El empresario ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel por un delito de organización criminal y tres delitos de cohecho. La sentencia no le obliga a devolver los 3,7 millones de euros que recibió en comisiones por contratos de suministro de mascarillas, y él se acoge a esta disposición
Víctor de Aldama ha sido sentenciado por el Tribunal Supremo a cuatro años y cinco meses de prisión en la resolución inicial del llamado ‘caso Koldo’. La sentencia le imputa un delito de organización criminal y tres delitos de cohecho. En el escrito, los magistrados lo califican como el “vínculo corruptor” que efectuó pagos para asegurar favores políticos del exministro José Luis Ábalos, condenado a su vez a 24 años de prisión.
Consultado este miércoles por periodistas de Mañaneros 360′ de La 1 de Televisión Española, Aldama aclaró que no piensa devolver ese capital. “Es un cobro legal, así lo ha dictaminado el Supremo. Son facturas, se declararon en Hacienda, y se pagaron los impuestos correspondientes: no hay inconveniente”, indicó. “El contrato no es ilícito. Lo que se ha condenado es un caso de cohecho. El contrato mismo no se ha declarado ilegal”.
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El Supremo no exige la devolución del dinero, pero Anticorrupción sí
Pese a la condena, Aldama no tendrá que ingresar en prisión y la multa queda reducida a una parte de los 430.298 euros que el Supremo señala como sobornos. El tribunal no le obliga a restituir los 3,7 millones de euros que percibió mediante los contratos de suministro de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción sí solicitó que le fuera devuelta esa suma, argumentando que Aldama tuvo acceso a información anticipada sobre la próxima licitación de dichos contratos. Sin embargo, el Supremo descarta la existencia de delito por uso de información privilegiada o inducción a la prevaricación. Los jueces explican que “dada la situación de pandemia y la evidente necesidad de mascarillas, su urgencia era patente” y la licitación era “inminente”.
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Víctor de Aldama evitará la prisión tras colaborar con la Justicia.
El tribunal reconoce que Aldama recibió el encargo de adquirir mascarillas debido a los pagos regulares que efectuaba tanto a Ábalos como a Koldo García, circunstancia que fundamenta las penas por cohecho. No obstante, la sentencia considera que los beneficios económicos obtenidos por el empresario como comisionista no son ilícitos. Después de la publicación, Aldama declaró en Telemadrid que no percibió la totalidad de los 3,7 millones de euros en comisiones, dado que pagó aproximadamente 1,8 millones en impuestos. “El resto, obviamente, me lo he quedado yo”, afirmó.
Actualmente, Aldama enfrenta otros procesos judiciales. La Audiencia Nacional le atribuye la dirección de una red que habría defraudado 182,5 millones de euros en concepto de IVA mediante operaciones con hidrocarburos, así como transferencias por 74 millones a Portugal, China y Colombia, montos que los investigadores consideran de origen ilícito.
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Por otra parte, continúa bajo investigación por su presunta implicación junto a José Luis Ábalos y Koldo García en irregularidades en la adjudicación de obras públicas para las empresas OPR y Levantina. Además, la Audiencia Nacional instruye una causa relacionada con posibles cohechos en otros contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia, otorgados por los Gobiernos de Canarias y Baleares. Se suma a estas causas la revisión fiscal correspondiente al ejercicio 2020, periodo en que Aldama obtuvo ingresos relevantes por su participación en los contratos de mascarillas.