Las claves
Una gestoría ubicada en Madrid, Parra y Delgado, canalizaba transferencias vinculadas al petróleo venezolano relacionadas con el ‘Grupo Zapatero’ y el PSOE.
Carlos Alberto Parra Delgado, responsable de Softgestor SL, está señalado como testaferro de Francisco Flores Suárez, un banquero chavista implicado en operaciones de financiación ilegal.
Las empresas dirigidas por Parra Delgado movieron cientos de miles de euros, incluyendo 145.200 euros que llegaron al entorno de Zapatero, y están siendo objeto de investigaciones por pagos a compañías ligadas a la financiación ilícita del PSOE.
La investigación judicial identifica a la gestoría como un elemento esencial en una red internacional destinada a canalizar fondos procedentes del petróleo venezolano, con vínculos al entorno de Nicolás Maduro y figuras destacadas del chavismo.
Una modesta gestoría en Madrid, situada en el distrito de Hortaleza, intermediaba los pagos provenientes del petróleo venezolano relacionados con el ‘Grupo Zapatero‘ y el PSOE.
Carlos Alberto Parra Delgado, nacido en 1990, es el joven empresario venezolano radicado en Madrid que lleva la gestoría Parra y Delgado, ubicada en el número 17 de la calle Mar de Kara.
Su compañía, Softgestor SL, aparece en la orden del juez José Luis Calama debido a los pagos efectuados a Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores la persona de máxima confianza de José Luis Rodríguez Zapatero.
El gestor Parra Delgado actuaba como testaferro de Francisco Flores Suárez, el banquero chavista declarado fallecido, vinculado al sobre entregado por Víctor de Aldama en relación con la financiación ilegal del PSOE.
Parra Delgado atendió a EL ESPAÑOL este jueves frente a su oficina tras los registros realizados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Negó tener relación alguna con la red y afirmó: «Me sorprendió muchísimo enterarme».
Desde su gestoría en Hortaleza y su residencia en Colmenar Viejo, Parra Delgado gestionó cientos de miles de euros relacionados con el petróleo venezolano, entre ellos 145.200 euros destinados al ‘Grupo Zapatero’.
Fuentes del caso han confirmado a EL ESPAÑOL que las compañías registradas a nombre de Parra están siendo investigadas debido a otros pagos de varios cientos de miles de euros a entidades implicadas en la financiación ilegal del PSOE.
En su círculo más próximo, vecinos y comerciantes del barrio lo describen de distintas maneras. Tanto él como su hermano, Carlos Alfonso, son conocidos en el vecindario.
En un bar cercano a su gestoría, lo definen como «muy formal y educado».
En su anterior edificio en Colmenar Viejo, donde residió con su familia, varios vecinos aseguran que los Parra son «personas extraordinarias».
Otros, en cambio, señalan que «parecía llevar un estilo de vida más alto de lo habitual» y recuerdan que mencionaba contactos políticos.
Los vecinos muestran cierta reserva para hablar sobre los Parra ya que, según su opinión, «son personas excepcionales«: «Confiaría plenamente en ellos«.
Se mudaron hace años. El padre, Carlos también, «se trasladó al norte«, comentan los vecinos a EL ESPAÑOL; además confirman que numerosas notificaciones bancarias continúan llegando a esa dirección.
Lo que a primera vista parecía una sencilla gestoría de barrio, en la investigación judicial, es una pieza fundamental en la canalización de fondos.
Calama, en su resolución, identifica a Parra Delgado como administrador formal de sociedades que habrían servido para canalizar fondos relacionados con operadores petroleros en Venezuela.
Las 12 empresas
La clave para comprender la función atribuida a Parra Delgado reside en Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano considerado por los investigadores como el verdadero dueño de Softgestor SL y Apamate Corporate And Trust SL.
Formalmente, Parra era el administrador único de ambas empresas, y poseía el 65% de las participaciones de Softgestor. No obstante, la documentación judicial afirma que la toma de decisiones correspondía a Flores.
La investigación indica que Julio Martínez Martínez no negociaba contratos con Parra, sino con Francisco Flores.
Los borradores de los contratos se enviaban al empresario venezolano, quien decidía qué sociedad debía figurar como firmante.
En octubre de 2020, Flores gestionó inicialmente un contrato con los datos de Apamate Corporate And Trust, otra empresa administrada por Alberto Parra. Días después, cambió su decisión y sustituyó esa entidad por Softgestor SL.
Para los investigadores, esta acción evidencia que las sociedades gestionadas por Parra eran intercambiables, funcionando como instrumentos operativos diseñados por terceros.
Softgestor realizó dos transferencias a Análisis Relevante por un total de 145.200 euros. La primera, de 72.600 euros, se efectuó el 30 de octubre de 2020 y la segunda el 16 de septiembre de 2021.
