El servicio exterior alerta sobre el limbo legal en que se encuentran cónyuges e hijos en determinadas regiones
«El problema radica en nosotros mismos, por haber sido un servicio excesivamente riguroso y conforme a las normas». Así lo concluye el cónsul general en Córdoba (Argentina), Alejandro Alvargonzález, en su entrevista con EL MUNDO, donde denuncia la situación de limbo de su esposa, que actualmente carece de derecho a asistencia sanitaria tanto en Argentina como en España debido a que lo acompaña en el extranjero. ¿La causa principal? La jubilación.
Alvargonzález posee una amplia trayectoria como diplomático. Ha desempeñado cargos como embajador en Perú, en Bosnia o secretario general de Política de Defensa en España. A lo largo de todos estos destinos, ha contado con el apoyo de su esposa, quien trabajó como autónoma durante 20 años. Este año, tras jubilarse, solicitó una pensión de 793 euros. Semanas después presentó una dolencia y, al acudir a un hospital en Argentina, le informaron que su tarjeta sanitaria no era válida.
Tras realizar gestiones, se determinó que Muface la había dado de baja del seguro de su marido, argumentando que, al percibir jubilación española, debía depender del Servicio Nacional de Seguridad Social para acceder a la cobertura sanitaria. Sin embargo, al estar registrada como residente en Argentina, no tiene acceso a tarjeta sanitaria en España, y en la Pampa queda desprotegida ante una urgencia, ya que ninguno de los cuatro principales seguros españoles acepta a una persona «ex novo» mayor de 60 años, y un quinto, que estudia su solicitud, “exige tarifas excesivas”, según explica.
Insatisfecho con esta situación, Alvargonzález comenzó a investigar, convencido de que la ley le respalda. Conforme al artículo 59 de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, «el gobierno establecerá las condiciones para que los familiares puedan acompañar a los funcionarios destinados en el exterior», y en su cuarto párrafo señala que «los funcionarios de la Administración General del Estado en destinos exteriores y sus beneficiarios tendrán derecho a recibir una cobertura sanitaria equivalente a la que tendrían si prestaran sus servicios dentro del territorio español».
La falta de respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, que todavía no ha encontrado una solución para su familia, motivó que se dirigiera al Defensor del Pueblo, a quien envió una carta hace unas semanas. Su decisión de hacer público el caso ha generado inquietud entre otros diplomáticos que padecen una situación similar y temen perder los derechos sanitarios para sus cónyuges en el extranjero. «En estas condiciones, no podría aceptar un destino en Estados Unidos, donde el sistema sanitario resulta inasequible», recuerda.
Esta situación llevó a la Asociación de Diplomáticos Españoles a manifestar su preocupación mediante un escrito, ya que, además del problema con las coberturas sanitarias, advierten que ocurren dos hechos igualmente graves. «En el Gabinete médico del ministerio no se están vacunando a los hijos de funcionarios destinados en el exterior contra enfermedades tropicales, y en cuanto al gabinete psicológico, desde hace meses no existe disponibilidad de asistencia psicológica en el servicio médico de servicios centrales».