Un informe de un organismo vigilante cuestiona las afirmaciones de la industria sobre una crisis existencial que enfrentan los fabricantes químicos europeos debido a los altos costos energéticos y la competencia china, que es uno de los pilares de la promesa de competitividad de la Comisión Europea.
La nueva Alianza de Químicos Críticos (CCA) de la Unión Europea, presentada como una herramienta estratégica frente a preocupaciones sobre la resiliencia industrial y competitividad europea, se ha transformado en una plataforma para que sectores industriales promuevan la desregulación y la flexibilización de normas ambientales, de acuerdo con un informe publicado el lunes por un organismo de supervisión.
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Iniciada en enero de 2026 con el respaldo de la Comisión Europea, la CCA agrupa a gigantes químicos como BASF, TotalEnergies y Avantium. Su propósito oficial era identificar sustancias químicas y plantas de producción «críticas» para la economía europea, con la posibilidad de abrir puertas a miles de millones en apoyo público y ayudas estatales futuras.
Sin embargo, un estudio reciente de Corporate Europe Observatory (CEO) y European Environmental Bureau (EEB) sostiene que la narrativa sobre la competitividad europea en la producción química está siendo dominada mayormente por la misma industria que debería supervisar.
«Desde el lanzamiento de la Alianza, ha sido claro que el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC) lidera esta iniciativa, mientras que el departamento de industria de la Comisión parece indiferente ante los riesgos de una influencia corporativa excesiva», señala el informe conjunto CEO-EEB.
El informe enumera entre las «moléculas críticas» señaladas por la CCA para inversión pública al benceno, conocido carcinógeno; cloro, sustancia peligrosa; materias primas petroquímicas como etileno y propileno; además de ácido fluorhídrico, vinculado a los llamados «químicos eternos» o PFAS.
El documento de 30 páginas contradice la frecuente afirmación del sector químico europeo sobre estar al borde de una crisis existencial por los elevados costos de energía y la competencia china. Se expone que las principales empresas químicas registraron cientos de miles de millones de euros en beneficios durante la última década y que gran parte de esas ganancias se destinó a accionistas en lugar de reinvertirse en modernización.
Adicionalmente, señala que las generosas asignaciones gratuitas de carbono bajo el sistema de emisiones de la UE (Emissions Trading System) ya han constituido un soporte público significativo para la industria química.
¿Captura corporativa?
Los autores recuerdan que CEFIC fue clave en la organización de la Declaración de Amberes en febrero, que reunió a líderes del sector industrial en un llamado para una acción «urgente y audaz» para reforzar la competitividad en sectores industriales pesados.
Las compañías que participan en la CCA fabrican químicos susceptibles de ser declarados «críticos» o gestionan plantas que podrían recibir apoyo financiero público más adelante.
El informe destaca que representantes de CEFIC ocupan el cargo de vicepresidente en el grupo que define las moléculas y sitios de producción críticos, y presiden el grupo de trabajo comercial.
En conjunto, los vigilantes califican estos hechos como un «captura corporativa estructural» en lugar de una mera acción de lobby, argumentando que la financiación pública no debería otorgarse a estos sectores sin condiciones más estrictas y sin resolver conflictos de interés.
«Mi impresión, basada en cómo presentó CEFIC las cosas (…) la estructura del Consejo Directivo y los grupos de trabajo, es que hubo un considerable trabajo preparativo detrás de escena que involucró tanto a DG GROW (departamento de industria de la Comisión) como a CEFIC», comentó Tatiana Santos, responsable de política química de EEB.
«Mi percepción es que el espectáculo lo estaba dirigiendo CEFIC.»
CEFIC no respondió a la solicitud de comentarios de Euronews al momento de la publicación.
Preocupaciones ambientales descuidadas
Aunque la Comisión preside formalmente la CCA, el informe sostiene que gran parte de la agenda, gobernanza y trabajo técnico ha sido delegado efectivamente a la industria, cuyos representantes ocupan posiciones clave en comités rectores y grupos de trabajo, mientras organizaciones ambientales han sido mayoritariamente excluidas de la toma de decisiones.
Los autores afirman que, en consecuencia, prioridades ambientales centrales están prácticamente ausentes de la CCA, ya que, en vez de enfocarse en reducir químicos peligrosos, disminuir la dependencia de materias primas fósiles y limitar la producción total de petroquímicos y plásticos, el debate se centra mayormente en mantener la capacidad industrial existente, apoyo a la inversión y desregulación.
El estudio advierte también que las medidas climáticas promovidas dentro de la CCA, como la captura de carbono y ciertas soluciones basadas en bioproductos, pueden prolongar la dependencia de combustibles fósiles en lugar de acelerar una descarbonización auténtica.
En lugar de preguntarse qué químicos son «críticos» desde el punto de vista económico, los autores proponen que los responsables políticos europeos deberían considerar cuáles son socialmente esenciales, es decir, aquellos indispensables para la salud, la seguridad y funciones públicas vitales, y destinar inversión pública directa a ellos.
«El concepto de ‘esencialidad’, el valor social de los químicos y condicionar fondos públicos a impulsar la detoxificación ni siquiera están en la agenda de la Comisión, y mucho menos lideran el proceso de la CCA», señala el informe.
La Comisión no respondió a la solicitud de comentarios de Euronews al momento de la publicación.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han votado recientemente para simplificar las regulaciones químicas, lo que ha generado críticas de grupos ecologistas que afirman que las protecciones ambientales necesarias chocan con las demandas industriales y económicas que plantean las nuevas normativas.