El Partido Popular ha asumido el papel de acusación popular contra Mercedes González tras la revelación de la UCO sobre sus mensajes y reuniones con Leire Díez, y solicita que también se investigue a Manuel Llamas y Leonardo Marcos.
El Partido Popular ha pedido a la Audiencia Nacional la imputación de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil; de su predecesor, Leonardo Marcos; y de Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de este cuerpo, «por su posible cooperación con las cloacas del PSOE».
El PP actúa como acusación popular unificada en el caso Sepi tras confirmarse que Mercedes González sostuvo tres encuentros con Leire Díez, quien se jactaba de tener «control total» sobre la directora general. Los populares destacan que Leonardo Marcos y Manuel Llamas ordenaron a mandos de la UCO «adoptar una postura pasiva» y «evitar ser proactivos» en casos con «implicaciones políticas», haciendo referencia concreta al asunto relacionado con el hermano del presidente del Gobierno.
Asimismo, los populares han presentado una nueva solicitud de diligencias ante el Tribunal Central de Instancia Plaza número 5, después de que el juez aceptara, este miércoles, la citación como testigos de los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, quienes también se reunieron, en la sede de la Fiscalía General del Estado, con las cloacas del PSOE.
Cabe recordar que la directora de la Guardia Civil y la fontanera Leire Díez mantuvieron contacto la misma mañana en que se ordenó una investigación interna a la Unidad Central Operativa (UCO) tras la difusión, en EL MUNDO, de los mensajes de WhatsApp de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Así consta en el informe más reciente que esta unidad envió al juez de la Audiencia Nacional encargado de indagar las maniobras para sabotear las pesquisas vinculadas al Gobierno.
El 11 de mayo de 2025, tras la publicación de los mensajes del presidente con el exministro de Transportes, se registraron dos intercambios de WhatsApp entre Mercedes González y Leire Díez, a las 9:16 horas. El informe señala que el primero «es compatible con la eliminación previa de una conversación y el inicio de una nueva». El segundo indicio en la aplicación de mensajería «apunta a que en esa fecha y hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil, se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes con un periodo de caducidad de 24 horas».
Dos horas después, el DAO convocó al jefe de Seguridad de la Guardia Civil en una cafetería de la Dirección General para proponerle que dirigiera la investigación interna contra la UCO en búsqueda del posible filtrador. Al día siguiente, portavoces del PSOE y del Gobierno, incluida la entonces número dos, María Jesús Montero, exigieron investigar el origen de los mensajes, apuntando claramente a la UCO, que tenía la responsabilidad de su custodia.
La presión se intensificó. Cuatro días más tarde, el 16 de mayo, el jefe de la UCO reconoció que el instructor de la investigación interna le informó que «el DAO estaba sufriendo fuertes presiones políticas» para continuar con la investigación interna. No obstante, el juez del Supremo Leopoldo Puente paralizó radicalmente cualquier intento de persecución.
Es importante recordar que la directora de la Guardia Civil evitó en el Senado revelar el contenido de esos mensajes intercambiados con Díez y tampoco quiso explicar por qué mantuvo el contacto con la fontanera, pese a haber recibido un informe interno del servicio de Información de la Guardia Civil que evidenciaba las maniobras para desprestigiar a la UCO.
Este contacto está documentado en el informe ampliatorio enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los investigadores destacan que González estaba al tanto, «al menos desde el día 8», de que Leire Díez había iniciado una operación destinada a dañar la imagen de la UCO.