El ex presidente del Gobierno lo «preveía», pero trasladó a su entorno que le preocupaba «mucho»
José Luis Rodríguez Zapatero está afectado por la imputación de sus hijas. No es un hecho inesperado para él, pero eso no lo hace menos «doloroso». Según fuentes cercanas, este desenlace ya se «anticipaba» y tanto él como su abogado «venían preparándose para esta eventualidad».
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido imputar en el caso Plus Ultra no solo a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, sino también a la secretaria del ex presidente, Gertrudis Alcázar, siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Esta solicitud también había sido realizada previamente por la acusación popular. El auto no especifica los delitos concretos imputados a las hijas y a la secretaria, ni las fechas de sus comparecencias. Sin embargo, en el último mes, el ex presidente había expresado a sus allegados políticos su gran preocupación por la posibilidad de que el juez Calama citase a sus hijas como investigadas.
Desde el entorno del ex presidente se ha señalado otra variable significativa: el temor a que el propietario de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, adopte una táctica legal inspirada, aunque sea remotamente, en la del comisionista Víctor de Aldama. Esto implicaría colaborar con la Justicia y dirigir las acusaciones hacia Zapatero a cambio de mejores condiciones procesales. «Él es el punto vulnerable», comentan en su círculo.
Si Martínez complicara la situación de Zapatero para favorecer la suya propia, entonces el ex presidente se enfrentaría a «un dilema», indicaron desde su entorno hace dos semanas. ¿Cuál? «Decidir entre priorizar a sus hijas o a Sánchez». Según un político muy cercano a Zapatero, en ese caso no tendría dudas: optar por Alba y Laura, imputadas desde ayer en el caso Plus Ultra.
Al imputar a las hijas del ex presidente, el juez responde a la petición realizada el martes por la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba imprescindible tomar declaración a ellas y a la secretaria como investigadas. Aunque el auto no detalla los delitos específicos para estas tres personas, el padre y ex jefe está principalmente investigado por tráfico de influencias y blanqueo.
Calama subraya que Laura y Alba son administradoras formales de Whathefav, una sociedad considerada «instrumental» por los investigadores, creada para recibir los fondos entregados a Zapatero por sus gestiones para lograr que se concediera el rescate de 53 millones a la aerolínea. Esta circunstancia «justifica, por sí sola, la convocatoria de ambas como investigadas».
«La investigación atribuye a esta sociedad un rol instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esta mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras dentro del grupo de personas potencialmente afectadas por la imputación, ya que ostentan la representación legal y la responsabilidad en la dirección jurídica de la entidad».
El magistrado señala que llamarlas a declarar como testigos «les impondría la obligación de decir la verdad y prohibiría que se reservaran información, comprometiendo irremediablemente su derecho a no autoincriminarse y a no confesarse culpables». Por ello, la citación como investigadas «no solo es jurídicamente viable, sino necesaria para proteger sus derechos».
Respecto a la secretaria del ex presidente, Gertrudis Alcázar, el juez señala que las actividades que se le atribuyen en el auto que dictó la imputación de Zapatero respaldan su nueva condición procesal. De acuerdo con los informes de la Udef, la sitúan en un tercer nivel de la red, ejecutando las órdenes del ex presidente, «como un elemento operativo esencial dentro de la estructura organizada», «recibiendo instrucciones directas para construir la apariencia documental de los pagos efectuados y recibidos» por la trama.
En la misma resolución, el juez desestima el resto de diligencias solicitadas por la acusación popular unificada y la defensa de Zapatero.
El ex presidente del Gobierno había pedido al juez que ampliara la solicitud de cooperación a Estados Unidos para incluir información y documentación relacionadas con la incautación del teléfono de un empresario investigado, en el que se encontraron mensajes comprometedores para el ex presidente.
Calama también rechaza solicitudes de la acusación popular, como la de citar como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y a un funcionario de la Sepi que tuvo contacto con la trama. Asimismo, desestima la medida cautelar requerida por esta acusación, que pedía imponer a Plus Ultra una fianza por el importe de la deuda pendiente. El juez aclara que esta investigación no se centra en el procedimiento de concesión de la ayuda pública a Plus Ultra ni, en términos generales, en la regularidad del funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, sino en las conductas concretas que pudieron influir en la otorgación de dicha ayuda en tanto pudieran constituir tráfico de influencias.