La imputación de Mercedes González y del DAO socava al Cuerpo desde su interior
Nadie dentro de la Guardia Civil duda de que Fernando Grande-Marlaska no forzará la renuncia de Manuel Llamas tras su imputación en el caso de las cloacas del PSOE. Esta conclusión de los altos mandos se fundamenta en la experiencia acumulada. El ministro del Interior ha brindado un respaldo firme al máximo responsable uniformado del Instituto Armado en dos momentos cruciales y delicados.
Lo ha respaldado tanto cuando se reveló que presionaba a la Unidad Central Operativa (UCO) para que anticipara información relacionada con Pedro Sánchez, como cuando la Justicia empezó a centrar la atención en él. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, también ha imputado a Mercedes González, la directora general del Cuerpo. No obstante, desde la Guardia Civil establecen una distinción clara entre la situación judicial de sus principales representantes por razones evidentes. González es una figura política, mientras que Llamas es uno de los suyos.
«Se requieren instituciones sólidas. No es óptimo que quienes nos representan estén involucrados en procedimientos judiciales», argumenta uno de los altos mandos consultados por este medio. «No se puede exigir ejemplaridad a la ciudadanía si no se ofrece ese ejemplo desde los rangos superiores de la Guardia Civil», concluye. Pedraz los ha citado a declarar el próximo 16 de julio como investigados «al existir indicios en la causa que, de forma preliminar y sin perjuicio de lo que arroje la instrucción posterior, podrían constituir un delito». El magistrado de la Audiencia Nacional —que indaga las maniobras de Leire Díez financiadas por el PSOE para socavar las instituciones del Estado— tomó esta medida a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que les atribuye un delito continuado de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia.
La situación del Director Adjunto Operativo (DAO) resulta especialmente grave, según relata otro jefe consultado. «Todos somos miembros de la Guardia Civil y las acciones de un superior repercuten en el Cuerpo, lo que puede generar cuestionamientos por parte de la ciudadanía», señala. «Es indigno. Tanto el DAO como la directora general han causado un daño irreparable», añade. «Parece más un comisario político que un general», comenta otro integrante del alto mando del Instituto Armado.
Los mandos consultados aguardaban que la Justicia actuase sobre Llamas y González, aunque conviven con la convicción de que «no ocurrirá nada». Prevén que «todo seguirá igual» y que Llamas no renunciará a su puesto por estas circunstancias.
De hecho, ayer Interior emitió un comunicado para expresar el respaldo explícito del ministro hacia ambos. Fernando Grande-Marlaska afirmó «mantener su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y en el director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas, quienes continuarán desempeñando sus funciones como hasta ahora, colaborando plenamente con la justicia en todo lo que se requiera». Sin embargo, dentro del Cuerpo, la figura de Llamas ha estado bajo fuerte cuestionamiento desde hace más de un año, según publicó EL MUNDO.
Sus «constantes interferencias» en las investigaciones que afectan al entorno cercano del presidente del Gobierno provocaron una notable tensión en la Unidad Central Operativa. La confrontación entre el DAO y la UCO estalló con el caso Koldo en los tribunales. Los informes de esta unidad de élite de la Benemérita ya apuntaban entonces riesgos significativos para el PSOE. La posterior mención a José Luis Ábalos agravó aún más la situación. Las «intrusiones» denunciadas aumentaron a medida que avanzaba la instrucción sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, el caso del hermanísimo y el anuncio del informe crítico sobre Cerdán.
El «interés» de Llamas por seguir las investigaciones y sus novedades fue «una constante», sufriendo especialmente las acciones el entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, y Antonio Balas, teniente coronel al mando del Departamento de Delincuencia Económica. Pero lo que más sorprendió fue su «esfuerzo» por obtener anticipadamente el contenido de los informes en curso. La respuesta a estas «injerencias» por parte de la unidad fue el silencio. Incluso se le recordó que los agentes que trabajan en la UCO deben preservar la confidencialidad de las investigaciones en casos de corrupción. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es un cuerpo de policía judicial con dependencia orgánica y operativa, es decir, debe responder fundamentalmente a los magistrados que la designan como fuerza actuante.
«En la Dirección General era vox populi que el teniente general ha interferido para obtener información y transmitirla a quien se la solicitara», revela otro mando. «Ningún antecesor en el cargo se había involucrado tanto en las investigaciones como él. El problema es que con Balas encontró resistencia».