Las claves
Junts intensifica su discurso respecto a la inmigración y regularización debido al ascenso de Aliança Catalana, que ahora supera su intención de voto en Cataluña.
El partido liderado por Puigdemont se alinea con PP y Vox en solicitar datos y transparencia sobre la ley de nietos y la regularización masiva de extranjeros.
La formación de Junts ha presentado peticiones para conocer el efecto demográfico y electoral de las recientes nacionalizaciones, reclamando datos detallados por país y provincia.
La coincidencia de Junts con PP y Vox en votaciones esenciales pretende detener la fuga de votantes hacia la nueva derecha radical y fortalecer su identidad en Cataluña.
Junts ha adoptado una postura más defensiva en su estrategia frente al avance de Aliança Catalana, la fuerza ultra de Sílvia Orriols que ya supera su intención de voto en Cataluña.
El barómetro del CEO junto a otras encuestas publicadas esta semana confirman este sorpasso y consolidan a Orriols como una alternativa principal en la derecha independentista, mientras el partido de Carles Puigdemont sufre un desplome.
En esta situación, Junts ha decidido agudizar su discurso sobre inmigración y demografía, lanzándose a una ofensiva contra lo que denominan el «descontrol» de la llamada ley de nietos y la regularización masiva de extranjeros.
El propósito es retomar el protagonismo en un ámbito en el que Orriols ha cimentado su discurso, de carácter claramente antiislamista, y evitar seguir perdiendo votantes hacia esta nueva derecha radical.
La ofensiva de Junts se suma a la del Partido Popular, aunque con una forma de plantearlo distinta a la de Vox.
Mientras la formación de Santiago Abascal mantiene un discurso de alarma y rechazo frontal, Junts y el PP centran su denuncia en la «opacidad» del Gobierno y la «falta de información sobre el impacto demográfico y electoral» derivado de estas nacionalizaciones y regularizaciones.
Este acuerdo táctico se refleja en iniciativas parlamentarias, no coordinadas pero coincidentes, que demandan datos claros y transparencia.
Así, Junts busca distinguirse tanto de la extrema derecha catalana como de Vox, presentándose como la fuerza que, desde su posición de ruptura con el «incumplidor» Pedro Sánchez, pide planificación y control institucional ante «uno de los mayores cambios demográficos recientes».
La diputada de Junts en el Congreso, Marta Madrenas, ha registrado múltiples solicitudes de datos, informes y documentos dirigidas a los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior, muy similares a las que impulsa Ester Muñoz, portavoz del PP.
En estas solicitudes, la formación independentista requiere información detallada sobre los expedientes de nacionalidad tramitados bajo la Ley de Memoria Democrática, su disposición adicional octava, conocida como ley de nietos, y sobre el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras.
Junts exige saber cuántas solicitudes de nacionalidad se han presentado, cuántos expedientes fueron aceptados, cuántos resultaron favorables, denegados y cuántos permanecen pendientes, además del número de inscripciones hechas en el Registro Civil.
De igual modo, requiere que estos datos se desglojen por país de residencia de los solicitantes, con el objetivo de «medir el impacto en Cataluña y en el resto del Estado».
Madrenas también pide cifras detalladas sobre el proceso de regularización masiva: cantidad de solicitudes y expedientes gestionados, resultados de las resoluciones y distribución por nacionalidades.
Junts pretende conocer cuántos nuevos residentes estarán sujetos a los plazos establecidos en el artículo 22 del Código Civil para solicitar la nacionalidad por residencia.
Además, solicita estudios y proyecciones demográficas que avalen estas políticas, que por ahora el Gobierno no ha hecho públicas.
Otra serie de preguntas se centran en el funcionamiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y en la asignación del municipio y la provincia de los nuevos españoles, una exigencia de transparencia avalada ahora por la Junta Electoral Central.
Junts demanda saber si la asignación del municipio propuesta por cada beneficiario de la ley de nietos es automática, si la Administración realiza una revisión, quién decide la adscripción final y cuántas reclamaciones se han presentado desde 2022.
Provincia a provincia
Paralelamente, el Partido Popular ha abierto otra línea de presión sobre el Gobierno en este mismo ámbito.
Como adelantó EL ESPAÑOL, el PP alerta de que la aplicación de la llamada ley de nietos permite a cientos de miles de nuevos españoles elegir la circunscripción en la que votarán, lo que podría modificar el mapa electoral en provincias clave sin que el Ejecutivo haya aclarado el alcance de este fenómeno.
Los populares han presentado iniciativas para que el Gobierno facilite datos provincia a provincia sobre cuántos nuevos electores vinculados a la Ley de Memoria se han inscrito en cada censo.
La dirección de Alberto Núñez Feijóo señala que la combinación de nacionalización masiva y la libertad para elegir circunscripción «puede distorsionar la representación territorial si no se gestiona con transparencia y reglas claras».
El PP sostiene que no cuestiona el derecho de estos descendientes a obtener la nacionalidad, sino «la manera en que el Gobierno gestiona su integración en el sistema electoral».
La inquietud es doble: por la influencia que estos nuevos electores pueden ejercer en ciertos escaños y la posibilidad de que la elección de provincia se utilice para fortalecer mayorías en determinadas regiones.
La aproximación de Junts a la postura del PP refuerza la percepción de convergencia entre ambas formaciones en esta batalla demográfica y electoral. Aunque sus objetivos difieren, coinciden en criticar al Gobierno por la falta de información y el manejo arbitrario de la ley de nietos y la regularización extraordinaria.
Esta cooperación no es novedosa en el Congreso. Junts ya ha votado en varias ocasiones junto a PP y Vox para pedir el fin anticipado de la legislatura, con el convencimiento de que la mayoría que llevó a Sánchez a La Moncloa está agotada.
Intereses compartidos
La estrategia de los independentistas consiste en bloquear las iniciativas principales del Ejecutivo y forzar un adelanto electoral que, a su juicio, podría brindarles mayor margen de acción.
Esta semana la alianza se ha manifestado con especial contundencia. Como avanzó EL ESPAÑOL, Junts se ha unido a PP y Vox para tumbar la senda de déficit que el Gobierno pretendía enviar a Bruselas y para rechazar el rescate financiero de RTVE, incluido en un decreto que convertía en dinero público los 941 millones de deuda de la corporación con Hacienda.
La votación obligará al Ejecutivo a presentar una nueva senda de estabilidad si quiere seguir adelante con los Presupuestos, dejando a la televisión pública al borde de la disolución.
Junts justifica estos movimientos como reacción a «los reiterados incumplimientos de compromisos» y a su compromiso único de «aprobar lo que beneficie a Cataluña» en las Cortes españolas.
Sin embargo, se acerca cada vez más a PP y Vox en votaciones clave, al tiempo que intenta mantener una identidad propia para frenar el avance de Aliança Catalana y retener su electorado con iniciativas sobre inmigración.
La confrontación contra la ley de nietos y la regularización masiva se convierte así en el último frente de esta estrategia.
A la espera de que la sentencia del TJUE sea aplicada por el Supremo y el Constitucional, y de contar con la posible vuelta de Puigdemont, Junts lucha por sobrevivir exigiendo cuentas a Sánchez por decisiones que pueden condicionar a Cataluña.