Las claves
El Tribunal Supremo ha impuesto a Koldo García una pena de 19 años y ocho meses de prisión por delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación y participación en una organización criminal.
La resolución judicial establece que Koldo actuaba como el «alter ego» y la «mano derecha» de José Luis Ábalos, desempeñando un papel central en la red delictiva, la gestión de contratos fraudulentos y la recepción de dádivas.
Además, Koldo promovió la contratación irregular de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas bajo la dependencia de Transportes, siguiendo instrucciones directas de Ábalos.
El Supremo expone la participación de Koldo en la manipulación de un contrato para la compra de mascarillas y otras actividades ilícitas, por las que recibió pagos mensuales de 10.000 euros de Víctor de Aldama.
El Tribunal Supremo ha impuesto una condena de 19 años y ocho meses de cárcel a Koldo García, a quien la sentencia define como «el alter ego» de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes.
Se le atribuyen delitos graves de corrupción (cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos), junto con la pertenencia a una red criminal.
El Supremo reconoce a García un «rol principal» dentro de la «estructura criminal» enjuiciada.
Koldo estuvo involucrado en «el origen» de la trama, «participó activamente en la distribución de responsabilidades», tuvo una influencia «determinante a través de gestiones personales en la adjudicación» de contratos públicos amañados y «se encargó de formalizar la contratación en el sector público» de dos mujeres bajo órdenes de Ábalos.
Asimismo, García administró «la recepción de dádivas». El tribunal superior concluye que «su participación no puede ser considerada como secundaria o subordinada».
También, Koldo controlaba las distintas fuentes de dinero en efectivo vinculadas a José Luis Ábalos, llegando a confundirse, en ocasiones, con fondos propios, añade la sentencia.
El Supremo destaca además la «extensa presencia» de Koldo dentro del Ministerio de Transportes y su capacidad para influir en sus cargos, dado que era el «asesor encargado de transmitir la voluntad» del ministro.
El tribunal especifica que el rol de García era «más asistente [de Ábalos] que asesor [de Transportes]», lo que le convirtió en el «hombre de confianza» y mano derecha del exministro, quien también ejerció como secretario de Organización del PSOE y fue condenado a 24 años de prisión.
«[Koldo] cumplió para José Luis Ábalos diversas tareas de índole profesional y personal. Fue su mano derecha», detalla la extensa sentencia de 224 folios.
En el Ministerio de Transportes y otras instancias públicas se entendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones del ministro, señala la resolución.
El Tribunal Supremo considera a García —que, como máximo, cumplirá 15 años de prisión— una pieza fundamental en la organización criminal objeto de la condena.
En los hechos probados, la Sala Segunda expone que Koldo gestionó la contratación irregular de Jésica Rodríguez, pareja del ministro, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) vinculadas a Transportes, donde percibió un salario sin desempeñar trabajo efectivo.
Dicha contratación se facilitó mediante contactos con Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, a quien García comunicó el interés del ministro para contratar a Jésica en alguna empresa dependiente del Ministerio.
De hecho, fue Koldo quien entregó el currículum vitae de la joven a Pardo de Vera. En el caso consta un mensaje de WhatsApp en el que el asesor advierte a la máxima responsable de Adif: «Si no, José [Luis Ábalos] me corta los huevos».
Koldo García también participó en la alteración de un contrato de Transportes para la adquisición de ocho millones de mascarillas a Soluciones de Gestión SL, empresa asesorada por el tercero de los condenados, Víctor de Aldama.
Según la sentencia, la mañana del 20 de marzo de 2020, Koldo presentó personalmente, por escrito, la oferta de esta empresa al subsecretario del Ministerio.
Esto se realizó incluso antes de que los responsables de contratación tuvieran conocimiento formal del proceso.
En un lapso de sólo 38 minutos, la orden ministerial para adquirir cuatro millones de mascarillas fue modificada para duplicar la cantidad a ocho millones.
El subsecretario declaró durante el juicio que fue Koldo García quien le indicó que la decisión final era aumentar el pedido porque «el proveedor [Soluciones de Gestión SL] demandaba u ocho millones o nada».
El Supremo subraya que Koldo García, José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, junto con la «posible colaboración» de más personas no enjuiciadas, «constituyeron una organización criminal con roles diversos y complementarios claramente asignados».
El tribunal explica que José Luis Ábalos, considerado el jefe por Koldo García y Víctor de Aldama, aportaba la autoridad derivada de su liderazgo en el Ministerio de Transportes y su cargo de secretario de Organización en el partido gobernante.
