El PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria contra la Ley de Nietos, denunciando que «se ha implementado por la puerta de atrás».
El Partido Popular ha diseñado una serie de iniciativas de «fiscalización parlamentaria» para exigir «transparencia y garantías jurídicas y políticas completas en el mayor proceso de nacionalización que el Gobierno pretende llevar a cabo en la historia, el cual afecta a 2,6 millones de personas».
Esta ofensiva, dirigida por la vicesecretaria del PP Alma Ezcurra, contempla también la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la sesión plenaria del Congreso para informar sobre «el funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos para resolver expedientes, y las cifras de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes en todo el proceso de nacionalización».
El objetivo principal del partido de oposición es que este procedimiento, «iniciado por el Ejecutivo de forma oculta», se realice «con todas las garantías, manteniendo informados a todos los ciudadanos mediante el Parlamento español, que es el espacio donde reside la soberanía y desde donde se deben acordar y tramitar las iniciativas legislativas que afectan a la población en general».
«No se trata de obtener votos, sino de asegurar el cumplimiento de la ley y proporcionar servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía», sostiene el PP actualmente, a pesar de que el lunes Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de «fabricar votos» de manera artificial mediante una «ingeniería electoral».
Además, el PP busca obtener un informe de la Abogacía General del Estado relativo a la externalización que, presuntamente, el Gobierno habría llevado a cabo para apoyar a los consulados en el proceso de obtención de la nacionalidad.
En esta línea, los populares solicitan copia de los tres expedientes completos de contratación de la empresa pública vinculada a la dictadura cubana, Grupo Palco, cuyo importe total asciende a 1.602.217 euros, destinada a la contratación de personal para el Consulado de España en La Habana. Este personal realiza labores de apoyo de diversa índole y también refuerza la tramitación de expedientes para obtener la nacionalidad española. Asimismo, piden la copia íntegra del expediente de contratación de la empresa pública INECO, encargada de brindar apoyo en la gestión de expedientes.
El PP exige al Gobierno que detalle «los consulados más afectados, los recursos humanos, materiales y presupuestarios movilizados por el Ministerio, los criterios jurídicos y administrativos aplicados en la tramitación de los expedientes, y las garantías documentales, registrales y censales implementadas para este proceso».
El Grupo Parlamentario Popular también planteará una veintena de preguntas parlamentarias solicitando al Gobierno, entre otros aspectos, datos desglosados sobre el número de solicitudes de nacionalidad por cada oficina consular. Además, reclamará «información acerca del criterio utilizado para determinar el orden en la resolución de solicitudes, especificando si se gestionan según el orden de cita previa, de inicio del expediente, de documentación completa por oficina consular o mediante algún otro criterio».
El PP cuestiona los criterios que el Ministerio de Asuntos Exteriores está utilizando para distribuir los refuerzos de personal entre las distintas oficinas consulares, así como qué planes existen para reforzar aquellas demarcaciones con mayor volumen de solicitudes, tiempos de espera prolongados y expedientes sin resolver.