Las claves
La Audiencia Nacional ha decidido que los jóvenes implicados en la filtración de datos privados de Pedro Sánchez y otros ministros no cometieron un delito de terrorismo.
El principal sospechoso, identificado como Akkaspace, reconoció que difundió la información como forma de protesta «por la corrupción generalizada» y con fines lucrativos.
Entre los datos divulgados figuraban nombres, DNI, teléfonos y domicilios de políticos, aunque no se incluyó el teléfono personal de Pedro Sánchez.
El caso será tramitado en los Juzgados de Canarias bajo la posible acusación de delito agravado por revelación de secretos.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha descartado que los dos jóvenes investigados por la difusión de datos privados de Pedro Sánchez, como su DNI o su correo electrónico, hayan cometido un delito de terrorismo.
Uno de estos hackers, conocido como Akkaspace, reconoció haber filtrado esta información en Internet como acto de protesta «por la corrupción generalizada».
También hizo pública la información de direcciones y números de teléfono de varios ministros, entre ellos María Jesús Montero (que entonces era ministra de Hacienda), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar Puente (Transportes), Luis Planas (Agricultura), Diana Morant (Ciencia) y Elma Sáiz (Inclusión y Seguridad Social).
Sin embargo, la Sala de lo Penal confirma que Akkaspace no cometió delito de ciberterrorismo, remitiendo la causa a la jurisdicción ordinaria, específicamente a los Juzgados de Canarias, donde residen ambos implicados.
De este modo, el tribunal da validez a los argumentos de la Fiscalía y de Lázaro Chico, abogado del otro investigado, conocido como Pakito.
Esta resolución corrige la postura del juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, quien sí atribuía un delito de terrorismo a estos dos hackers y defendía la continuación de la investigación.
La Sala argumenta que la divulgación de datos personales de dirigentes, motivada por una «clara animadversión» hacia la clase política o como protesta contra una supuesta «corrupción generalizada», no implica automáticamente «una intención de desestabilizar el sistema político o las instituciones del Estado».
Por tanto, será la Justicia de Canarias quien examine los hechos, probablemente bajo la hipótesis de un delito agravado de revelación de secretos.
En una resolución emitida este miércoles y a la cual ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Sala de lo Penal también descarta que los investigados hayan bloqueado el funcionamiento habitual de las altas instituciones del Estado.
Además, el tribunal enfatiza que ambas personas admitieron que su objetivo era obtener dinero en criptomonedas a través de la venta en línea de la información filtrada.
Por ello, la Sala rechaza el delito de terrorismo, aunque reconoce que «al menos en uno de los investigados [Akkaspace] se evidencia un rechazo y animadversión hacia políticos de determinada orientación».
«Incluso, podría inferirse, hacia el sistema político en general, debido a la corrupción generalizada existente», especifica la resolución.
Esta causa judicial comenzó tras la publicación, el 19 de junio de 2025, de un archivo en un canal de la red social Telegram y en el foro especializado Doxbin.
El enlace, titulado PoliticosSpain, contenía nombres, DNI, teléfonos y domicilios de ministros y autoridades del Gobierno.
La investigación policial logró identificar a un joven nacido en 2006 y residente en Agüimes (Las Palmas) detrás del alias Akkaspace.
Poco después, la Justicia también comenzó a investigar a Pakito como presunto propietario del monedero de criptomonedas donde se recibirían los pagos por el acceso a estos datos.
El 20 de junio de 2025, la Policía informó a la Audiencia Nacional sobre una nueva publicación en el foro Doxbin, idéntica a la anterior, llamada Políticos Spain Resubido.
Al día siguiente, el mismo usuario publicó Políticos V2, que incluía datos personales —como nombres completos, DNIs y algunos números telefónicos— de ministros, diputados y figuras públicas, entre ellos Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes.
A diferencia de otros dirigentes, no se divulgó el número de teléfono de Pedro Sánchez, sino únicamente su DNI, una dirección de correo electrónico y una dirección que corresponde al Palacio de la Moncloa, residencia oficial de los presidentes del Gobierno.
Además de miembros del Ejecutivo, la filtración afectó a la eurodiputada Irene Montero, a Pablo Iglesias (exsecretario general de Podemos), a los exdiputados Rafael Mayoral y Pablo Echenique, al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y a varios periodistas con afinidades de izquierda.