Ambos pagos se respaldaron con un contrato firmado el 30 de julio de 2020 que estipulaba un pago de 120.000 euros más IVA por informes mensuales sobre la situación política, económica y social a nivel internacional.
La implicación de Parra abarca además otras sociedades españolas. En total, tiene cargos oficiales en 12 empresas.
Entre ellas está Restaurante Mamaxita SL, con sede en Tenerife, dedicada al sector de la restauración y con un volumen de facturación cercano a los 400.000 euros.
También figura Sweet Ink Tattoo SL, enfocada en actividades de belleza y tatuajes, que presentó cuentas en 2022 y 2023.
Otra empresa es Vallenilla Escalante y Asociados Soluciones Integrales Internacionales SL, especializada en consultoría y asesoría empresarial, con escasa actividad declarada en los ejercicios presentados.
Parra también aparece como apoderado solidario de FVF Operaciones Globales SL, vinculada al ámbito deportivo y a la organización de eventos.
En esta compañía figura Óscar Cunto André, señalado como un actor relevante en el entorno jurídico de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y estrechamente ligado a Jorge Giménez, mano derecha de Delcy Rodríguez en la venta irregular de crudo de PDVSA.
Se suman también P&D Business Development and Advisory Services SL, Trodat Investment SL y HC Orinoco Holding SL, todas ellas con capital social reducido y sin antecedentes financieros relevantes, bien por su reciente constitución o por la ausencia de presentación de cuentas.
El listado se completa con Custom Cargo SL, Softgestor SL, Apamate Corporate And Trust SL, Saglio Development SL y Distribuidora Adelmar 2020 SL.
Varias de estas empresas comparten direcciones sociales, activos limitados y escasa actividad declarada. Este patrón alimenta la teoría de los investigadores, según la cual Parra no sería el propietario real de la operativa, sino la cara administrativa de una red controlada desde el entorno de Flores.
La clave petrolera
La pesquisa iniciada hace dos años en la Audiencia Nacional trasciende ampliamente el caso Plus Ultra. El petróleo venezolano se configura como el eje que une a empresarios, compañías españolas, intermediarios del chavismo y a Rodríguez Zapatero.
Calama, en su auto, sostiene que el círculo del expresidente empleó sociedades en España para canalizar recursos procedentes de operaciones internacionales relacionadas con el petróleo y el oro venezolanos.
En esa estructura aparece Softgestor, la gestoría gestionada por Parra Delgado, junto con nombres como Delcy Rodríguez, Alex Saab, Francisco Flores, Jorge Giménez y Óscar Cunto André.
Víctor de Aldama, en su declaración ante la Audiencia Nacional, indicó que Flores tenía licencia para operar con cupos de petróleo venezolano. Según su testimonio, formaba parte de una red que usaba para comerciar crudo de PDVSA en el extranjero.
El conocido como «sobre de Aldama» contenía documentos sobre una operación de 250 millones de dólares vinculada a seis millones de barriles de crudo Boscán.
Según la resolución reciente de Calama, los compradores interesados en cargamentos de crudo debían enviar cartas de intención a la «Oficina del Presidente Zapatero». Para el juez, este requisito funcionaba como un peaje político para acceder al negocio petrolero venezolano.
Las comunicaciones intervenidas incluyen conversaciones sobre la asignación de barcos y la desbloqueo de operaciones. En una de ellas, se menciona una reunión con «La Dama» y el «Ministro del Petróleo». Los investigadores identifican a «La Dama» como Delcy Rodríguez.
En ese entramado se encuentra Alex Saab, considerado durante años uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro. Según autoridades estadounidenses, su red se utilizó para mover dinero de contratos públicos y evadir sanciones internacionales.
El nexo español estaría en las empresas investigadas. Softgestor, bajo la administración de Parra, abonó pagos a la compañía ligada al entorno de Zapatero.
Apamate, también gestionada por Parra, contaba con Óscar Cunto André como apoderado, una persona próxima a Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.
Giménez está bajo investigación por un entramado asociado a PDVSA que habría defraudado hasta 1.200 millones de dólares. La UCO también encontró mensajes en los que Aldama solicitaba dinero para «seguir alimentando la máquina».
La entrega de 80.000 dólares en efectivo se habría producido el 18 de junio de 2020, según los informes aportados a la causa.
El resultado es un mapa de conexiones que une Madrid, Caracas, PDVSA y el entorno del expresidente Zapatero.
En ese mapa, Parra Delgado ocupa un papel discreto pero clave: el de administrador que facilitaba sociedades españolas para una operativa cuyo control real atribuyen los investigadores a Francisco Flores.
La causa se encuentra aún en fase de instrucción. Ninguna acusación ha sido demostrada en juicio.
Sin embargo, la aparición de Parra y sus empresas abre una vía clara para rastrear el dinero. Además, sitúa a una gestoría de Hortaleza en el centro de una trama que, según los investigadores, va más allá de Plus Ultra, involucrando directamente al petróleo venezolano.