La solicitud de transferencia ascendía a poco menos de 5.700 millones, y la Comisión ha aprobado un abono de 6.205 millones porque «no está en condiciones de evaluar tres objetivos específicos»
La Comisión Europea ha suspendido 537 millones del sexto pago correspondiente a los fondos europeos destinados a España en la parte de las transferencias. El Gobierno había reclamado 6.205 millones no reembolsables, y Bruselas ha autorizado la entrega de poco menos de 5.700 millones.
Por ello, se trata de un «pago parcial«, como indica la propia Comisión, dado que no se ha finalizado la aprobación de todos los objetivos. El Ejecutivo ya está trabajando en un recurso para revertir esta decisión y recibir el total de la transferencia.
«En esta etapa, la Comisión no puede pronunciarse sobre la evaluación de tres objetivos vinculados a la sexta solicitud, que corresponden a inversiones en formación profesional bilingüe, teleasistencia y proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, así como al fomento del espíritu empresarial y las microempresas», señala Bruselas en el comunicado publicado esta tarde.
«Debido a la necesidad de aclaraciones adicionales sobre estos objetivos, España planea presentar una solicitud formal para su modificación, asegurando que se mantenga la ambición y la meta política de las medidas», añade. Además, explica que ya ha informado al Gobierno «de los motivos por los cuales considera que dichos objetivos no se han cumplido satisfactoriamente». El Ejecutivo dispone ahora de un mes para entregar sus observaciones a Bruselas.
Por su parte, el Gobierno señala que esos «tres hitos vinculados al sexto desembolso serán reformulados en una adenda técnica«, en la cual ya se está trabajando, con la finalidad de ganar claridad y que puedan incorporarse en la solicitud del séptimo y último pago.
No es la primera vez que la Comisión no abona la totalidad del pago por no cumplirse o aprobarse todos los objetivos. Ya en el quinto pago, Bruselas redujo 1.100 millones debido a la incapacidad de España para avanzar en la fiscalidad del diésel y la digitalización de las administraciones regionales y locales.
En relación a la fiscalidad ambiental, Bruselas ha revertido parcialmente la sanción. «La Comisión ha evaluado la documentación adicional presentada por España y ha propuesto levantar una parte significativa de la suspensión impuesta con anterioridad. Esto significará 277 millones adicionales», indica. El recorte relacionado con este tema en aquel quinto pago fue de 450 millones.
Al monto cercano a 5.700 millones correspondiente al sexto pago, se deben añadir 1.051 millones que España recibirá a modo de préstamos. Esta parte de los fondos europeos sí debe ser reembolsada, y el Ejecutivo ha decidido renunciar en gran medida a esta opción. El Gobierno optó por declinar la solicitud de 60.000 millones en créditos, aproximadamente el 70% del total.
La versión oficial señalaba que España podría obtener esa cantidad en los mercados financieros con mejores condiciones que las ofrecidas por Europa. Sin embargo, esta renuncia encubre la imposibilidad de avanzar en las reformas necesarias para optar a esos préstamos.