Las claves
El Ministerio de Asuntos Exteriores deberá informar al Congreso si ha recurrido a compañías externas para acelerar la gestión de nacionalidades conforme a la ‘ley de nietos’.
Vox ha pedido detalles acerca de estas contrataciones externas, la cantidad de expedientes tramitados y el gasto económico que suponen para el Estado.
La ‘ley de nietos’, incluida en la Ley de Memoria Democrática, ha provocado 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad, colapsando consulados como el de Buenos Aires.
El ritmo de concesión de nacionalidades ha aumentado con la nueva ley, que ha rechazado solamente el 1,32% de las solicitudes resueltas hasta la fecha.
El Ministerio de Asuntos Exteriores deberá explicar al Congreso de los Diputados si está utilizando empresas externas para desbloquear los expedientes de nacionalidad amparados por la conocida como ley de nietos.
El Grupo Parlamentario Vox presentó el pasado 4 de junio un conjunto de 13 preguntas por escrito, al que ha accedido EL ESPAÑOL, solicitando saber si el Gobierno ha contratado refuerzos externos para gestionar las nuevas nacionalidades de personas consideradas descendientes de españoles.
Se requiere también información sobre la empresa que brinda ese apoyo, el número de empleados contratados para estas funciones y el coste total que representa para el erario público.
El Gobierno cuenta ahora con 20 días para responder, plazo que puede extenderse otros 20 si solicita más tiempo.
Dicha posible externalización es consecuencia del colapso que enfrentan varios consulados debido a la avalancha de solicitudes, principalmente en Buenos Aires.
Solo en ese consulado se han acumulado más de 645.000 solicitudes, un volumen que, a la velocidad actual, llevaría más de un siglo procesar, según estimaciones del propio cónsul general en Buenos Aires, José María Ridao.
Por este motivo, el Gobierno, con el propósito de «agilizar» el trámite antes de concluir la legislatura y según lo indicado por el PSOE, recurrirá a un «apoyo externo».
Estas declaraciones corresponden al senador socialista y responsable de PSOE Exterior, César Mogo.
El 26 de mayo pasado, ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, manifestó textualmente que “está próximo a firmarse un apoyo externo, a través de un organismo estatal como Ineco, para acelerar y solucionar los problemas de gestión” y “agilizar las inscripciones de nacionalidad” derivadas de esta ley.
De ahí surge la ofensiva parlamentaria de Vox.
Entre las cuestiones presentadas por el partido de Santiago Abascal se incluyen cuántas solicitudes de nacionalidad se han recibido, cuántas han sido aprobadas y cuántas permanecen sin resolver.
Vox también busca conocer el plazo que se fija el Ejecutivo para finalizar todos los expedientes y qué medidas se han implementado para prevenir posibles fraudes en el proceso.
Aunque la colaboración con Ineco no se ha oficializado aún en el BOE, la externalización ya está en marcha.
En abril pasado, el Ministerio de Justicia adjudicó a la empresa Neoris España SL un contrato por 1,7 millones de euros para fortalecer los sistemas informáticos de nacionalidad y acelerar la tramitación de expedientes.
Además, el Ministerio dirigido por José Manuel Albares firmó un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco, una compañía del Gobierno cubano, para aportar “mano de obra” al consulado de La Habana, que también enfrenta una gran saturación.
2,4 millones de solicitudes
La llamada ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.
Esta norma permite obtener la nacionalidad española a quienes, nacidos fuera de España, son hijos o nietos de españoles originarios que perdieron su nacionalidad debido al exilio por razones políticas, ideológicas, de creencias o de orientación e identidad sexual.
Según los datos de Exteriores, ya hay alrededor de 2,4 millones de personas que han comenzado el procedimiento para obtener la nacionalidad.
¿Significa esto que 2,4 millones recibirán la nacionalidad española? No exactamente. Esa cifra representa solo quienes han manifestado interés por acogerse a la ley: han solicitado cita, se han inscrito en listas o iniciado el proceso de alguna forma.
De esos 2,4 millones, los consulados han recibido físicamente 1,2 millones de expedientes y, de acuerdo con Albares, ya se aprobaron 545.000, con 306.500 inscripciones realizadas en el Registro Civil consular.
Para dimensionar el impacto de la ley de nietos, conviene compararla con su antecesora. La Ley de Memoria Histórica, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, permitió a hijos y nietos del exilio franquista solicitar la nacionalidad.
En poco más de tres años, y manteniendo este ritmo, la ley de Sánchez triplicará y posiblemente cuadruplicará las concesiones logradas por la de Zapatero en más de una década.
Originalmente, la norma de Sánchez estaba dirigida a los represaliados del franquismo. Pero apenas cuatro días después de su entrada en vigor, el Gobierno publicó en el BOE una instrucción que amplió la interpretación de la ley.
En la práctica, el exilio se considera automático. O sea, no es necesario probar una persecución específica, solo ser descendiente de un español originario que abandonara España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Incluso si la salida se debió a motivos exclusivamente económicos.
Este detalle explica en gran medida la disparidad entre las tasas de denegación de ambas leyes: la de Zapatero, más restrictiva, rechazó cerca del 20% de las solicitudes; la nueva solo ha denegado el 1,32% de las resueltas hasta ahora.
¿Por qué se rechazan? Fuentes diplomáticas explican a EL ESPAÑOL que la mayoría de las negativas responden a errores formales, como documentación incompleta o dificultades para acreditar la filiación, más que a motivos sustantivos.
La obligación de demostrar un exilio político real, si en algún momento estuvo en la esencia de la ley, ha quedado descartada con el tiempo.
Nuevos votantes
Una vez adquirida la nacionalidad, el nuevo ciudadano español puede votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas desde el exterior.
En la oposición crece la sospecha de que el Ejecutivo está modificando silenciosamente el censo electoral, preparándose para tener toda la maquinaria lista ante las próximas elecciones generales.
Este miércoles, Alberto Núñez Feijóo denunció en El Hormiguero que el Gobierno está aplicando la ley de nietos de manera «torticera». “¿Qué se oculta tras esto?”, se preguntó.
Santiago Abascal fue más allá que el líder del PP y acusó al Gobierno de aspirar a «modificar el censo electoral para las elecciones de 2027 mediante un proceso masivo de nacionalizaciones».
Además, en todo este proceso, existe cierta opacidad. Tanto el PP como Vox han presentado múltiples preguntas al Gobierno, pero sin recibir respuestas satisfactorias.
El Ejecutivo ha respondido varias veces, tanto al PP como a preguntas anteriores de Vox, que los datos «no están digitalizados» y por ello no pueden ser proporcionados con exactitud.
Sin embargo, esa misma información sí ha sido facilitada a varios medios cuando se solicitó mediante el Portal de Transparencia.
¿Y quién saca rédito electoral de todo esto? Nadie puede contestar con datos, pues no existen encuestas sobre la orientación política de los nuevos nacionalizados.
De manera general, los registros históricos del CERA indican que el voto exterior suele seguir la tendencia interior y, en algunas circunscripciones, puede llegar a ser determinante.
No obstante, en las últimas elecciones esta tendencia ha cambiado. En regiones como Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura el PP ganó claramente en el interior, mientras que el PSOE se impuso entre los residentes en el exterior.