De acuerdo con la resolución, Ábalos se apoyaba en su hombre de confianza, Koldo García, quien actuaba siempre en su representación.
Víctor de Aldama, beneficiándose a sí mismo y a terceros, usó su influencia sobre Koldo y Ábalos, garantizada por pagos periódicos, para lograr la adjudicación de contratos con fines económicos propios y ajenos.
Aunque Aldama fue condenado como los otros, la suma de sus penas no supera los cuatro años y medio de prisión, y su condena no se ejecutará debido a su cooperación con la Justicia.
El empresario realizó pagos mensuales entre octubre de 2019 y junio de 2022 a Koldo García, ascendiendo a 10.000 euros mensuales a modo de comisión ilegal.
Durante octubre y noviembre de 2021, fue su hermano, Joseba García, quien recogió el dinero en República Dominicana.
Con estos pagos, se cumplía el objetivo buscado y se cubrían los «gastos fijos» atribuidos a José Luis Ábalos, según recoge la sentencia.
Además de facilitar la contratación de Jésica Rodríguez, Koldo intervino en la de Claudia Montes, exmiembro del PSOE que conoció a Ábalos en un mitin en Gijón, estableció contacto con él vía Instagram y solicitó empleo.
El 8 de octubre de 2019, el entonces ministro envió un mensaje a Koldo García sugiriendo la contratación de Montes «en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas», todas bajo la tutela del Ministerio de Transportes.
El asesor respondió: «Sí. Lo arreglo».
Montes envió su currículum y fotos; días después, el 16 de octubre, Koldo remitió esos datos al presidente de Renfe en ese momento. Posteriormente, el 16 de diciembre, Claudia Montes fue contratada por Logirail, proveedora de servicios logísticos para Renfe Mercancías.
Montes, quien fue Miss Asturias en categoría sénior, enfrentó dificultades en su trabajo, llegando al punto de que se iba a abrir un expediente disciplinario.
Para impedirlo, Ábalos y Koldo intervinieron mediante gestiones.
Al iniciarse las primeras acciones del expediente, José Ángel Méndez, gerente de Logirail en Asturias, fue destituido sin explicación alguna.
Asimismo, Aldama intentó gestionar junto a Koldo la concesión de una licencia como operador de hidrocarburos para Villafuel SL, empresa en la que era accionista y que manejaba su socio Claudio Rivas.
La sentencia relata que esta gestión condujo a una reunión el 28 de diciembre de 2020 en el despacho de Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la ministra de Industria, con la asistencia de Claudio Rivas, Carmen Pano, dos técnicos de Villafuel y Koldo García.
Koldo fue quien efectuó las presentaciones, y en la reunión se explicó a Rivas el procedimiento administrativo y los requisitos para obtener la licencia.
Durante estas gestiones, Víctor de Aldama comprometió la compra de un chalé para uso privado de José Luis Ábalos. Según el Supremo, Ábalos, con ayuda de Koldo, escogió una propiedad en la urbanización gaditana de La Alcaidesa.
En febrero de 2021, Aldama acudió a Koldo para facilitar que varias personas —algunas venezolanas— pudieran evadir las restricciones sanitarias por Covid-19 y viajar por vía aérea a España y desplazarse entre comunidades autónomas.
Estas autorizaciones eran estrictamente limitadas debido a la pandemia y solo concedidas por causas justificadas.
Finalmente, el fallo detalla cómo Aldama consiguió que Koldo, con el conocimiento y consentimiento de José Luis Ábalos, utilizara sus vínculos para que se reuniera con Carlos Moreno.
Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero desde junio de 2018, mantenía con Koldo «una relación administrativa derivada de sus cargos».
El objetivo de Aldama era aplazar una deuda tributaria de su empresa, Pilot Real State SL, pero no pudo presentar la garantía exigida para acceder al aplazamiento.
La reunión se celebró, pero Moreno, sin competencias directas en el asunto, derivó la solicitud al asesor del gabinete ministerial, Ignacio Granados, inspector de Hacienda. No se concedió aplazamiento alguno.
Durante la instrucción y el juicio, Aldama afirmó que Koldo le pidió que entregara 25.000 euros a Moreno como «detalle» por sus gestiones.
No obstante, el Supremo indica que esta afirmación no se ha probado.
«No existe evidencia ni documental ni testimonial que lo confirme», señala la Sala Segunda. De hecho, Pilot Real State SL fue incluida en la lista de morosos de Hacienda en diciembre de 2021.