Sus abogados han presentado escritos tanto ante la Agencia Tributaria como ante el juzgado de la Audiencia Nacional donde está imputado.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha entregado escritos a Hacienda y a la Audiencia Nacional con el fin de detener la inspección fiscal que la Agencia Tributaria le notificó el pasado 3 de junio. El ex presidente considera que esta medida debe declararse nula, al haberse adoptado cuando la AEAT ya estaba al tanto de la causa penal, la cual impide una inspección tributaria paralela.
El 12 de junio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió una pieza separada tras encontrarse joyas en la caja fuerte del despacho del ex presidente del Gobierno. Tres días después, Zapatero recibió dos notificaciones para el inicio de actuaciones de inspección: una para revisar IVA, Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, y otra referida al IRPF de él y su esposa, Sonsoles Espinosa, correspondientes a los años 2021 a 2024.
«La coincidencia no es fortuita. El procedimiento inspector se inicia después de la apertura formal de la pieza penal y dirige sus requerimientos a conceptos, periodos y fuentes de información que podrían usarse para fundamentar o reforzar la imputación penal. Esto significa que, a pesar de existir un procedimiento penal en curso, la AEAT decide de forma unilateral e injustificada comenzar una inspección de igual alcance, lo cual está prohibido constitucionalmente, dado que el orden penal tiene preferencia sobre cualquier otra jurisdicción (incluyendo procedimientos administrativos), y por tanto, la AEAT está obligada a esperar a la conclusión del proceso penal para investigar los hechos que actualmente se examinan en dicho procedimiento penal», señala el escrito firmado por José María Ayala de la Torre.
El documento sostiene que iniciar un procedimiento inspector «una vez que un procedimiento penal por los mismos hechos está comenzado, afecta directamente al derecho de defensa y al derecho a no autoincriminarse». Proceder en esa dirección colocaría a Zapatero «en una disyuntiva constitucionalmente imposible, ya que colaborar activamente con la AEAT podría ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en caso contrario, enfrentaría reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa».
El escrito presentado a Hacienda solicita la nulidad de la notificación que inicia la inspección. De forma subsidiaria, exige que se paralice el procedimiento. «Lo contrario, es decir, tener conocimiento de que debe suspenderse el procedimiento inspector y no hacerlo, representa no solo una irresponsabilidad sino una arbitrariedad evidente y clara por parte de la AEAT».
Respecto al escrito dirigido a la Audiencia Nacional —firmado por el abogado que defiende penalmente a Zapatero, Víctor Moreno Catena—, se solicita al juez José Luis Calama que ordene la suspensión conforme al principio de prejudicialidad penal.
En consonancia con el escrito a Hacienda, se indica que el caso Plus Ultra, que afecta al ex presidente, «aborda hechos al menos parcialmente coincidentes con aquellos que fundamentan las actuaciones inspectoras, por lo que la continuidad del trámite administrativo iría en detrimento de los derechos fundamentales que protegen a [Zapatero], vulnerando la doctrina establecida por el Tribunal Supremo respecto a la prevalencia de la jurisdicción penal y el respeto al principio non bis in idem«.