Las claves
Este viernes, España dará inicio al procedimiento para retirar a Gibraltar de su listado de paraísos fiscales tras 35 años.
Esta determinación ocurre antes de la entrada en vigor definitiva del Tratado post-Brexit sobre Gibraltar, que todavía debe ser ratificado por varios parlamentos.
El Ejecutivo de Gibraltar considera que la clasificación como paraíso fiscal fue injustificada y celebra esta acción como un avance positivo para la cooperación y el sector financiero.
La armonización fiscal entre Gibraltar y España será progresiva y probablemente requerirá al menos tres años, conforme a lo acordado.
Tras 35 años, España ha decidido eliminar a Gibraltar de su listado de paraísos fiscales.
La resolución está tomada, pero, como en ocasiones anteriores desde que comenzaron las negociaciones del nuevo Tratado post-Brexit, ha sido la colonia británica en suelo español la que ha dado a conocer la noticia, no el Gobierno de Pedro Sánchez.
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo gibraltareño, el Ministerio de Hacienda, liderado por Arcadi España, publicará este viernes la orden ministerial mediante la cual el Peñón será removido de la lista española de «jurisdicciones no cooperativas». Este decreto estará abierto a consulta pública durante siete días.
El documento, según esas fuentes, elimina a Gibraltar del listado establecido por la Orden HFP/115/2023 (última actualización de la lista), argumentando que «ya cumple con los criterios de transparencia fiscal y equidad tributaria requeridos por la legislación española».
Aunque España está cerca de adoptar una decisión definitiva que probablemente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el Tratado aún no ha sido implementado.
De hecho, cuando entre en vigor (el 15 de julio), será de forma provisional. Además, en ese momento la colonia aún no habrá comenzado su alineación con las normas fiscales europeas.
Lo paradójico es que este giro ha sido mantenido en reserva por Moncloa y por el nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, de manera similar a lo ocurrido con la divulgación del Tratado en febrero pasado.
Picardo da la «bienvenida»
La acción del Gobierno se produce 35 años después de que el Real Decreto 1080/1991 catalogara por primera vez a Gibraltar como «paraíso fiscal», bajo la Administración de Felipe González.
Dicha clasificación ha persistido ante todas las revisiones de la lista española desde entonces.
Para la colonia, esto representa una reparación largamente demandada e incluso motivo de molestia tras la ratificación de esta etiqueta en 2023, durante las negociaciones.
«Es un paso esperado durante mucho tiempo y muy positivo proveniente de España», celebra el ministro principal, Fabian Picardo, en un comunicado.
Destaca que el calificativo de paraíso fiscal «fue injustificado cuando se aplicó en 1991 y se volvió cada vez más difícil de defender» con el paso del tiempo.
El Gobierno de Gibraltar subraya que está en la ‘lista blanca’ de la OCDE desde 2009 y que «nunca ha figurado en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas», sugiriendo implícitamente que España usó esta excepción como estrategia negociadora.
Además, fuentes del Ejecutivo de la colonia reprochan al Gobierno español que en el Acuerdo Internacional [entre el Reino de España y el Reino Unido] respecto a Gibraltar, de 2021, Madrid se comprometió a eliminar al Peñón de la lista en dos años, pero «ese plazo no se cumplió».
Picardo celebra que ahora «la publicación del proyecto de Orden cumple con ese compromiso y corrige la narrativa». Y concluye: «Lo relevante es que España está actuando en consecuencia. Supone una buena noticia para Gibraltar, nuestro sector financiero y para las numerosas empresas y ciudadanos en ambos lados de la frontera”.
Contradicciones
El Tratado, en cualquier caso, aún está en fase inicial: sigue pendiente la aprobación del Parlamento Europeo y los trámites internos en Reino Unido, con la revisión del Parlamento de Westminster. Hasta que estos pasos no se completen, el acuerdo solo tendrá vigencia provisional.
En este escenario, resulta contradictoria la decisión del ministro España, tomada de forma previa y definitiva, como una estrategia política para facilitar la aceptación de un texto controvertido de más de 1.180 páginas que aún puede ser bloqueado, especialmente ante el rechazo del principal partido opositor, el PP de Alberto Núñez Feijóo, de gran influencia en el PP Europeo.
El Ejecutivo fundamenta su posición en la idea de «paquete»: acuerdo fiscal de 2021, tratado UE-Reino Unido, apertura de la Verja y salida de la lista. Sin embargo, adelanta la recompensa de retirar la etiqueta fiscal sin esperar a verificar en la práctica el cumplimiento del tratado ni a que se ratifique en todos los parlamentos implicados.
La fecha provisional de inicio, el 15 de julio, ya representa un retraso respecto al 10 de abril inicialmente planteado. La decisión fue política y técnica de los Veintisiete al constatar que la revisión jurídico-lingüística del documento y las formalidades para su firma no estarían listas a tiempo.
Sin obligación
Además, el Tratado UE-Reino Unido sobre Gibraltar no contiene disposición que obligue a España a eliminar al Peñón de su lista de «jurisdicciones no cooperativas». El texto aborda aspectos de fronteras, Schengen, cooperación policial, judicial y migratoria.
