La CNMC supervisará los márgenes de beneficio de cada estación de servicio y creará un canal gratuito para que los consumidores perjudicados puedan presentar reclamaciones
Las estaciones de servicio que incrementen sus precios sin una justificación basada en costes reales, mientras reciben las ayudas estatales aprobadas a raíz de la guerra en Irán, serán incluidas en una lista pública gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), facilitando así que los consumidores puedan presentar sus reclamaciones.
Este nuevo sistema de supervisión del mercado de carburantes forma parte del real decreto-ley aprobado el pasado 29 de junio en el Consejo de Ministros, que entra en vigor este miércoles 1 de julio y destina 1.825 millones de euros adicionales para mitigar los efectos económicos producidos por el conflicto en Oriente Medio. El texto, promovido por el Ministerio de Consumo bajo la dirección de Pablo Bustinduy, extiende las reducciones fiscales sobre los carburantes de forma gradual: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, antes de su finalización en octubre.
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Hasta ahora, únicamente los operadores con capacidad de refinado en España estaban obligados a informar al regulador sobre sus datos. Con la nueva normativa, todos los operadores mayoristas deberán detallar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026. La falta de cumplimiento se considera una infracción grave.
Más de 50 estaciones de servicio detectadas
Gracias a esta gran cantidad de datos, la CNMC podrá identificar qué gasolineras aumentan sus precios sin que este incremento responda a un aumento comprobable de sus costes. Los puntos de venta en los que se detecten indicios de esta práctica aparecerán en una lista pública por “comportamiento anómalo”, disponible en el sitio web del organismo regulador. Según información divulgada antes de la entrada en vigor del decreto, hasta ahora se han localizado 52 estaciones con este perfil.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con apoyo fiscal y económico para mitigar el impacto derivado de la guerra en Irán. (Fuente: Congreso)
Además, cada estación incluida en esta lista tendrá la obligación de habilitar un canal gratuito de reclamaciones, visible y accesible tanto en sus instalaciones físicas como en su página web, que deberá permanecer operativo hasta tres meses después de que deje de figurar en el registro público. Cuando el precio sea establecido por un tercero, la gasolinera debe proporcionar al consumidor la identidad y datos de contacto del distribuidor mayorista, para que la reclamación pueda dirigirse al verdadero responsable de la fijación del precio.
En caso de rechazo a la reclamación, el decreto obliga a la empresa a informar al consumidor sobre las vías extrajudiciales disponibles para solucionar el conflicto, detallando cómo acceder a ellas y facilitando los datos de los organismos competentes.
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Medidas adicionales frente al ‘shock’ energético
El conjunto normativo incluye también una cláusula automática de salvaguarda: si la inflación en carburantes supera en más del 15% la registrada en el mismo mes del año anterior, la reducción en el Impuesto de Hidrocarburos se incrementará automáticamente hasta los 20 céntimos por litro. El decreto mantiene igualmente las ayudas para agricultores, pescadores y transportistas equivalentes a 20 céntimos por litro de gasóleo profesional hasta el 30 de septiembre, y prohíbe los despidos en las empresas que reciban estas ayudas vinculadas al conflicto.
Paralelamente al control sobre los carburantes, el texto fija un calendario para la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE): que pasará del 7% actual a cerca del 5% en 2026, al 3,5% en 2027 y quedará eliminado en 2028, generando un ahorro estimado de 315 millones de euros para los contribuyentes durante el presente ejercicio.
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