Las claves
El PP acusa al Ejecutivo de ejecutar un «fraude» al ratificar el tratado sobre Gibraltar sin someterlo a examen y votación en las Cortes.
Los populares critican que el pacto beneficia los intereses de Londres y Gibraltar, suprime la Verja y mantiene la soberanía británica.
El PP juzga insuficientes las garantías relacionadas con fiscalidad, supervisión de la base militar y protección de los trabajadores, además denuncia falta de transparencia en las inversiones para la región.
El partido denuncia «opacidad» en la aplicación provisional del tratado y censura al Gobierno por su “menosprecio” hacia las instituciones parlamentarias.
El Partido Popular ha decidido intensificar al máximo su ataque contra el tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, así como contra la «autoexclusión» del Gobierno de Pedro Sánchez. Según el PP, esta maniobra buscaba «eludir el debate y la votación en las Cortes».
Fuentes del liderazgo popular acusan al Gobierno de cometer un «fraude» político y legal al implementar el acuerdo sin la supervisión del Parlamento. Los populares argumentan que el contenido del texto encaja en el marco del artículo 94.1 de la Constitución.
Consideran que el texto afecta a aspectos políticos, a derechos y obligaciones de los españoles y al régimen fronterizo, por lo que debería haberse sometido a debate y votación tanto en el Congreso como en el Senado.
No obstante, la crítica supera el ámbito del procedimiento.
El PP señala que el Ejecutivo ha «malgastado» la ventaja que España poseía tras el Brexit para presionar sobre la soberanía de la colonia británica en suelo español y ha consolidado un statu quo más favorable a Londres y Gibraltar.
«Más favorable a Londres»
La dirección de Alberto Núñez Feijóo enfatiza que España se ha «autoexcluido» del tratado.
Se subraya que el acuerdo se firma formalmente entre la UE y el Reino Unido, mientras el Gobierno insiste en que se trata de un pacto «exclusivamente UE, para evitar que sea calificado como acuerdo mixto«, lo cual hubiera requerido la aprobación parlamentaria.
Desde Génova remarcan que el Reino Unido y Gibraltar obtienen un régimen «más ventajoso» que cuando Londres formaba parte de la Unión.
Disfrutan de la eliminación de la Verja, de su integración funcional en Schengen y de la continuidad de su modelo económico, mientras la reivindicación española sobre la soberanía queda congelada.
¿Prosperidad compartida?
Los populares también cuestionan la gran promesa política de Moncloa: la «prosperidad compartida» para toda la comarca.
Advierten que el tratado reitera esa idea, pero «no establece inversiones concretas, programas específicos ni transferencias aseguradas» para el Campo de Gibraltar.
Este miércoles, Pedro Sánchez buscaba precisamente la imagen de ese nuevo ciclo. El presidente asistió a la ceremonia de derribo de la Verja, acompañado por autoridades locales y junto al ministro principal de Gibraltar, en un acto realizado en territorio español.
La imagen del desmantelamiento de la Verja se ha convertido en el símbolo escogido por Moncloa para representar el fin de una frontera física que durante décadas marcó la relación entre La Línea y la colonia.
Sánchez describió el evento como la caída del «último muro de Europa continental» y como evidencia de que el tratado abre una nueva etapa de movilidad y vínculos.
El jefe del Ejecutivo centró su discurso en los efectos diarios del acuerdo.
Previó el fin de las filas, una frontera sin barreras visibles y «más oportunidades económicas en ambos lados», sin abordar los puntos más conflictivos del texto ni las críticas de la oposición.
Soberanía británica
Detrás de esta puesta en escena subyace un cambio profundo en la postura española sobre Gibraltar.
El nuevo marco suprime la Verja y somete al Peñón a cierta supervisión europea, pero a la vez protege la soberanía británica mediante una cláusula que mantiene el ‘statu quo’ en el artículo 2.
Además, formaliza un modelo de control «dual» en el que España comparte responsabilidades sin aplicar su soberanía territorial.
España deja de tener la ventaja diplomática derivada del Brexit para aceptar un esquema estable de cooperación.
En términos prácticos, Madrid mejora la gestión del control de flujos y mercancías, pero pierde capacidad de presión sobre el asunto de fondo, que queda encapsulado en mecanismos de salvaguardia que congelan las posiciones legales de cada parte.
El texto también contempla marcos de cooperación fiscal, aduanera y policial que, en teoría, buscan fortalecer la lucha contra el contrabando y mejorar la coordinación normativa entre Gibraltar y la UE.
Se incluyen igualmente medidas de protección para los trabajadores del Campo de Gibraltar y compromisos de diálogo acerca de proyectos de desarrollo para la zona.
Insuficiente y engañoso
El PP responde que esos detalles son insuficientes y, en ocasiones, engañosos.
Afirma que no existe una equiparación fiscal real ni obligaciones claras para que Gibraltar abandone su estatus de paraíso fiscal, lo cual continuará «afectando negativamente la competencia justa» con negocios y autónomos en la provincia de Cádiz.
Los populares critican específicamente la situación de la base militar británica en el Peñón.
Acusan al Gobierno de aceptar una instalación erigida en un territorio que España considera «ilegalmente ocupado» y de permitir que personal militar extranjero cruce sin controles migratorios completos de la UE.
Al mismo tiempo, la dirección del PP hace un inventario de asuntos que, según ellos, permanecen sin aclarar.
Enumeran la incertidumbre sobre el futuro de la flota pesquera española en la región, los riesgos medioambientales vinculados al tráfico marítimo y las infraestructuras británicas, así como las dudas respecto a pensiones y servicios financieros.
«Opacidad» y «huida»
El recurso a la aplicación provisional del tratado, que entra en vigor este mismo 15 de julio, representa otro aspecto importante de la crítica popular.
Las fuentes consultadas describen un sistema operativo «sin ningún tipo de aprobación parlamentaria» y consideran que ello refleja “opacidad” y el «menosprecio del Ejecutivo hacia las instituciones».
En público, la dirección de Génova ha optado por combinar la crítica jurídica con la política.
«El acuerdo impacta en la vida de los españoles y lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles«, resumen desde la dirección, que denuncian que Sánchez ha preferido «evitar las Cortes» para esquivar un debate incómodo.
La conclusión que se muestra en el partido de oposición principal es clara.
A su juicio, el Gobierno ha renunciado a la capacidad de presión sobre la soberanía de Gibraltar a cambio de una imagen histórica del derribo de la Verja y de una promesa de prosperidad compartida que, por ahora, consideran vaga e insuficiente.