Respecto a la fiscalidad, la parte más compleja del extenso documento, establece un concepto de nivelación de condiciones (level playing field) y «lucha contra el blanqueo».
La Unión Europea tampoco tiene autoridad sobre la soberanía española en esta materia. En consecuencia, la lista española de paraísos fiscales sigue siendo una competencia interna de Madrid.
Esta relación se basa en criterios de la OCDE y de la ‘lista negra’ de la UE, pero no se limita a replicarlos. Hacienda incluye o excluye países y territorios según su nivel de transparencia, si cuentan con convenios de intercambio de información y si ofrecen o no regímenes de baja o nula tributación sin actividad real.
Así, la exclusión de Gibraltar de ese listado se enmarca como un gesto más similar a otras concesiones previstas en el Tratado.
Entre esas, se incluye el reconocimiento de hecho de las aguas jurisdiccionales gibraltareñas y la soberanía británica sobre el istmo en materia de seguridad. Esto implica que un policía español debe pedir autorización para perseguir a un delincuente que cruce la frontera hacia Gibraltar.
Al menos, tres años
El Tratado contempla que Gibraltar alcance una convergencia fiscal con España y, por tanto, con la UE, pero este proceso no se implementará de inmediato, sino que se plantea como gradual.
En sus intervenciones, José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha detallado que el Peñón deberá aplicar un impuesto indirecto equiparable al IVA, que comenzaría en torno al 15% desde la entrada en vigor, acercándose a los tipos europeos en un mínimo de tres años.
Este plan no es definitivo. Dependerá de decisiones políticas que se tomarán en un Consejo de Cooperación, establecido tras la entrada en vigor del tratado. Este órgano mixto será el encargado de activar, mediante acuerdo, la plena adopción de las normas fiscales europeas en Gibraltar.
En otras palabras, cuando el Gobierno español comienza a eliminar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales, la convergencia fiscal que justifica esta decisión aún existe sólo en teoría. El nivel de igualdad está comprometido, pero no plenamente alcanzado.
PP: «Es paraíso fiscal»
Ildefonso Castro, secretario de Internacional del PP, resume a EL ESPAÑOL: «Gibraltar ha sido y sigue siendo un paraíso fiscal. Este es la base de su modelo económico que debe proteger a toda costa».
Los populares advierten que este movimiento confirma su acusación de «falta de transparencia» por parte del Gobierno de Sánchez.
Castro afirma que «la fiscalidad de Gibraltar es el principal obstáculo para la supuesta ‘prosperidad compartida’, que aún está por demostrarse».
Y respalda el mensaje de Juanma Moreno: «Como señaló el presidente de la Junta de Andalucía, ‘la verja que debe caer es la invisible: la fiscalidad’. Las grandes diferencias fiscales dificultan el progreso del Campo de Gibraltar».
El dirigente del PP también cuestiona el papel de Bruselas. «La UE dejó de considerar a Gibraltar paraíso fiscal mediante un procedimiento cuestionable, como paso previo al acuerdo UE-Reino Unido. No podían llegar a un pacto con una jurisdicción oficialmente catalogada como paraíso fiscal», recuerda.
No es la primera vez que el PP critica al Gobierno por colaborar con Londres y Gibraltar sin informar al Parlamento. Ya reprocharon a Sánchez por «malograr la ventaja soberana» que España obtuvo con el Brexit y por «evitar al Congreso» durante la presentación de las primeras versiones del tratado.
Moncloa ocultó la fecha de entrada en vigor y el contenido hasta que Londres y Picardo comenzaron a revelar detalles. El texto completo fue inicialmente publicado solo en inglés, con acceso previo en Bruselas y Gibraltar antes que en el Congreso.
El encuentro oficial entre Albares y Fabian Picardo en el Palacio de Viana, el primero en la historia en la sede de Exteriores, fue anunciado desde Gibraltar y no desde Madrid. Actualmente, los populares se han enterado de la exclusión de Gibraltar de la lista de paraísos fiscales a través de la prensa.
OCDE, UE y España
Añadir un territorio al listado español requiere una orden ministerial fundamentada, sustentada en informes de la Agencia Tributaria y evaluaciones de organismos como el Foro Global de Transparencia.
Excluir a la colonia británica, de igual manera, demanda demostrar lo opuesto: que se firmó y se ha aplicado un acuerdo de intercambio de información reforzada, que las normas están alineadas con los estándares de la OCDE, y que no existe opacidad ni dumping fiscal evidente.
El Peñón permaneció en la lista de paraísos fiscales incluso cuando la OCDE lo incorporó a su ‘lista blanca’ en 2009. Asimismo, cuando la UE elaboró su propia ‘lista negra’ en 2017, tras el referéndum del Brexit, decidió no incluir a la colonia para no dificultar una negociación que se anticipaba prolongada.
Esta situación ha persistido por casi una década, durante la cual España no modificó su postura en absoluto, ni tras negociar el acuerdo fiscal bilateral de 2021, ni en 2023 al preparar su listado vigente.
El Tratado UE-Reino Unido sobre Gibraltar no es obligatorio, es provisional y la igualdad de condiciones no se prevé hasta 2029, como pronto. La medida adoptada este viernes por Arcadi España es una decisión soberana del Gobierno español.