IRPF, según el tipo de negocio jurídico».
En ese auto, Calama también señaló que la conducta de Zapatero podría encajar en un delito de contrabando conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, «dado que la entrada, posesión o traslado en territorio nacional de joyas con un valor global de aproximadamente 1.323.915 euros, sin la acreditación del pago de derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, es un indicio objetivo de que estos bienes pudieron haber ingresado al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo las inspecciones y obligaciones fiscales pertinentes».
Actualmente, el magistrado está pendiente de responder a la nueva solicitud de diligencias presentada por Anticorrupción en relación con las joyas de Zapatero.