Los mayores de 50 años concentran ya el 81% del incremento neto de desempleados desde 2005 y representan más de la mitad de todas las prestaciones por desempleo en España, según un informe de Fedea
En 2025, más de 458.000 personas mayores de 52 años recibían el subsidio por desempleo vinculado a esa edad, casi triplicando las 162.318 que lo cobraban en 2005. Un estudio de Fedea, realizado por los investigadores Fernando Pinto Hernández, Carlos Garcimartín Alférez y Miguel Ángel García Díaz de la Universidad Rey Juan Carlos, muestra cómo esta prestación ha evolucionado de ser una red de protección a consolidarse como una partida estructural en el sistema de protección social español.
El peso de los mayores de 50 años entre quienes perciben una prestación por desempleo en España ha crecido de manera constante. Mientras en 2005 representaban el 34,8% de los beneficiarios, en 2025 superan el 51,8%. El aumento es aún más notable en el grupo que agota la prestación contributiva y pasa a depender de subsidios asistenciales —ayudas menores para quienes han perdido el derecho al paro ordinario—, donde su proporción subió del 33% al 59,5%. Esto indica que muchos trabajadores mayores no encuentran empleo ni siquiera en los periodos de bonanza económica.
PUBLICIDAD
Detrás de estas estadísticas se encuentra un mercado laboral que expulsa con mayor facilidad a los trabajadores de edad avanzada que la que logra reincorporarlos. El 81% del incremento neto de desempleados en España entre 2005 y 2025 corresponde a personas mayores de 50 años: 546.700 de un total de 674.600, según el análisis de Fedea. Su proporción en el total de parados aumentó del 12,6% al 30,3% durante ese periodo.
Este empeoramiento relativo sucede, además, junto a una mejora en la ocupación de ese mismo segmento de edad. Los trabajadores mayores de 50 años aumentaron de 3,8 a 7,9 millones entre 2005 y 2025, elevando su participación sobre el total de empleados del 19,8% al 35,8%. Sin embargo, más empleo no ha significado menor desempleo: en 2025, los desempleados mayores de 50 años alcanzan 791.200, casi triplicando los 244.500 de 2005.
PUBLICIDAD
Una explicación parcial radica en factores demográficos. España cuenta actualmente con 12,2 millones de personas entre 50 y 66 años —el grupo más cercano a la jubilación ordinaria—, frente a los 7,8 millones de 2005. Este segmento representa ya el 37% de la población en edad de trabajar, diez puntos porcentuales más que veinte años atrás, lo que el informe identifica como una señal de presión tanto en el mercado laboral como en el sistema de pensiones.
Uno de cada cuatro perceptores de ayudas por desempleo recibe este subsidio
Entre los subsidios para quienes terminan la prestación ordinaria, el de mayores de 52 años concentra el 84,1% de los beneficiarios mayores de 50 años. Su participación en el total de prestaciones por desempleo se ha duplicado desde 2005, pasando del 12,5% al 25,4%. En otras palabras, uno de cada cuatro perceptores de algún tipo de prestación por desempleo en España recibe hoy este subsidio.
PUBLICIDAD
Esta prestación data de 1984 como régimen especial para trabajadores mayores, aunque su concepción inicial —cubrir el periodo entre el despido y la jubilación— ha cambiado a través de diversas reformas. El informe de Fedea califica el esquema actual como “híbrido”, situándose entre una renta sustitutiva y una prestación previsional: los años en que se cobra el subsidio cuentan para el cálculo de la futura pensión, dándole un carácter más allá de una ayuda temporal.
El péndulo normativo: 2012 recorta, 2019 amplía
Dos reformas han sido determinantes en la evolución de esta prestación. La modificación de 2012, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, endureció los requisitos de acceso: elevó la edad mínima de 52 a 55 años, instauró una prueba de rentas a nivel familiar y redujo la base de cotización del 125% al 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Como resultado, el porcentaje de perceptores respecto a desempleados mayores de 50 años descendió, pasando de un promedio del 49,7% entre 2005 y 2012 a un 30,4% en el periodo 2013-2018.
PUBLICIDAD
La reforma de 2019, aprobada mediante el Real Decreto-ley 8/2019 durante el Gobierno de Pedro Sánchez, revirtió esa tendencia. Redujo la edad de acceso de 55 a 52 años, suavizó la prueba de rentas —que pasó a ser individual en lugar de familiar—, amplió la duración máxima del subsidio hasta la jubilación ordinaria y elevó nuevamente la base de cotización al 125% del SMI. Así, el promedio de perceptores sobre desempleados en el periodo 2019-2025 regresó al 47,9%.
Casi 18.000 millones de coste adicional para la Seguridad Social
El informe de Fedea plantea la pregunta: ¿qué costo ha implicado para España la reforma de 2019? Los investigadores estiman cuántos perceptores existirían sin esa reforma y cuántos hay con ella. La diferencia es significativa: sin el cambio normativo, el número de beneficiarios habría caído de 262.918 en 2018 a 214.163 en 2030; con la reforma, la proyección alcanza 529.880 personas para ese año. Esto significa un incremento de 315.718 beneficiarios adicionales en 12 años.
PUBLICIDAD
El gasto adicional del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el subsidio se sitúa, según las proyecciones, entre 400,5 millones de euros en 2019 y 1.818 millones en 2030 —equivalente al 0,2% del PIB—, ambas cifras expresadas en euros constantes de 2025. Sumando el periodo 2019-2030, este sobrecoste totaliza 15.877 millones de euros.
A esta cifra se añade el impacto en la Seguridad Social, que el informe desglosa en dos efectos: el aumento futuro del gasto en pensiones —por una base de cotización más alta y más años computados— y la pérdida de ingresos por cotizaciones no generadas mientras los beneficiarios no trabajan. El valor presente descontado de ambos impactos asciende a 17.935 millones de euros de 2025: 9.456 millones en obligaciones mayores por pensiones y 8.479 millones en cuotas no cobradas.
PUBLICIDAD
El documento analiza también la velocidad con que este aumento de perceptores se refleja en el gasto público. Los resultados indican que la mitad del efecto total de la reforma ya se materializó en 2022, apenas tres años después de su implementación. El 80% del impacto estará concretado en 2026, y el 90% antes de 2030. La mayor parte del costo, concluye el informe, se concentrará en esta década y solo podrá revertirse mediante una reforma equivalente en profundidad.