El listado de 14 imputados abarca al sobrino que reemplazó a Juan Bernardo Fuentes Curbelo como director general de Ganadería de Canarias, a ocho empresarios que accedieron a pagar a la red, al intermediario encargado de facilitar dichos pagos y a dos funcionarios más de la administración autonómica.
La Fiscalía ha presentado el escrito de acusación del caso Mediador, en el cual solicita seis años de prisión para el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni. Se le atribuyen un delito continuado de cohecho y otro por formar parte de un grupo criminal.
La petición de condena también alcanza a su sobrino, Taishet, quien asumió el puesto de director general de Ganadería de Canarias. Para él se solicitan 11 años de cárcel, ya que se le imputa adicionalmente un delito de estafa. La pena más severa la pide la Fiscalía para Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que actuaba con los empresarios implicados: en total, 13 años de prisión.
El Ministerio Público argumenta que desde 2021, el ex diputado, su sobrino y el mediador «idearon un plan delictivo según el cual, tras una coordinación entre ellos y con una distribución clara de roles, ofrecían a empresarios principalmente de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico, importantes negociaciones en el ámbito privado a cambio del pago de regalos, dádivas y comisiones, así como la adjudicación de contratos, obtención de subvenciones y otros beneficios ilícitos en el ámbito público, todo ello circunscrito geográficamente al archipiélago canario».
La acusación incluye también al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para quien se piden dos años de prisión por colaborar con la red, proporcionándole respaldo para darle una imagen de formalidad a las ofertas. Además, la Fiscalía procesa a los ocho empresarios que aceptaron pagar a la trama.
La lista de procesados comprende a dos cargos públicos a quienes se les reclaman altas penas de inhabilitación, aunque no privativas de libertad. Se trata de Álvaro de la Bárcena Argany, quien desempeñaba como Viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, y Estefanía Margarita González Núñez, que ostentaba el puesto de Jefa de Servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador.
Según el relato que la Fiscalía presentará en juicio, como requisito casi indispensable, los acusados exigían a los empresarios un pago inicial de 5.000 euros, camuflado bajo la apariencia de patrocinio a una asociación deportiva presidida entonces por el diputado. Se han detectado repetidos ingresos en cuentas bancarias de personas vinculadas al círculo del mediador, quien gestionaba la distribución del dinero entre los implicados.
Parte de esos fondos se empleaban para cubrir gastos como cenas, billetes de avión, estancias en hoteles y servicios de prostitución. En ocasiones, los acusados solicitaban dinero en efectivo. «Lo que te quepa en los bolsillos», indicó en una ocasión el general en un mensaje dirigido al mediador.